Durante años, las excavadoras sacaron de las entrañas de Güímar toneladas de áridos que se destinaron a edificar en toda la Isla en los años del "boom" del ladrillo. Las explotaciones contaban con licencias mineras y se realizaron durante décadas a la vista de todo el mundo. Incluso algunas de las propias administraciones compraron áridos, por ejemplo el ayuntamiento. Pese a que la dimensión del daño que se estaba causando al medio ambiente era evidente, incluso para alguien aquejado de problemas de visión, los lamentos sólo empezaron cuando llegó la gran crisis económica y de la construcción. A toro pasado y cuando ya el daño estaba hecho.

Una sentencia judicial condenó a los areneros a la reposición de los daños causados en el barranco con unos doscientos millones de euros. Esto se conecta con que el Cabildo de Tenerife presentó al Parlamento de Canarias un proyecto de Ley sobre la Ordenación de los Barrancos de Güímar. Un texto en tramitación que declarará la caducidad de las explotaciones mineras que hubieran incumplidos las obligaciones impuestas. Y esto es importante: "en particular, las que no hubieran ejecutado los planes de restauración y rehabilitación, sin perjuicio de que las autoridades competentes exijan las responsabilidades en que incurrieran por esos incumplimientos".

Esto es: lo que se pretende es que el Parlamento prohíba la extracción de áridos, declarando extinguidos, por no haber cumplido con la restauración del paisaje, todos los permisos otorgados para realizar extracciones en Güímar. Y todo eso, "sin perjuicio" de lo que tengan que pagar los areneros condenados. Al mismo tiempo, se contempla realizar un plan de restauración de la zona, que pasaría a ser un suelo rústico de protección ambiental.

El último runrún de las negociaciones del pacto de Gobierno entre los dos partidos enzarzados en una interminable ronda eterna de desavenencias y reconciliaciones asegura malévolamente que los acuerdos no marchan. Están atascados, dicen, porque los dirigentes de Coalición Canaria están intentando meter de rondón en el pacto unos trescientos millones para indemnizar la extinción de las concesiones, lo cual que vendría como agua de mayo a los areneros condenados, que ingresarían con una mano lo que pagarían con la otra. Una "conexión" entre la condena a los areneros y el dinero para el plan. Agüíta.

Los negociadores nacionalistas dicen que no saben nada del asunto. Pero siendo que no hay que fiarse mucho de lo que dicen los políticos, el rumor es claramente insolvente. Primero porque la extinción de las concesiones incumplidoras no conlleva indemnizaciones. Y segundo porque la elaboración de un plan de reposición medioambiental determina el "cómo" se arregla el estropicio, no quién lo paga.

En todo caso, ya va siendo hora de que las administraciones públicas se mojen en un asunto en el que se pusieron una escandalosa venda en los ojos hasta que el ayuntamiento empezó a bufar. Es posible que no exista en Canarias un daño a la naturaleza y el paisaje de las proporciones bíblicas del que se realizó durante décadas en el Valle de Güímar. Que lo pague quien lo hizo ya está sentenciado. Muy bien. Pero si no fuera así, deberían pagarlo quienes lo consintieron.