El letrado de la Junta de Compensación de Las Teresitas, Mauricio Hayek, aseguró ayer que siempre actuó según lo decidido por la junta de delegados, formada por una decena de técnicos, entre los que estaban el presidente, Jerónimo Delgado; el tesorero, Clemente Delgado, y el secretario, Álvaro Fernaud, sentados junto al él en el banquillo de los acusados por esta pieza separada del caso Las Teresitas. Por esta vía logró autorización para cobrar algo más de 8 millones de euros, cifra que se reparte entre el 6% de la venta por 33 cerrada con ILT en 1998, lo que supuso 1,8 millones.
A todo ello habría que sumarle un millón por su participación en la empresa Mar Terre, aunque siempre defendió que fueron honorarios, lo que puso en duda la policía judicial, y otros 2,3 millones por su participación en Playa de Las Teresitas SA, donde decía tener 700 acciones. Hayek ingresó en sus cuentas 851.000 euros de una provisión de fondos de la Junta a fin de hacer frente a una posible sentencia favorable al Ministerio de Defensa sobre la propiedad de la batería militar. Este dinero pasó a convertirse en un fondo de inversión propio. Cuando la justicia rechazó las pretensiones del ejército, Hayek no devolvió cantidad alguna, según dijo, porque la Junta mantenía deudas con él. La Fiscalía recordó que este dinero hubiese generado 60.000 euros de intereses, si se hubieran quedado en las cuentas de la Junta.
Algo parecido ocurrió con 847.000 euros para hacer frente a una eventual sentencia favorable de una cadena hotelera que sí ganó el contencioso. Sin embargo, la cantidad final la abonó la Junta. Otros fondos percibidos serían 495.000 euros a través de distintos cheques no superiores a 3.000 euros. Hayek sostiene que las cantidades se corresponden a lo permitido por el colegio de abogados y a lo autorizado por la Junta de Delegados, "el brazo armado" de la Junta de Las Teresitas.
La Fiscalía discrepó porque, según los estatutos, su sueldo tenía que haber sido aprobado en asamblea general. A preguntas del abogado de la acusación particular, Pedro Arcila, Hayek aseguró en un tono airado que mantuvo en su declaración que no recordaba haber cobrado esas cantidades.
Hayek dice que decidió trabajar para la junta después de que se lo pidieran los anteriores responsables al tener una deuda de 481.000 euros y sus propiedades hipotecadas. Los cargos directivos no tenían derecho a remuneración, pero se habían repartido 330.500 euros como gratificaciones, "después de más de diez años trabajando en unas operaciones complicadísimas. De 150 miembros pasamos a 500 herederos y los cobros no pudieron finalizar hasta un año después de la venta".
En cuanto a la queja de cientos de propietarios por haber sido expoliados, Hayek señaló que todo fue decisión de la junta de delegados. Recordó que el reparto no se fija solo según los coeficientes del proyecto de reparcelación, sino que hay que tener en cuenta factores como las deudas. La posibilidad de que haya lagunas la atribuye a la "sospechosa" desaparición por la policía de 400 documentos.
La sala decidió rechazar las cuestiones previas defendidas por los abogados defensores. El juez aseguró no encontrar razón para proceder a la nulidad de lo actuado y considera correcta la actuación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), ámbito en el que se tramitó la causa por estar involucrado un aforado, como era el exdiputado regional Miguel Zerolo. El letrado defensor de Mauricio Hayek dijo que las responsabilidades deben ser requeridas en todo caso a los nuevos miembros de la Junta, que son el ayuntamiento, Inversiones Las Teresitas (ILT) o Mapfre. Recordó que los hoy reclamantes se han personado en esta causa penal porque así se lo ha solicitado la Fiscalía, no a voluntad propia. Cree que, en vez de perjudicados, en muchos casos se puede hablar de acreedores. Denunciaron irregularidades "graves y demoledoras" durante la detención e interrogatorio de Hayek y el registro en su despacho. O que la Fiscalía conociera información que manejaba la policía. Considera que el Ministerio Público era consciente de los desmanes que se cometían y de que la juez Carla Bellini no fue imparcial. El abogado del expresidente, Jerónimo Delgado, denunció que los documentos hallados en el despacho de Hayek no fueron foliados ni sellados por el secretario judicial, como era obligatorio, con lo cual lanzó sospecha de que se pueden haber cometido "cambalaches varios o posibles modificaciones". El fiscal aseguró que la entrada y registro cumplieron "escrupulosamente" los requisitos exigibles y las cajas estaban precintadas. De los cinco testigos que debían comparecer, solo lo hizo uno, José Ignacio Hernández, quien junto a su padre y hermanos, y Hayek, creó en 1990 la empresa Mar Terre, tras la compra de 11 parcelas. Aunque en su día cobraron 102.000 euros, según el fiscal, nunca aparecieron en el listado de propiedades de la Junta. Dijo que habían entrado a participar en el negocio por indicación de Hayek aunque con el tiempo "la relación se enfrió".