Dependía de Sí se Puede y su concejal, Eduardo Pérez, casi siempre decisivo en un pleno dividido desde su constitución, dijo que sí. Con ello, el Ayuntamiento de Fuencaliente acordó solicitar autorización al Gobierno de España para la celebración de una consulta popular donde los vecinos del pueblo y de ningún otro municipio de la Isla, decidan qué balneario es el mejor para la Fuente Santa entre las dos alternativas conocidas (o casi): Piedra de Fuego y la idea de Carlos Soler, que autodenomina integral.
El referéndum se hará bajo el criterio de Sí se Puede, es decir, Unión Progresista de Fuencaliente presentó una propuesta donde los vecinos tenían que decidir entre el balneario ideado por Federico Soriano, ganador del concurso de ideas del Cabildo, y la idea con balneario, casa de baños y museo sobre la Fuente Santa en Los Canarios. Eduardo Pérez entendió que planteado de esa manera se condicionaba claramente la voluntad vecinal, por lo que se aceptó su enmienda (UPF lo hizo a regañadientes) de que en la consulta se vote exclusivamente entre los dos balnearios diseñados para la costa del pueblo, sin tener en cuenta instalaciones anexas. Balneario contra balneario.
SSP también modificó el segundo punto, ya que UPF presentaba Piedra de Fuego como el proyecto exclusivamente del Cabildo, y Eduardo Pérez recordó, y así se presentará en la consulta, que era un proyecto de la institución insular, pero también del ayuntamiento. Por último, se incorporó un tercer apartado donde se preguntará a los vecinos sí están de acuerdo con que la explotación sea pública y municipal.
Antes de alcanzar el acuerdo, dos horas de debate. La mayor parte, estéril. Los vecinos llenaban las sillas reservadas para el público, lo que en ocasiones (o siempre) marca el ritmo de las intervenciones. La portavoz de UPF, Nieves María Rodríguez, se esforzó por defender que el referéndum es "dar la voz a los vecinos, que sea el pueblo el que decida". Su mensaje fue reiterativo, hasta el punto de acusar al Cabildo de "imponer" el proyecto de Federico Soriano, una situación que calificó de "gravísima".
Rodríguez, que se retrató como una incondicional de Carlos Soler, dijo ser contraria al proyecto Piedra de Fuego, al entender que "no responde de manera adecuada de intervención en un recurso (Fuente Santa) de tanta calidad".
Por su parte, Eduardo Pérez hizo un recorrido de lo vivido con la Fuente Santa. Desde acuerdos plenarios hasta la intención de empresarios (que apoyan a Soler) de quedarse vía judicial con el agua de una poza de la galería, pasando por un comisión sobre el manantial que tardó nueve meses en reunirse o la fiscalización de los tiempos en los que el Cabildo tardará en desarrollar su proyecto.
Pérez, que en el frente a frente se mostró con mayor seguridad que el resto, dijo que la petición de consulta popular "llega tarde y no es fruto del azar". Recordó que "muchos de los ediles actuales" ya eran concejales en la pasada legislatura "y nadie" puso objeciones a Piedra de Fuego. Con su alegato pareció por momentos que iba a rechazar la iniciativa, pero al final decidió apoyarla. Eso sí, exigió que el ayuntamiento garantizara que los dos proyectos tuvieran las mismas posibilidades de ser expuestos ante los vecinos, controlando "tiempos, horarios y lugares de presentación".
Víctor Gómez, portavoz de Coalición Canaria, también tuvo claro su mensaje y no se arrugó: "tenemos un proyecto (Piedra de Fuego) sólido, respaldado por el Cabildo y por el ayuntamiento, de un arquitecto de reputación y ya nos encontramos en trámites de modificar el espacio para poder construirlo". Esa realidad la comparó "con la aventura en la que nos quiere (UPF) embarcar". Acusó a los proponentes de la consulta popular de "frívolos" y negó que el Cabildo haya querido "imponer" la idea de Soriano.
Por último, el alcalde, Luis Román Torres, defendió que deben ser los vecinos los que "de forma directa decidan lo que quieren para el pueblo", por lo que se mostró "a favor" del referéndum. A su juicio "no se puede coartar la voz del pueblo" e incluso le pareció "acertada" la tercera pregunta propuesta por Sí se Puede de que la explotación de las aguas sea pública y municipal.