Los vecinos de Bajo la Cuesta no encuentran alojamientos alternativos suficientes ante el próximo desalojo forzoso del que serán objeto si no abandonan antes del día 27 sus viviendas. Además de que "las inmobiliarias no quieren trabajar con el Ayuntamiento de Candelaria tras su experiencia con Cho Vito", tampoco los afectados reciben la ayuda social que precisan del consistorio. "Les quieren dar 300 euros al mes para que se paguen el alquiler". Lo asegura el abogado de este colectivo, José Ortega, para quien "la ecuación desalojo más ayuda social que les quieren aplicar a esta gente es igual a dormir en la calle".

A las 10:00 horas de hoy comenzará una manifestación convocada por la población de Bajo la Cuesta. Partirá del entorno de la Casa Consistorial y continuará por la calle Obispo Pérez Cáceres (o de La Arena) hasta la Plaza de la Patrona de Canarias, donde será leído un manifiesto.

Protestan contra el desalojo del que serán objeto si la jueza no admite la petición de suspensión cautelar de la medida solicitada por José Ortega, para quien "la alcaldesa de Candelaria, María Concepción Brito, está haciendo teatro". Afirmación que sustenta en que la tramitación de este expediente incurre en numerosos errores, permite a la instructora del mismo una actuación que excede lo regulado por la norma para tal figura y tolera la ocultación de documentos incumpliendo la ley, al parecer, según aseguró el letrado.

Ortega afirmó que presentó otras dos denuncias contra la alcaldesa por los presuntos delitos de estafa procesal y de prevaricación. El primero, consistente en la aportación de pruebas cuya finalidad es engañar al juez, algo que el letrado entiende que hizo la regidora "cuando no remitió al juzgado todos los antecedentes administrativos del caso, limitándose, intencionadamente, a enviar únicamente lo relativo al desalojo. Por ello, el juez no pudo saber exactamente lo que estaba ocurriendo".

Respecto al supuesto delito de prevaricación, aseguró que incumplió la preceptiva solicitud del consentimiento voluntario de los interesados antes de la medida ejecutiva de entrada en domicilio. "Si lo hubiera hecho, quizá se hubiera resuelto porque los vecinos de Bajo la Cuesta no se niegan a irse, sino que piden garantías previas para abandonar sus casas", explicó.

A las 18:00 horas del martes, está previsto que la alcaldesa y la población de Bajo la Cuesta mantengan un encuentro.