Las discrepancias por parte de los peritos que participan en la vista oral de la causa penal de Las Teresitas sobre la posibilidad de construir hoteles en el frente de la playa son irreconciliables. Mientras los aportados por la Fiscalía consideran que la aplicación de las determinaciones de la moratoria los hacía inviables, los de la defensa opinan todo lo contrario.

En el primer grupo está la exarquitecta municipal Pía Oramas, quien defiende que cuando el ayuntamiento compró la playa, en 2001, no se daban las excepciones para que quedara fuera de los efectos de la moratoria. Y que Las Teresitas no podía albergar un hotel urbano de cuatro o cinco estrellas porque se incumplían los dos condicionantes impuestos: que el suelo fuera urbano consolidado y que el establecimiento no se ubicara en un enclave considerado turístico.

Una opinión absolutamente contraria mostró el perito de Inversiones Las Teresitas (ILT), Javier Domínguez Anadón, quien señaló que en ese período se llegaron a aprobar casi 8.000 camas en la Isla. El técnico mostró su certeza de que Las Teresitas podía haber albergado hoteles temáticos de cuatro o cinco estrellas, tal y como se recogía en esta ley. Y "la prueba del algodón", según él, es la previsión de un establecimiento en la batería militar.

Restó importancia a los índices de pendiente de los riscos como factor para impedir las construcciones. El profesor de Arquitectura Jordi Duatis también negó que la moratoria tuviera incidencia y sostiene que los promotores se podían haber acogido a las excepciones de la ley.

Los peritos aportados por el TSJC, Vicente Hernández y Alberto Núñez, recordaron que la moratoria hubiese supuesto un retraso de al menos 63 meses en materializar los posibles hoteles, así como una reducción drástica del número de camas e incidido de forma directa en el valor de establecimientos y terrenos. Pero, además, la aplicación de los estándares que fijan 45 metros cuadrado por cama hubiese dado lugar a que la superficie hotelera sumase 677.000 metros cuadrados, lo que resultaría totalmente imposible en un ámbito tan reducido. El perito de la defensa, el arquitecto, Joaquín Jalvo, mantuvo que se podían construir hoteles urbanos que ofrecieran la posibilidad de celebrar bodas o convenciones.

Oramas indicó que la aplicación de estándares turísticos como que cada instalación hotelera dispusiera de 18 metros cuadrados de jardín por cama haría imposible su construcción en un espacio de dimensiones tan escasas. El resultado de la operación aritmética es claro: serían precisos 80.000 metros cuadrados de jardines para las 4.600 plazas alojativas permitidas.

Una vez concluyó el turno de preguntas de la fiscal a los once peritos intervino el abogado de la acusación particular, José Pérez Ventura, quien ahondó en los efectos del deslinde sobre la propiedad de las parcelas adquiridas por el ayuntamiento. El profesor de la Universidad de Barcelona Duatis Puigdollers negó afección alguna o como mucho de forma parcial a tres de las parcelas.

El representante de la Universidad Carlos III, Gerardo Roger Fernández, mantiene que los propietarios pueden ser indemnizados por la reducción de aprovechamientos y dijo que sus derechos estaban amparados en el plan parcial y la sentencia del Tribunal Supremo (TS) de 1998 que dio vía libre a las construcciones en la playa.

Por su parte, Oramas defendió que en aplicación del deslinde de 1961, el que estaba en vigor en aquel momento, los aprovechamientos "son cero", tanto para particulares como para administraciones.

El perito que representa a la empresa Inversiones Las Teresitas (ILT), el urbanista Javier Domínguez Anadón, no dudó ayer en denunciar la existencia de una "auténtica trama" urdida para restarle a este ámbito el 67% de los 109.000 metros cuadrados de aprovechamiento hotelero al que tenía derecho esta empresa antes de la venta de los terrenos. Tal y como manifestó durante la vista y recogió también en su escrito, la aplicación en las tasaciones hechas por la exarquitecta municipal Pía Oramas y los técnicos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Vicente Hernández y Alberto Núñez, de condicionantes como el alcance del deslinde, los estándares turísticos o la moratoria suponen "una manipulación" de consecuencias "gravísimas" para los derechos de los antiguos propietarios. De hecho, el valor del frente pasaría de los 15 millones como mínimo fijado por estos peritos a los 71 que defiende Anadón en su estudio. Una vez más se abordó la cuestión de si estaba aprobado el plan de urbanización por silencio administrativo positivo. Pues bien, los técnicos del TSJC indicaron que no han encontrado documento alguno que lo demuestre.

Por el contrario, durante sus indagaciones lo que hallaron fue un informe de distintos funcionarios en los que se relatan incumplimientos de legislación, deficiencias en el planeamiento presentado y varias peticiones de correcciones. La exarquitecta municipal Pía Oramas reiteró que solo se aprobó un modificado para construir "dos pequeñas calles" en la trasera de Las Teresitas y que existe un decreto del exalcalde Miguel Zerolo del año 2000 en el que se niega que el plan esté aprobado. Oramas señaló que la propuesta defendida por la Junta no se ajustaba a las etapas del plan parcial, ni al planeamiento hidrológico, y, por lo tanto, no podía acogerse al silencio administrativo si iba en contra de planeamientos, normas u ordenanzas.