A las 18:00 horas de hoy están citados los vecinos de Bajo la Cuesta y la alcaldesa a un encuentro que tiene por objetivo "concretar todos los detalles" del desalojo forzoso que se producirá después del jueves, 27. "Se están tramitando las ayudas de emergencia para aquellos que tienen su única vivienda allí", que serán los beneficiarios de esa medida, según manifestó María Concepción Brito.

La ayuda a la que alude tiene como finalidad el pago del alquiler de un alojamiento alternativo "para aquellos que tienen su única vivienda en Bajo la Cuesta", incidió la alcaldesa. "Garantizamos que tendrán sufragado el alquiler mientras dure el desalojo a todas esas personas que, insisto, tengan allí su única vivienda", para lo que el gobierno municipal ha instado a los vecinos que se encuentren en esa circunstancia a acudir a Servicios Sociales.

De momento, son 32 personas pertenecientes a 15 familias las que han presentado la documentación preceptiva que está siendo analizada por los técnicos municipales, si bien María Concepción Brito reiteró el llamamiento a otros posibles beneficiarios.

Tras la manifestación celebrada el domingo, la población de Bajo la Cuesta insiste en que no se niega a abandonar sus casas siempre que se garantice la integridad de las mismas, su retorno a ellas y el alquiler del alojamiento alternativo. De momento, esperan el compromiso firme y por escrito de la Alcaldía tras la reunión que celebrarán esta tarde.

Bajo la Cuesta es un barrio formado por 55 viviendas con una población superior a los 150 habitantes. Si bien varias de las cuevas-casas son la segunda residencia de sus titulares, "se da la circunstancia de que o están habitadas por ellos o por hijos u otros familiares desde el inicio de la crisis económica".

María Concepción Brito afirmó que "hace 40 años" no había vecinos en Bajo la Cuesta, explicando que comenzó a poblarse hace tres décadas. Entre los vecinos hay testimonios que no solo sitúan a algunos de los residentes actuales en este lugar hace 40 años, sino que "ya entonces había varias familias viviendo aquí".

La alcaldesa defendió que el desalojo de la población forma parte de su responsabilidad como garante de la integridad de las personas ante los informes técnicos que avalan la existencia de peligro de desprendimiento del talud. Los afectados le recordaron, en el manifiesto leído el domingo, que "desde la ocupación de la zona en los años 70, el único incidente conocido fue la caída de una piedra que impactó contra un coche y nada más".