El Gobierno ha vetado la tramitación parlamentaria de diez proposiciones de ley presentadas por los grupos políticos y por asambleas de las comunidades autónomas en aplicación de su prerrogativa constitucional de rechazar aquellas iniciativas que afectan a los ingresos o gastos presupuestarios.

Así lo han confirmado a EFE fuentes del Ejecutivo que han explicado que entre las proposiciones de ley rechazadas figuran la relativa a la suspensión de la LOMCE, la de supresión de las tasas judiciales, o la que pedía que los inmigrantes tuvieran pleno acceso a la sanidad pública sea cual sea su situación legal en España.

De ponerse en marcha la legislatura, esta situación podría repetirse ya que el PP no cuenta con una mayoría holgada en el Congreso y, de este modo, puede paralizar la tramitación de iniciativas de la oposición, al igual que ésta puede rechazar o enmendar las presentadas por el Ejecutivo.

De las diez iniciativas vetadas, cinco habían sido presentadas por el PSOE y una por Ciudadanos, y las otras cuatro por los parlamentos del País Vasco, Galicia, Baleares y la Región de Murcia.

El artículo 134.6 de la Constitución y el 126.2 del Reglamento del Congreso faculta al Gobierno a oponerse a la tramitación de las proposiciones de ley si entiende que suponen un aumento de los gastos o una disminución de los ingresos presupuestarios.

El Ejecutivo tiene un plazo de un mes para pronunciarse, periodo que expiraba el pasado viernes con otras treinta proposiciones de ley que sí pasaron el filtro de Moncloa y que continuarán con normalidad su tramitación parlamentaria.

Fuentes del Gobierno han asegurado a EFE que según sus cálculos las diez proposiciones de ley rechazadas tendrían un impacto de 5.000 millones de euros, además de una cantidad no estimada de forma indirecta.

Aseguran que estas medidas tendrían un impacto negativo en la senda de consolidación fiscal que España remitió a la UE el pasado sábado, precisamente un día después de rechazar estas iniciativas en un escrito remitido al Congreso.

Las fuentes han remarcado que el Gobierno no ha entrado en el fondo de la iniciativas y que su veto no responde a una cuestión de discrepancia política, sino de aplicación estricta de su facultad para rechazar aquellas que tienen impacto presupuestario.

Según los datos del Ejecutivo, hay 115 casos precedentes de proposiciones de ley cuya tramitación ha sido vetada por el Gobierno.

Todos esos precedentes se produjeron con Gobiernos del PSOE, la mayoría de ellos -93- en los tres últimos años de mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.

En todos esos casos, la Mesa del Congreso recibió el escrito del Gobierno y dio por decaída la iniciativa aunque, en esta ocasión, en la que el PP no cuenta con mayoría en este órgano, podría oponerse a la decisión del Gobierno.

Ello provocaría un nuevo conflicto de atribuciones entre el poder legislativo y el ejecutivo, al igual que el que ya hay abierto por la falta de control al Gobierno en funciones.

Además de la paralización de la LOMCE, el Gobierno ha vetado proposiciones de ley sobre fomento del autoconsumo eléctrico, de modificación del estatuto de los trabajadores o sobre pobreza energética.

En cuanto a las iniciativas autonómicas, ha rechazado la de creación de un fondo de compensación a las víctimas del amianto, del País Vasco; la transferencia a Galicia de la autopista AP-9; una iniciativa sobre generación de energías renovables, de Murcia, y otra de apoyo a los emprendedores, de Baleares.