Gregorio Sánchez, uno de los socios de la sociedad Estatecnic, que compró La Nao en el Puerto de Tazacorte, declaró en calidad de investigado ante el magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Los Llanos de Aridane, Albano Padrón, dejando claro que en la operación de compraventa de la finca participaron Pablo Acosta, en nombre de la empresa adquirente, y Rosendo Luis Cáceres, como apoderado del vendedor, y que una parte del dinero del traspaso fue a parar a manos de Julián Cabrera.
El Tribunal Supremo ya sentenció que respecto a este suelo hubo "desvío de poder" para urbanizarlo, con el fin de beneficiar a un particular, por parte del arquitecto municipal (Rosendo Luis Brito), con su padre (Rosendo Luis Cáceres) como intermediario. Ahora se juzga un delito de estafa agravada contra el empresario vasco César Gil. El caso ha estado paralizado años, hasta que el juez Albano Padrón decidió reactivarlo.
Gregorio Sánchez declaró ante el magistrado que Pablo Acosta, hermano de la exalcaldesa de Tazacorte y actual directora general de Asuntos Sociales, Carmen Acosta, desvinculada de cualquier relación con esta operación al llegar al cargo años después de producirse, "siempre nos hablaba de las bellezas de La Palma", lo que hizo que un día decidiera desplazarse a la Isla. "Mi idea era vivir en La Palma mitad de año y hasta llegamos a comprar una casa", advirtió. Sin embargo, "Pablo Acosta (al que le unía una relación profesional) me enseñó unos solares por si me interesaban. En las Monjas, Las Hoyas y Puerto de Naos". Fue en 2005.
Meses más tarde, su empresa, Estatecnic, "decidió invertir en la Isla" y el encargado de ver los terrenos "fue Pablo Acosta", que se llevó "el 2%" de toda la operación. Se decidieron por el suelo de La Nao, aunque en lugar de hablar con el propietario de la finca, Javier Carrillo, "todo se hizo con su administrador", Rosendo Luis Cáceres. Gregorio Sánchez afirmó incluso ante el juez: "No sé quién es el señor Javier Carrillo. Le compré la finca hace diez años, pero no lo he visto nunca". Tampoco tuvo relación "con el alcalde", Ángel Pablo Rodríguez, investigado en esta causa, ni con Rosendo Luis Brito, "que no nos atendió nunca".
El investigado aportó además un dato. Por la finca pagó 2,2 millones, antes de la recalificación del suelo anulada por el Supremo apenas costaba 400.000 euros, pero una parte del dinero de la compra, 600.000 euros, "los aplazamos". Ese dinero no fue para Rosendo Luis Cáceres ni para Javier Carrillo. "Rosendo nos dijo que ese resto en lugar de pagárselo al señor Carrillo se lo pagáramos a un tal Julián Cabrera. No sabemos la razón, pero a nosotros nos daba igual pagarle a uno que a otro". Julián Cabrera es otro empresario conocido por su actividad agrícola, además de ser padre de Julio Cabrera, exconsejero de Turismo y también desvinculado de este caso.
El abogado de César Gil, Santiago Milans, al que Gregorio Sánchez optó por no responder a sus preguntas, aclaró que Julián Cabrera era el propietario de la finca en El Remo que compraron Rosendo Luis Cáceres y Javier Carrillo con la venta de La Nao, sin intervenir en ninguna otra operación de este complejo pleito.
El investigado señaló que no conocía personalmente a César Gil, aunque "no quería que compráramos nada. Quería comprar toda La Palma él solo y cuando nosotros comenzamos a comprar, nos declaró la guerra". Además, hizo hincapié en que "el Supremo (tras la sentencia que anula la declaración del suelo como urbanizable) nos dejó sin nada". Posteriormente fue más exacto: "Aquello es una explotación de plátanos, para pagar el préstamo" solicitado para la compra de la finca.