Los condicionantes que impone el deslinde de Costas en los terrenos de Las Teresitas adquiridos por el Ayuntamiento de Santa Cruz suponían que se reducían a la mitad las posibilidades edificatorias. Así, se pasaría de 162.700 metros cuadrados de edificabilidad a alrededor de 80.000. Durante la vista del juicio que tuvo lugar ayer los peritos discreparon sobre los efectos de esta delimitación: para la exarquitecta municipal Pía Oramas y para los técnicos designados por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Vicente Hernández y Alberto Núñez, tienen una incidencia directa en cinco de las once parcelas compradas.

Sin embargo, para los peritos de las defensas la delimitación del organismo estatal carece de efecto alguno. Gerardo Roger, arquitecto y profesor de Urbanismo del Instituto Pascual Madoz, dijo que no se ven afectados los derechos edificatorios porque es posible reubicarlos o si no, proceder a su indemnización. Discrepó la fiscal, María Farnés Martínez, en cuanto que el deslinde se fija por mandato constitucional, no por decisión administrativa.

El profesor de Arquitectura de la Universidad de Barcelona Jordi Duatis dijo que como mucho se reubicarían los aprovechamientos. El urbanista Javier Domínguez Anadón fue más allá y recordó que de 1992 a 2007, Costas fijó la línea por el muro de la playa, con lo cual estas parcelas quedaron fuera del dominio público. Calificó de "inocuo" el deslinde y dijo que como mucho quedaría afectado un 6% del aprovechamiento. Acusó al Estado de "absoluta dejadez" para defender la delimitación y contabilizó hasta nueve intentos del ayuntamiento para que se le otorgara la concesión de estos 30.000 metros cuadrados, un tercio de lo comprado en 2001.

En sentido contrario se pronunció Oramas, quien calificó de "inedificables" esas parcelas y negó la posibilidad de derechos indemnizatorios o traspaso de aprovechamientos privados. Ratificó que estos terrenos siempre fueron propiedad de Costas porque el ayuntamiento no cumplió con las condiciones para que fueran suyos tras ejecutar las obras de la playa artificial. Oramas sí se personó en su momento en la oficina de Costas y allí pudo confirmar el trazado del deslinde y sus efectos, que no aparecieron nunca recogidos en ninguna versión del plan parcial. Los peritos del TSJC coincidieron en esto y aseguraron que el organismo estatal defendió su propiedad por medio de alegaciones y que los actuales aparcamientos y acceso a la playa son distintos a los del plan original.

De nuevo se planteó el recurrente debate sobre si el plan de urbanización está aprobado definitivamente. Así lo defienden los peritos de las defensas. Sin embargo, la fiscal mantiene lo contrario. Durante el tramo final de la vista se pusieron sobre la mesa fechas, plazos, documentos, actos administrativos y decretos en los que se demostraría un extremo o el contrario. Los peritos de la defensa alegan que si en tres meses el ayuntamiento no se pronunciaba se daba por aprobado el planeamiento por silencio administrativo, lo que ocurrió en 1989.

El Ministerio Público dijo que se incumplieron plazos y que en 2000 un decreto de la Alcaldía decía que aún no había recibido el visto bueno definitivo.

Las previsiones de crecimiento poblacional para el pueblo de San Andrés, en caso de que finalmente se ejecuten las cuatrocientas viviendas de la urbanización de Las Huertas, implicarán que este núcleo urbano sumará 12.000 habitantes, de los que 3.000 son los actuales y el resto nuevos residentes. Esta cifra, según la exarquitecta municipal Pía Oramas, es superior al padrón del 60% de los municipios canarios. De ahí la necesidad de contar con los servicios necesarios para atender a este volumen de población en cuanto a alcantarillado, alumbrado, acceso rodado, aceras o poder disponer de una Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR). La técnica no tiene dudas de que la Junta de Compensación estaba obligada a ceder el 10% de aprovechamientos a la Corporación local, dado que el suelo es urbano no consolidado, tal y como aparece en el propio Plan General actual y en el anterior. Según la versión de la arquitecta, no se cumplió con las cesiones obligatorias para dotaciones públicas, lo que supuso otra dejadez por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz. La alternativa hubiese sido una compensación económica, pero tampoco ocurrió así. Indicó Oramas que habría sido imposible otorgar licencias y, por lo tanto, llevar a cabo la construcción de hoteles en el frente hasta que no se culminase el proyecto de urbanización. Los peritos de la defensa defienden que no era obligatorio llevar a cabo el 10% de las cesiones porque el suelo era urbano consolidado en régimen transitorio e, incluso, se puede hablar de solares y no de parcelas. Alguno de los técnicos de los equipos de las defensas consideró que en la actualidad existen obras de urbanización suficientes en todo el plan parcial. O que en todo caso estas se podían llevar a cabo con facilidad y en un corto espacio de tiempo.