El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, ha asegurado este lunes que los empresarios condenados por la extracción de áridos en Güímar pagarán "hasta el último euro" de los costes de la restauración, tal y como contempla la sentencia judicial.

En declaraciones a los periodistas, ha comentado que el objetivo del Cabildo al impulsar en el Parlamento una proposición de ley sobre los barrancos del municipio sureño está "a años de luz" de que los empresarios cumplan con su obligación, ya sea por la vía de la ley "o por otra argucia".

Alonso ha recordado que la propuesta fue apoyada en el Cabildo por los grupos de CC, PSOE y Podemos --el PP se descolgó a última hora por entender que frena el desarrollo económico-- en julio del año pasado, "bastante antes" de que se dictara sentencia.

El presidente ha insistido en que el objetivo del Cabildo es que cesen las extracciones, un "deseo reiterado" del pueblo de Güímar, para lo que ha habido un "esfuerzo importante" en los últimos años para lograr consenso "técnico y político", y restaurar todo el paraje.

En ese sentido, ha comentado que en el Cabildo fueron "los primeros" en alegrarse por el contenido de la sentencia porque permitía "garantizar ingresos" a costa de los condenados y así impulsar la restauración.

Alonso ha señalado que el Cabildo se ha sentido "incomprendido" por una parte del Gobierno y el Parlamento durante los últimos meses, aunque ha valorado que finalmente la Mesa de la Cámara haya dado luz verde a la tramitación.

Asimismo, ha comentado que ya ha contactado con el abogado de la acusación particular, Carlos Álvarez, y las dos partes se encuentran "en línea absoluta" para que la mayor parte del coste de la restauración sea asumida por los condenados.

"Vamos a trabajar desde el Cabildo y promover que el infractor pague en la vía penal y en sus obligaciones civiles. Vamos a estar absolutamente firmes", ha explicado.

LOS COSTES AÚN ESTÁN "INDETERMINADOS"

Ha dicho que el Cabildo no retira la proposición de ley porque la ejecución de la sentencia requiere de un plan de restauración y debe ser "integral", algo que se solicita en la propuesta, que aboga también por la restauración del cauce del barranco. "La restauración no puede ser parcial, llenar hoyos y plantar olivos", ha comentado.

En esa línea, ha comentado que el Cabildo se va a "coordinar" con la Fiscalía y la Audiencia Provincial para que no se impida la ejecución de la sentencia por la interposición de recursos en el futuro.

Sobre el cálculo de los costes económicos, ha dicho que aún están "indeterminados" porque solo hay aproximaciones en base a los informes del Cabildo o los informes periciales, al tiempo que ha tildado de información "torcida" la interpretación de que el Cabildo traslada al Gobierno de Canarias la responsabilidad de cubrir la restauración y evitar que lo hagan los empresarios.

Según el presidente, la restauración se acometerá "casi en su totalidad" por los infractores, y en el caso del cauce del barranco, ha comentado que hay un "riesgo evidente" de creación de avenidas si hay lluvias copiosas.

Así, su recuperación se hará, por una parte, por los propios propietarios y por otro, a cargo del Consejo Insular de Aguas, mientras que las indemnizaciones al resto de propietarios afectados se cubrirán con la modificación del ámbito territorial, que pasaría de coto minero a espacio de protección paisajística, con cambio en los usos del suelo.