La justicia hondureña ratificó hoy la prisión preventiva impuesta en mayo a cinco presuntos implicados en el asesinato, el 3 de marzo, de la defensora de derechos humanos y ambientalista Berta Cáceres.

La víctima, que era coordinadora general del Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), había denunciado varias veces amenazas de muerte, contra ella y miembros de su familia, por su oposición a la construcción de hidroeléctricas en territorios indígenas.

El Poder Judicial hondureño indicó en su cuenta de Twitter que la Corte de Apelaciones Penal desestimó los recursos de apelación presentados por la defensa de los acusados y ratificó el auto de procesamiento contra ellos.

Se trata de Douglas Bustillo; Mariano Díaz Chávez, mayor del Ejército hondureño; Sergio Rodríguez, empleado de una empresa que impulsa un proyecto hidroeléctrico al que se oponía Cáceres; Edilson Duarte, capitán retirado, y su hermano gemelo Emerson, a quien le decomisaron un arma con la que Cáceres pudo ser asesinada.

Los cinco también son sospechosos de la tentativa de asesinato contra el activista mexicano Gustavo Castro, director de la asociación Otros Mundos Chiapas y único testigo del crimen, dijo a periodistas el portavoz del Supremo hondureño, Melvin Duarte.

Berta Cáceres, que tenía medidas de protección ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fue asesinada el pasado 3 de marzo en su casa de la ciudad de La Esperanza, en el oeste de Honduras.

El expediente relacionado con el crimen de la ambientalista fue sustraído el 28 de septiembre durante un asalto en Tegucigalpa a la magistrada de la Corte de Apelaciones María Luisa Ramos para robarle su automóvil.

Sin embargo, las autoridades judiciales han asegurado que el caso no sufrirá ningún atraso porque había una copia del documento, que contiene las pruebas que supuestamente involucran a los presuntos autores materiales e intelectuales del crimen.