Otro de los juicios que tiene a Las Teresitas como motivo principal se inicia hoy. Se trata de la vista oral que juzgará lo ocurrido con los terrenos situados detrás de la playa conocidos como Las Huertas y Montaña Morera. Todos ellos fueron vendidos por la Junta de Compensación a la empresa de Ignacio González y Antonio Plasencia, ILT, en 1998 por 33 millones de euros. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción detectó que se dejaron de pagar a los propietarios legítimos alrededor de 5 millones de euros, en realidad 7,5 si se tienen en cuenta los intereses.
El supuesto expolio ha llegado a la apertura de juicio oral, en el transcurso del cual se sentarán en el banquillo el asesor jurídico de la Junta, Mauricio Hayek; el presidente, Jerónimo Delgado; el tesorero, Clemente Martín, y el secretario Álvaro Fernaud, acusados de supuesta apropiación indebida y falsificación documental. Las previsiones apuntan a que hoy declaren los cuatro acusados y cinco testigos y que en las tres jornadas posteriores lo hagan el resto de supuestos estafados. En principio, se espera que el viernes 28 se pueda dar por concluida la vista.
El juicio se dividió en dos tramos. El primero tuvo lugar el pasado 10 de octubre, momento en el que se analizaron dos piezas separadas. Una era la de los promotores de Teresitas Propierties dueños de dos parcelas en el frente que fueron vendidas sin su consentimiento y sin recibir cantidad alguna a cambio. La vista no se celebró por motivos de salud del promotor, Javier Sanchidrián-Heredia, quien denunciaba una variante de apropiación indebida, de ahí que se separara de la causa principal. Ese mismo día se suspendió otra pieza separada en la que el abogado Mario Machado intentó demostrar que se había cometido una estafa con el bloque de apartamentos Morera Playa. Dado que no pudo acceder a determinada documentación desistió de continuar este proceso, aunque seguirá en el principal.
A lo largo de esta semana comienza el grueso de la vista, en la que la Fiscalía solicita penas de cárcel que suman 23 años y ocho meses y la devolución de unos 2,5 millones. Aparte de la declaración de los acusados también han sido citados alrededor de un centenar de testigos. En general, se trata de los propietarios de los terrenos de Las Huertas y Montaña Morera. Otro tanto ocurre con los dueños de parcelas del frente de Las Teresitas a los que o no se les pagó nada o creen que la cifra es menor de la que creen adecuada.
Las penas solicitadas por el Ministerio Público abarcan entre los ocho años para el asesor jurídico y la exigencia de que devuelva dos millones de euros, cinco y medio para Delgado así como para el extesorero y cuatro y medio para Fernaud, además de multas de diez meses para todo ellos, excepto para el último, para el que serían quince. La Fiscalía Anticorrupción exige la asunción de responsabilidad civil, que para Martín Rodríguez y Delgado suman 126.212 euros cada uno.
El Ministerio Público sostiene que existen pruebas sólidas de que se dejaron de pagar a los propietarios cantidades que oscilan entre los 883.500 euros por la parcela del Ministerio de Defensa, ahora propiedad municipal y en la que se quiere construir un hotel, los 487.000 del Club Deportivo San Andrés o los 421.000 que no se pagaron a particulares.
La Fiscalía entiende que Hayek se aprovechó de su ventajosa condición para obtener un "ilícito beneficio económico" hasta el punto de conseguir que el secretario emitiera un certificado en el que se reflejaba que era propietario de más terrenos que los reales. La presunta falsificación de estos documentos implicaría que años después se anulase el proyecto de reparcelación en el que se recoge el índice de participación de cada propietario en el reparto de cargas y beneficios.
Un centenar de vecinos de Las Huertas desde hace años reivindican que han sido víctimas de un expolio. La historia comienza en la década de los setenta cuando el ayuntamiento decide expropiarlos. Pero como no tenía dinero se anuló la operación y así quedó reflejado en el pleno. Sin embargo, los terrenos serían vendidos sin que recibieran nada a cambio.
