La historia de Rosa María Rodríguez es dura y pone rostro a las consecuencias de una tremenda crisis económica. En 2013, esta madre de dos niñas, Zhaira, de seis años, y Oriana, de 18 meses, ocupó junto a su pareja, Francisco José, una casa terrera de la hilera de cinco viviendas que dan a la calle Alcalde Mandillo Tejera, frente a Los Gladiolos. La constructora y dueña de los inmuebles ha ejercido su derecho en una doble judicial: llevarla a los tribunales por usurpación y reclamarle 13.000 euros en concepto de alquiler por todos estos meses. El primer juicio supondrá la cuenta atrás para el lanzamiento porque, asegura rotunda, "no quiero que mis niñas vean a la policía aquí para sacarnos". Ya tiene fecha: el martes 18 de octubre.
Rosa María repasa algo nerviosa la "tonga" de papeles que resumen su caso en presencia de la pequeña Oriana y de su suegra, Rosalía, durante los últimos 37 años vecina del cercano Los Gladiolos que afirma: "No vivo desde que pasa esto porque como todos tienen derecho a una vivienda digna". Explica que "mucha gente no alquila a quien tiene problemas sociales por miedo de que a los seis meses, cuando se acabe la ayuda, no les pueda pagar. Pero hay casas vacías y cerca de aquí".
La protagonista de esta historia, una mujer joven, explica: "Llevaba años en paro hasta que precisamente el 8 de septiembre empecé a trabajar una hora diaria en un comedor, de lunes a jueves. Cobro 158 euros. Mi pareja desde hace 12 años también ha estado parado hasta que el 20 de septiembre entró en el convenio para desempleados".
Francisco y Rosa accedieron hace tres años a esta casa del número 9 de Alcalde Mandillo Tejera. Fue en agosto de 2013, porque no teníamos a donde ir. Llevaba mucho tiempo cerrada y tapiada y ahora, aunque no está en las mejores condiciones, la hemos arreglado y estoy empadronada aquí. Mis padres, con los que vivía antes, cayeron enfermos y tienen que cuidar de otra hermana mía. Y mi suegra lo mismo: con sus 600 euros tiene que mantener a su hija, que está parada. Antes vivíamos cada uno en su casa, separados, y así tuvimos a nuestra primera hija. Ya cuando llegó la segunda nos decidimos a hacer esto".
Rosa sabe que "no es legal que esté aquí" y que el próximo día 18 se iniciará un proceso que, "si no cambian las cosas, me dejará en la calle". Lo único que pide "es que me ayuden con un alquiler, pero no que me den para seis meses. ¿Y luego qué hago? A la calle otra vez, no me quedaría otra".
Tiene un reproche dirigido a la constructora y dueña del edificio: "La semana pasada se fue una de las vecinas, la de la casa del al lado. Entregó las llaves a las doce y a las dos y media estaban picando sin compasión, con un ruido terrible y nosotros dentro. Mi hija pregunta todo el día por eso y me parece que no son formas".
Dos son las citas con la justicia que tiene Rosa los próximos días: "El 18 es por la usurpación y el 27 -se suspendió el 24 de junio, - porque me piden 13.000 euros, 500 por cada mes de un supuesto alquiler. Por haber ocupado la casa me pidieron 1.000 euros, lo rebajaron a 600 y al final me lo perdonaron. Pero no tengo ni por asomo esos 13.000. La cosa está clara".
Lo que también tiene muy claro Rosa es que "no voy a dejar que me desalojen a la fuerza. Cada vez que tocan a la puerta Oriana se pone a llorar y pregunta qué pasa. Está un poco obsesionada. Antes me voy debajo de un puente".
"IMAS, Viviendas y Empleo ya trabajan en este caso"
Fuentes municipales manifestaron conocer el caso de esta persona "y trabajamos en él desde tres áreas: IMAS, Viviendas y Sociedad de Desarrollo, en el área de Empleo". Añadieron que "es solicitante de una vivienda desde 2015 y hay un informe del IMAS que valora su extrema necesidad. Pero hay 6.000 solo en Santa Cruz. En agosto reiteramos la urgencia con otro informe para que la Comisión Técnica del Gobierno de Canarias, formada por funcionarios, no por políticos, la incluyera en una posible segunda adjudicación. Ha llegado octubre y no ha habido aún respuesta". Explican las fuentes que "el propietario, en todo su derecho, la ha denunciado y se producirá un lanzamiento". Señalan desde el ayuntamiento que "en la UTS de zona llevan poco tiempo con ella porque no lo había pedido. Se le ha buscado un abogado de oficio y se le ha orientado para solicitar una ayuda básica, a través del sistema de PEAS. Por último, su pareja ha sido contratado dentro del convenio con el Servicio Canario de Empleo (SCE)".