Mauricio Hayek, abogado y exasesor jurídico de la Junta de Compensación de Las Teresitas, se sienta hoy en el banquillo dentro de la pieza separada del juicio penal que arranca en la Audiencia Provincial. La Fiscalía lo acusa de presuntos delitos de apropiación indebida y falsificación de documento público. Pide ocho años de prisión al supuesto "cerebro" de la trama.

A Hayek se le atribuye haber amasado "un gran enriquecimiento", hasta unos 7,5 millones de euros. Sus cuentas fueron bloqueadas por orden judicial en 2008, al sospecharse que los fondos provendrían de una apropiación indebida.

Las investigaciones concluyeron que el abogado habría movido más de diez millones de euros en los paraísos fiscales de Islas Caimán e Irlanda, un año después de la venta. Justo cuando en 2007 saltó a la actualidad el caso Las Teresitas, los movimientos se redujeron a cero, tras retirar de golpe 150.000 euros de cuentas del extranjero. Es propietario de once viviendas repartidas por la Isla y una más en La Gomera, tres almacenes, varios aparcamientos, dos oficinas y dos solares urbanos. Una de las casas vale cerca de medio millón de euros. En 1998 llegó a ingresar seis millones, cifra reducida en 2002 a 2,6.

Del análisis de las cuentas de Hayek se desprendió que cobró de la Junta 3,5 millones, de los que 1,9 no se sabe en concepto de qué. La explicación que da es que era propietario de un coeficiente de 7,3% de terrenos, lo que nunca pudo acreditar.

Los restantes 1,6 millones se corresponden en realidad al cobro de honorarios y no por ser propietario, lo que la policía calificó de "grave error" en cuanto podía ser constitutivo de un supuesto delito de falsedad.

También percibió de la Junta por ser dueño del 30% de las acciones de Mar Terre, un millón de euros y casi 432.000 por ostentar el 1,3% de Playa de Las Teresitas SA. Se calcula que entre 1998 y 2005 percibió de la Junta 5,6 millones. La mayoría a través de cheques de menos de 3.000 euros, lo que facilita eludir los controles de Hacienda.

Hayek ingresó en su cuenta particular 851.000 euros que habían sido consignados para hacer frente a las reclamaciones de la cadena hotelera Sol Meliá, a la que finalmente se le tuvo que pagar esa cantidad más 442.000 euros de intereses. La policía no sólo le atribuye al letrado haberse quedado, presuntamente, con los beneficios generados por el depósito, sino no haber devuelto la cantidad principal.

El abogado también llegó a recibir dinero de los compradores ILT, lo que él atribuye a su participación en la redacción del convenio. Sin embargo, los investigadores creen que cobró a cambio de transmitir las propiedades libres de cargas y ocupantes. Recibió dos millones como representante de ILT y 180.303 de Promotora Punta Larga, propiedad de Plasencia. Sumado todo habría ingresado ocho millones por gestionar la venta de 1998.

Cuando fue detenido en junio de 2008, la policía intervino en su despacho más de 5.000 documentos en los que se podía hacer un seguimiento detallado de la historia de Las Teresitas. Los investigadores calificaron al letrado de auténtico coleccionista de papeles.