Esta semana el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna ha celebrado un pleno importante. Se trataba de aprobar un conjunto de expedientes relativos a reconocimientos extrajudiciales de crédito que ascendían a una cantidad importante -unos dos millones de euros aproximadamente- y que requerían la aprobación en sesión plenaria. A pesar de que ha transcurrido ya más de un año de este mandato, todavía no puedo evitar el asombro por el comportamiento de una parte de la oposición municipal, y el pasado jueves tuve que asumir -como buena parte del resto de los compañeros de corporación y, estoy seguro, de muchos ciudadanos - un nuevo episodio de estupefacción. Porque ese sector de la oposición -Unidos por La Laguna y el fantasmal partido cuyo portavoz es don Santiago Pérez- pretendieron, por enésima vez, transformar el procedimiento del reconocimiento extrajudicial de crédito es un oscuro y tétrico escenario sembrado de sospechas, irregularidades y maldicencias. Es lo que ocurre cuando no se sostienen ideas, sino que se exhiben prejuicios, y cuando el compromiso crítico se sustituye por las convicciones apriorísticas.

El reconocimiento extrajudicial de crédito es un procedimiento establecido legalmente y no una malévola engañifa ideada por el gobierno municipal de La Laguna. La ley que regula las Haciendas Locales establece que los gastos que se originan entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de un año solo pueden imputarse al presupuesto municipal del mismo ejercicio. Es decir, que si un gasto ha tenido lugar en este 2016, por ejemplo, la factura debe contabilizarse antes del próximo 31 de diciembre. La misma ley determina, igualmente, que no puede contraerse un gasto cuando no existe crédito suficiente para pagarlo en el ejercicio en el que se ha originado: si no hay crédito, no puede contabilizarse. Pues bien, el marco legal en materia de haciendas locales regula un procedimiento para normalizar estas situaciones, evitando que los proveedores tengan que ir a los tribunales de justicia para cobrar, y ese procedimiento es, precisamente, el reconocimiento extrajudicial de crédito. Resumidamente, el reconocimiento extrajudicial de crédito consiste, primero, en que el pleno municipal reconoce, fuera del ámbito judicial, la obligación de pagar estas facturas para que los proveedores no se vean obligados a reclamar ante los tribunales, y segundo, en que el pleno amplíe el límite del presupuesto de gastos, en la cantidad exacta para cubrir las facturas que están sometidas a este procedimiento. Y eso es lo que se debatió y aprobó el viernes pasado en el Ayuntamiento lagunero. Insisto: el reconocimiento extrajudicial de crédito es un procedimiento escrupulosamente legal y aplicado por numerosos ayuntamientos españoles cuando ha sido necesario. Sin ir más lejos, y por poner como ejemplo a un municipio presupuestariamente comparable con La Laguna, el Ayuntamiento de Cádiz, gobernado por Podemos, incluyó en la aprobación de sus cuentas anuales para 2016, que se elevaron a 151 millones de euros, un reconocimiento extrajudicial de crédito superior a los tres millones.

Podría entenderse y hasta valorarse las críticas a la gestión que pueden derivarse de la utilización de este procedimiento para garantizar el pago de los proveedores. Pero Unidos se Puede y don Santiago Pérez, por supuesto, no se verían satisfechos. Un pleno en el que no se demonice al gobierno municipal no es un pleno que valga la pena. Y entonces empieza un festival de acusaciones aberrantes y contradictorias. Un portavoz opositor afirma que los proveedores son "afines" al equipo de gobierno y por eso no les preocupa cobrar. Por lo visto, por pura querencia ideológica están dispuestos a morirse de hambre. Otro portavoz, al contrario, alega que los proveedores son víctimas de una voluntad de exterminio de Coalición Canaria. Y un tercero pone su broche de oro afirmando que los nacionalistas siempre han tenido como objetivo destruir los pequeños y medianos empresarios y comerciantes laguneros. A ese digno concejal creí verlo tres o cuatro horas después en la calle de la Carrera, almorzando en una de las muchas decenas de restaurantes y bares de tapas que han abierto en nuestro municipio en los últimos años. Pero son ciegos ante la realidad de la explosión comercial que ha vivido La Laguna en los últimos mandatos. A la recuperación de la actividad económica. A la todavía modesta pero continua disminución del desempleo.

El gobierno municipal que me honro en presidir está trabajando duramente para que, en el objetivo central de una administración cada vez más eficaz y eficiente, el recurso al reconocimiento extrajudicial de crédito tenga un carácter excepcional, para lo que hemos impulsado, y lo seguiremos haciendo, cambios organizativos y procedimentales. Reconocemos que sin duda se han cometido errores de gestión -ninguna administración está libre de ellos y ninguna debe resignarse a ellos-, pero no se ha violentado jamás la legalidad. La inacabable retórica de la estigmatización del adversario político, que con tanto ahínco practica la oposición que he señalado, no es una prueba de fortaleza, sino una evidencia de esa debilidad que vive de eslóganes, descalificaciones y ocurrencias.

*Alcalde de La Laguna