Naciones Unidas informó hoy de que ha recibido la notificación de Sudáfrica sobre su decisión de abandonar la Corte Penal Internacional (CPI).
Un portavoz de la organización confirmó que la Secretaría General tiene ya la carta de las autoridades sudafricanas en su poder y la está estudiando.
Suráfrica argumenta que el tribunal de La Haya está "en conflicto" con su ley nacional de inmunidad diplomática y, además, afecta negativamente a sus relaciones internacionales.
En una rueda de prensa para explicar las razones de la decisión, el ministro de Justicia sudafricano, Michael Masutha, se ha remontado a la crisis provocada por la visita en junio de 2015 a Sudáfrica del presidente de Sudán, Omar al Bachir, a quien la CPI reclama por un delito de genocidio.
El Gobierno anfitrión desafió a la CPI y a su propia Justicia al negarse a detenerlo y entregarlo a La Haya, lo que era su obligación al ser signatario del Estatuto de Roma.
El Gobierno alegó que Al Bachir -que se encontraba en Johannesburgo para participar en una cumbre de la Unión Africana (UA)- gozaba de inmunidad diplomática como jefe de Estado, un argumento que fue desechado por los jueces sudafricanos.
Masutha también cree que la CPI es un "impedimento legal" para el liderazgo de su país en la promoción de "la paz y la prosperidad" en África, donde varios gobiernos han acusado al tribunal de perseguir injustamente a los líderes del continente.
El anuncio de Sudáfrica se produce dos días después de que el presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, firmara la retirada de ese tribunal, que investiga la violencia política que se desató en el país en abril de 2015, cuando Nkurunziza anunció que se presentaría por tercera vez a las elecciones pese a la prohibición expresa de la Constitución.
Pese a la decisión, Naciones Unidas ha recordado en los últimos días que Burundi deberá seguir cooperando con las investigaciones ya abiertas.
Además, según los estatutos de la CPI, la salida de un país sólo se hace efectiva un año después de la notificación oficial.