"A día de hoy no existe proyecto de ampliación de la Línea 2 del tranvía al Suroeste con registro de entrada en este ayuntamiento. Hay seis alternativas y seguimos a la espera de la resolución del estudio del Cabildo". Así se manifestó ayer en la Comisión de Control el concejal de Servicios Públicos de Santa Cruz, Dámaso Arteaga, ante preguntas de la oposición.

Tanto Arteaga como Zaida González (PP) se posicionaron con un rotundo "sí" al tranvía y a la inversión de 37 millones de euros prevista. En el caso de los populares parecen decantarse por Las Hespérides y no por Los Majuelos para no afectar al tejido comercial. Arteaga fue más reservado aunque recordó que "el corredor de transportes del PGO está trazado por Las Hespérides pero puede modificarse". Recordó las declaraciones del alcalde Bermúdez, que se ha decantado por esta última ruta. Dijo que "esta es la fotografía de hoy porque mañana puede ser otra". Reconoció que "se están haciendo estudios y mediciones en la zona" y evaluó que "de 277 comercios en la avenida de los Majuelos, 88 están cerrados".

Pedro Arcila acusó al gobierno de "actuar en base a la presión social y luego hacer otra cosa. No hay una definición clara de la apuesta de CC y PP".

Zaida González rechazó que el PP tenga dos posiciones, una en el Cabildo y otra en el ayuntamiento, y acusó de eso precisamente al PSOE. Lanzó una frase a la oposición: "¿Qué sabrán ustedes lo que estamos haciendo desde abril sobre este asunto con el Cabildo?" "La última palabra corresponde al ayuntamiento", valoró la socialista Elena Mateo.

González, también concejala de Seguridad, adelantó que "tras desbloquear el proceso con el Gobierno de Canarias las 22 personas que han superado las pruebas de acceso a la Policía Local podrán comenzar la próxima semana, el 19, su formación de seis meses en la Academia Canaria de Seguridad antes de su incorporación definitiva al cuerpo.

González añadió: "Trabajamos para seguir mejorando la dotación humana y material de la Policía Local, con nuevas convocatorias de plazas que se han activado después de nueve años".

A estas plazas se unirán otras 20 más que se convocarán antes de final de año. Explicó que, de prosperar los planteamientos de la Federación Española de Municipios y Provincias respecto a la jubilación de los agentes a los 60 años, la oferta de empleo podrá prever esta circunstancia a efectos de ampliar las plazas.

Desde la oposición se le cuestionó por la situación con los sindicatos que han pedido su dimisión. Señaló que espera que retornen a la Mesa de Negociación. Negó que haya sancionado a ningún policía desde su llegada al cargo ni cambios en turnos, "que los trabajadores conocen de sobra".

Otra de las comparecencias de ayer fue la del concejal de Obras e Infraestructuras para responder a Pedro Arcila (Sí se Puede) que establece en 26 millones de euros las obras pendientes por Gestur, antes PROSA en el Suroeste, entre ellas "el gran parque de Barranco Grande por 3,6 millones".

Díaz-Estébanez consideró "desproporcionada" esa cantidad y solo considera "exigible" la que refleja el convenio de 1,3 millones.

De "defensa de la corrupción" a los huertos

Durante veinte minutos, los taxistas protestaron ruidosamente por fuera de la Casa de los Dragos, pero la presidenta ayer, Marisa Zamora, siguió adelante con la sesión. "Dobló papel" al ser también compareciente en la moción sobre el coste de la supuesta defensa por los Servicios Jurídicos municipales de "acusados de corrupción". Insistió en que solo ha habido dos casos, el que fuera secretario José Eugenio de Zárate, y el del funcionario Víctor Reyes en el momento procesal de "investigados" por un breve plazo y a coste cero porque "da igual un juicio que 40 ya que cobran su sueldo mensual". Le pidieron un certificado, a lo que se comprometió, así como a estudiar una posible instrucción para "no defender la corrupción". Acabó con autocrítica sobre las contestaciones pendientes, apeló en este sentido a la responsabilidad de los concejales del gobierno y señaló que hará llegar una carta a cada uno para recordarles sus tareas. Carlos Correa, concejal de Medio Ambiente, protagonizó otra parte de la comisión. Anunció que hay intención de mantener una red de huertos urbanos aunque la gestión en el de El Sobradillo "ha sido un fracaso". Adelantó que ya hay un estudio de posibles parcelas y un manual para reglamentar los huertos y estimó clave la figura de un coordinador para la gestión. Advirtió que "no pretendemos privatizar sino que lo saquen adelante entidades no solo vecinales, aunque hay que contar con la gente de la zona". Y, añadió, con "otra idea en el perfil de personas en dificultades. Sería un punto de encuentro". Difirió con Asun Frías sobre la demanda. Tuvo un desencuentro con Elena Mateo (PSOE) sobre supuestas pastillas de veneno en el parque de La Granja que son "fertilizantes y portacebos para roedores". Respecto al azufre para evitar el orín de los perros apeló a la colaboración ciudadana y la concienciación en una práctica "antigua".