La nueva ley de Servicios Sociales, cuyo borrador se elevará este lunes al Consejo de Gobierno, exige un incremento presupuestario para su puesta en marcha, según reconoció la propia vicepresidenta del Ejecutivo regional, Patricia Hernández. Además del coste de las prestaciones que se incluyan en la futura cartera de servicios, la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda debe hacer una inversión tecnológica importante para digitalizar todos los expedientes, impulsar la "tarjeta social" e implantar "la historia única". Esa apuesta exigirá "más dinero y más recursos".
El Consejo de Políticas Sociales, una vez que la norma sortee todo el itinerario legal -Consejo de Gobierno, Consejo Consultivo y Parlamento-, contará con un período de doce meses para diseñar la cartera de servicios a la que tendrán derecho los ciudadanos, lo que garantizará que ley se pueda aplicar en su totalidad.
Hernández, que ayer presentó el borrador, puso mucho énfasis en el carácter participativo de la norma. Psicólogos, trabajadores sociales y educadores consultados por este periódico coincidieron en la importancia del carácter abierto que ha tenido el proceso, pero lamentaron "las prisas" finales. El texto fue enviado a los colegios profesionales el miércoles por la tarde, lo que ha hecho que muchos no se hayan atrevido a valorar el documento. Según Hernández, el texto incluye más de 300 aportaciones de los colectivos.
La ausencia de ficha financiera para costear este "cambio de la beneficencia a los derechos" -en palabras de la propia vicepresidenta- ha suscitado algunas dudas entre los participantes, que no quieren que la norma se quede al final "en una ley de buenas intenciones".
En concreto, la presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales, Iris Gómez, lamentó que el catálogo de servicios y la ficha financiera no se desarrollaran al mismo tiempo que el proceso de redacción de la ley. "Nos habría gustado que esto quedara más atado", admitió. Nadie quiere que esta ley acabe como la de Dependencia, que incluye una filosofía compartida por la inmensa mayoría, pero que no se desarrolla por falta de presupuesto o voluntad política.
El presidente del Colegio de Educadores Sociales, Francisco Gutiérrez, también valoró la redacción participativa de la ley y la inclusión del carácter educativo. "En el primer borrador no aparecía la palabra educación", apuntó. La labor de este colectivo ha sido importante para lograr que quede reflejada la importancia de la educación a la hora de acabar con el asistencialismo y dejar de crear "personas dependientes del sistema", señaló. "Nos vemos reflejados en esta ley y creemos que ha dado un salto de calidad". Así y todo, y pese a lo "novedosa" que será la ley a nivel nacional, Gutiérrez cree que hay que incluir aún algunas modificaciones y, lo más importante, que todo el Gobierno debe asumir la ley como un eje vertebrador del presupuesto. "Tres de cada diez niños en Canarias están en riesgo de exclusión social", alerta. "Ya sabemos que el papel lo aguanta todo, pero es importantísimo que se garantice su viabilidad económica; si no, será ciencia ficción".
En el mismo sentido se manifestó Miguel Díaz, del Colegio de Psicólogos, que consideró que los profesionales deben lograr que se incluya un compromiso explícito de financiación. "Entendemos que la ley en sí no incluya una cantidad, pero creemos que de alguna forma debe quedar reflejada" la inversión "proporcional" que hará la Comunidad Autónoma, argumentó.
Además de la financiación para la digitalización, la conectividad de los expedientes y las prestaciones, la ley dispone que todos los ciudadanos tendrán derecho a ser atendidos por un equipo multidisciplinar. Cada persona, además, tendrá un "profesional de referencia" que actuará de forma similar al médico de familia. No está claro aún quién financiará el personal -ayuntamiento o gobierno- o cómo se articulará la atención en los municipios de menos de 20.000 habitantes.
Los colegios profesionales esperan poder acelerar el establecimiento de los servicios antes de lo previsto -un año tras la aprobación de la ley- y poder garantizar que la norma se ponga en funcionamiento en su totalidad antes de que acabe 2017.
El tercer sector gana protagonismo en el borrador de la ley
Una de las novedades del borrador que finalmente se elevará al Consejo de Gobierno es que las asociaciones del tercer sector cobran más protagonismo. Según explicó la vicepresidenta Patricia Hernández, "en la concertación social se dará prioridad al tercer sector porque son ellos los que mejor conocen la realidad y porque muchas veces pueden llegar más rápido a la gente que la propia administración". Esta apuesta estará muy vinculada al desarrollo de la Ley del Tercer Sector.
Prevención
Otra de las incorporaciones es el carácter preventivo que incluye la ley y que atañe especialmente al papel destacado de los educadores sociales a la hora de "romper" con el carácter meramente asistencial de los servicios.