A principios de 2006 se produjo un destacado hito cuando la familia González-Sanfiel logró que se le reconociera la propiedad de alrededor de 2.700 metros cuadrados. Un fallo judicial que sentó precedente y al que se han ido acogiendo el resto de propietarios. En 2008, seguramente forzado por el desarrollo de la causa penal, el ayuntamiento elaboró un estudio que tras analizar la documentación demostró que el 84,5% de las reivindicaciones estaban fundamentadas. Los terrenos cuya propiedad se cuestiona son 44.000 metros cuadrados.
Vecinos con derecho a ser indemnizados según el TSJC
En 2010 el TSJC apunta que como ya es imposible devolver los solares dada la transformación que han sufrido a raíz de las obras de urbanización, estos vecinos tienen derecho a ser indemnizados. El valor del metro cuadrado quedó fijado en 163,23 euros, una cifra bastante inferior a los 900 que en 2006 pagó Mapfre por comprar Las Huertas. El TSJC considera que es la Gerencia de Urbanismo la que debe hacer frente a estos pagos por no haber ejercido de forma correcta la labor de tutela en la Junta de Compensación. Los conocidos como los extranjeros, que residen en Montaña Morera, comprobaron en 2001 cómo sus viviendas desaparecieron del Registro de la Propiedad mientras que los terrenos siguen a nombre de ILT. Y restarían los propietarios de terrenos en el frente de la playa a quienes o bien no se les pagó nada o como mucho apenas se les abonó el precio actualizado. Si se tienen en cuenta las derramas, cuotas y gastos a los que tuvieron que hacer frente a lo largo de tres décadas no hicieron negocio.
Descarta "mala fe"
La Audiencia Provincial ha descartado que se pueda acusar de "mala fe" al abogado Mario Machado, quien inició una pieza separada por presunta estafa contra la Junta de Compensación. Posteriormente, desistió formalmente al no poder encontrar la documentación precisa para demostrar estos hechos. "La acusación particular no puede merecer el calificativo de temeraria o mala fe, pues anunció su voluntad decidida de desistir de la acción penal, con lo cual difícilmente el Tribunal puede extraer un juicio negativo de su comportamiento", se indica en el fallo. El letrado defiende a los propietarios de un edificio de apartamentos llamado Morera Playa, cuyos terrenos aparecen inscritos a la vez por sus dueños originales y por ILT. En este caso existe un escrito en el que se demuestra que estos vecinos renunciaron formalmente a seguir en la Junta. Pese a ello sus terrenos fueron vendidos como si de socios se tratara pero sin recibir dinero a cambio. La Sala entiende que la tramitación en su día del procedimiento en el que figura el asesor jurídico de la Junta, Mauricio Hayek, como imputado y la apertura del juicio oral "confirman una apreciación objetiva del órgano instructor de los indicios existentes sobre su participación en los hechos. Pero pese a que hubo retirada de acusación, en ningún caso ello puede suponer por sí solo la calificación como temeraria de la actuación de la acusación particular, o la afirmación de que su pretensión careciera de toda consistencia". Hayek, así como el presidente, Jerónimo Delgado, el tesorero, Clemente Delgado, y el secretario, Alvaro Fernaud, han quedado absueltos pero precisamente por haberse retirado de la causa la acusación, que sin embargo se mantiene en la pieza principal por supuesta apropiación indebida y falsificación documental.
Prosigue la causa
Mientras se celebra la vista de Las Huertas, también en la Audiencia Provincial se seguirá desarrollando el grueso de la causa penal del caso Las Teresitas. La vista quedó suspendida a finales de la semana pasada por motivos de salud del juez, Joaquín Astor Landete. En los próximos días los abogados de las defensas tendrán la oportunidad de preguntar a los peritos por sus conclusiones y tasaciones. Una vez que acabe esta fase será cuando comenzarán las declaraciones de cada uno de los trece acusados, entre los que está el exalcalde Miguel Zerolo, el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, así como los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia y varios funcionarios. Todos ellos son acusados de supuesta malversación de fondos públicos y prevaricación. Las previsiones son que la macrocausa se alargue, al menos, hasta diciembre.