En una segunda sesión plenaria con muchas ausencias de consejeros y tampoco excesivo número de diputados en muchos tramos, el Parlamento regional escuchó ayer a una vicepresidenta totalmente convencida de que hay que luchar contra la explotación laboral no solo de palabra, sino con hechos. Más allá de qué ocurra con el pacto, que todo apunta a que seguirá, y trascendiendo la suavidad con la que algunos cuadros medios del Ejecutivo aludían estos días al plan para inspeccionar empresas con trabajo ilegal u horas laborales que no se pagan, Patricia Hernández dejó ayer muy claro que habrá sanciones a aquellos empresarios que incumplan la ley y sean detectados con este programa.

La también consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda avisó, sobre todo, a los empresarios que hagan un uso fraudulento de los contratos. "El que no se ha escondido tiempo ha tenido", advirtió antes de denunciar el "abuso" de las contrataciones a tiempo parcial, que, si bien matizó que son legales, en muchas ocasiones se utilizan "de forma inadecuada". De hecho, la UE acaba de censurar su concatenación y ha solicitado que se igualen las indemnizaciones por despido.

A petición de NC, Hernández compareció para defender el plan contra la explotación laboral que ha elaborado el Gobierno regional y que pone en marcha este mismo mes, con 30 inspectores que realizarán unas 1.300 inspecciones durante un mes en empresas de las Islas muy seleccionadas y estudiadas de antemano.

La vicepresidenta subrayó que se perseguirán las horas no remuneradas y el insuficiente número de medidas que garanticen la salud en el trabajo, con especial atención en el personal de la hostelería. También defendió las cláusulas sociales que el Gobierno regional aprobó recientemente para premiar a las compañías que aspiran a contratos públicos en Canarias, de forma que se fomente un trabajo alejado de la precariedad. Según dijo, encima se produce una discriminación clara hacia la mujer, ya que, según la EPA, el 60% de las horas extra que no se pagan o dos de cada tres contratos parciales afectan a este sector.

Hernández fue muy clara y, ante las dudas sobre la arbitrariedad, remarcó que los inspectores saben a dónde deben ir por la labor previa realizada desde Inspección de Trabajo. Además, confió en que las consecuencias del plan tengan continuidad y no se limite a este mes y a los 32 inspectores incorporados dados los perjuicios de la reforma laboral del PP.

Luis Campos (NC) censuró la "competencia indebida" que supone la explotación laboral, aunque lamentó que el plan se haya retrasado un año. Además, censuró también la reforma laboral de los conservadores por haber "roto todos los equilibrios".

Dávila reitera que no bajará los impuestos hasta 2018

El diputado del PP Jorge Rodríguez volvió a plantear ayer que Canarias rebaje su carga impositiva para reactivar el consumo y la actividad económica y criticó la inacción en este ámbito por parte del Gobierno regional. En una interpelación a la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, Rodríguez afirmó que la tributación en las Islas es muy elevada, que hay margen para la reducción desde hace tiempo y que el PP presentará una moción para reducir impuestos a personas físicas y empresas.

Dávila, por su parte, insistió en que no existe margen para la reducción de impuestos (sobre todo a las capas más bajas) hasta 2018 por la incertidumbre nacional, por la falta de un techo de gasto fijado y por la necesidad de mantener la prudencia. Además, criticó al PP por volver a olvidar a Canarias con la reducción de impuestos (hasta el 4%) a empresas beneficiarias de la zona ZEC, al tiempo que recordó que la rebaja del 99% del impuesto de sucesiones formaba parte del programa de CC, "con lo que no es una propuesta de los populares", y recalcó que la carga impositiva en las Islas es menor que la de regiones menos avanzadas, como Extremadura.

Como ha recalcado hasta ahora, Dávila avisa de que rebajar impuestos ahora supondría un riesgo para los servicios básicos y que la política fiscal aplicada en Canarias ha permitido que el presupuesto de 2016 tenga el mayor gasto social de la historia de la democracia, "con 8 de cada 10 euros a estos departamentos" y aplicando una redistribución equilibrada atendiendo a criterios sociales.

Pensión no contributiva igual al salario mínimo

La Cámara aprobó ayer una proposición no de ley (PNL) de CC que insta al Gobierno del Estado a adoptar las medidas necesarias para aumentar las pensiones no contributivas hasta lograr una confluencia progresiva con el salario mínimo, cifrado en 655,20 euros, lo que representa un salario mínimo anual de 9.172,80 euros en 14 pagas. Se trata de una iniciativa promovida en Madrid por Ana Oramas por el elevado número de pensionistas de este grupo en las Islas, principalmente mujeres. De hecho, la diputada Socorro Beato (CC) subrayó ayer que hay el doble que en la Península. La iniciativa contó con el apoyo del resto de fuerzas, si bien Podemos instó a la Comunidad a mejorar también estas pensiones.

Rechazo a un plan para los discapacitados

Entre las iniciativas rechazadas por los socios de gobierno (CC y PSOE) destacó la del plan estratégico para los discapacitados presentada por Podemos, que sí contó con el apoyo del resto de la oposición. La propuesta fue presentada por la diputada Concepción Arnáiz ante el retraso de ley de Servicios Sociales, pero el Gobierno recordó que hace un año se aprobó una similar del PSOE que aún tiene valor, pues admiten que no se ha cumplido. El último plan caducó en 2010. Podemos teme que la ley social se retrase, incluso, al final de la legislatura, aunque comenzará a debatirse en breve en la Cámara, según la vicepresidenta. Arnáiz subraya que se trata de una población que alcanza el 8% y que "merece una política diligente" ante sus dificultades para acceder a los servicios públicos y el empleo.

No a una red de atención temprana para niños

El Gobierno también rechazó una PNL del PP que instaba al Gobierno canario a crear urgentemente una red de atención temprana para dar respuesta a los más de 9.000 niños con trastornos en su desarrollo con riesgo de padecerlos. También se pedía un programa con un calendario de propuestas y un equipo de trabajo que pueda atender a una población infantil que, según el PP, es "invisible". El PSOE indicó que compartía la necesidad de fortalecer las acciones en atención temprana, pero recordó que en la provincia de Las Palmas, por ejemplo, ya hay trece servicios de este tipo, tanto públicos como financiados por el Gobierno. A su vez, no se respaldó una PNL de NC que solicitaba una comisión destinada a evaluar los costes derivados del ejercicio de las nuevas competencias atribuidas a los cabildos en aplicación de Ley de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales.