El abogado defensor del exgerente de Sinpromi Víctor García presentó un recurso de apelación ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Santa Cruz para que la causa de la apropiación indebida y estafa a dicha sociedad del Cabildo por un montante de 1.685.226 euros continúe únicamente con la imputación del exjefe de Contabilidad, Andrés Hernández Pedreira, y se dicte el sobreseimiento de la causa respecto a García.

Cabe recordar que la magistrada del citado órgano judicial dictó un auto el pasado 19 de septiembre en el que se determina que el exgerente presuntamente cometió un delito de malversación de caudales públicos.

El letrado de Víctor García explica en el citado recurso que los hechos por los que se mantiene la imputación a su defendido, "en el supuesto caso de ser ciertos, cosa que negamos de plano", no son constitutivos de infracción penal alguna, ya que en el Código Penal no está tipificado el delito de malversación por imprudencia.

Este planteamiento parece coincidir con el escrito de acusación presentado por la representación legal de Sinpromi, que solicita para Andrés Hernández Pedreira 14 años de prisión en total, una multa de 43.200 euros, 20 años de inhabilitación absoluta y seis más de inhabilitación para ocupar cargo o empleo público en una administración municipal. Sin embargo, no solicita pena alguna para Víctor García y lo propone como testigo.

En el recurso se afirma que en octubre de 2014 se detectaron problemas de Tesorería en la empresa del Cabildo y el entonces gerente empezó a investigar la razón, "toda vez que aparentemente el negocio funcionaba perfectamente".

Según el auto judicial del mes pasado, supuestamente García fue informado un año antes de las prácticas irregulares existentes.

A mediados de octubre de 2014 se empezó a investigar y el día 20 de ese mes Pedreira presentó su renuncia al puesto que ostentaba, según la defensa de Víctor García.

La denuncia ante la Policía Nacional se interpuso el 23 de octubre por parte de la consejera delegada de Sinpromi, Carmen Rosa García Montenegro, y Víctor García, según dicho recurso.

Inicialmente, el 26 de octubre, el exgerente fue citado como testigo, pero en diciembre ya fue citado como investigado, porque la jueza consideró que actuó con "negligencia inexcusable".

Para el abogado defensor de García, todos los trabajadores de Sinpromi afirmaron ante policías y el juzgado que nunca advirtieron al entonces gerente de las prácticas irregulares en la contabilidad o en los protocolos de recaudación de ingresos.

El letrado defensor señala que en el auto no se especifica quién o quiénes afirmaron que García conocía esas irregularidades desde el año 2013. Además, destaca que Sinpromi pasaba las preceptivas auditorías contables con informes favorables. Es decir, que García no podía conocer esa ilegalidad si nadie se la había comunicado. Otro de los argumentos esgrimidos en el recurso por el abogado del exgerente de Sinpromi es que la administración de la sociedad y la responsabilidad de verificar los controles para evitar desvíos de dinero correspondía a la consejera delegada, Carmen Rosa García Montenegro. Además, el letrado estima que ha existido un agravio comparativo en la aplicación de la norma, en la medida en que se responsabiliza a Víctor García y no se adopta medida alguna contra la citada consejera delegada. Y aclara poco después que, desde su punto de vista, Carmen Rosa García Montenegro tampoco tiene que estar investigada por este asunto. La defensa del exgerente recuerda que, en el auto judicial del 19 de septiembre, la jueza afirma que Pedreira se aprovechó, "(...) sobre todo y principalmente, de la falta de supervisión y control por parte de sus superiores jerárquicos", Víctor García y Montenegro. En el texto del recurso de apelación se concluye que en el auto judicial del pasado 19 de septiembre se dejaron de consignar "bastantes circunstancias favorables a mi representado".