El Castillo de Santa Catalina en Santa Cruz de La Palma, abierto desde mayo de 2015 a las visitas de los residentes y turistas (cruceristas, principalmente), se mantiene cerrado al público desde el pasado día 8 de octubre, después de que se cumpliera el contrato menor firmado con un trabajador que se encargaba de su gestión, sin que se tramitara con la antelación necesaria su renovación o se optara por la convocatoria de un nuevo procedimiento negociado.

El alcalde de la capital, el socialista Sergio Matos, reconoció ayer a esta redacción que la edificación, construida entre los años 1683 y 1692, se mantendrá cerrada "hasta que se resuelva el contrato", lo que previsiblemente se hará pronto: "¿Cuándo? Lleva un procedimiento y no puedo concretar una fecha, pero espero que sea antes de acabar el mes de octubre", añadió.

El control político del Castillo de Santa Catalina, conocido también por el Castillete, dependía de la nacionalista Guadalupe González Taño, que el pasado día 22 de septiembre renunció a su acta de concejal para centrar su trabajo en el Parlamento de Canarias, por su condición de diputada, asumiendo sus áreas de forma temporal el edil de Deportes, Rayco Arrocha, también de CC.

La realidad es que la administración municipal no asumió con la celeridad necesaria la renovación o nueva convocatoria de este contrato menor, lo que ha hecho que se cerrara al público uno de los edificios más característicos de la ciudad y el ejemplo mejor conservado de su pasado defensivo.

La fortaleza fue inaccesible para el público en general durante años, ya que tan solo pudo abrir sus puertas después de un acuerdo firmado entre el ayuntamiento y los propietarios del Castillete, lo que obligó además a realizar con fondos públicos importantes obras de mejora, incluyendo la reparación de las cubiertas, instalación eléctrica y medidas de seguridad de accesibilidad.

Resultó al menos curioso que la corporación municipal anunciara la semana pasada que reabría el calabozo del Castillo de Santa Catalina, cuando la realidad es que al inmueble no se puede entrar.