La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, y el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, coincidieron ayer en expresar públicamente que los empresarios condenados por la extracción de árido en los barrancos de Güímar serán quienes paguen la restauración de la zona afectada. Con ello, tratan de despejar las dudas surgidas a raíz de la petición de la Fiscalía Provincial de que se posponga la ejecución de la sentencia hasta que el Parlamento regional apruebe la iniciativa legislativa promovida por la Corporación insular.

"La iniciativa legislativa parte del Cabildo de Tenerife y el Gobierno regional la ha acondicionado de manera que ya envía un mensaje al Parlamento para que, en ningún caso, suponga un perjuicio económico para el Gobierno de Canarias", aseguró Dávila ayer, tras la reunión del Consejo de Gobierno. "No hay informes en contra. El Gobierno ha expresado su criterio favorable a la tramitación de una iniciativa que parte del Cabildo", dijo.

Dávila insistió en que los costes de la restauración de los barrancos de Güímar corren a cargo de los extractores, "tal y como se fija por sentencia". "Simplemente se hace una ordenación del ámbito a instancias del competente, que es el Cabildo", aclaró.

Carlos Alonso, presidente del Cabildo, aseguró que los empresarios condenados pagarán "hasta el último euro" de los costes de la restauración, tal y como contempla la sentencia judicial.

Aclaró que la proposición de ley sobre los barrancos está "a años de luz" de que los empresarios no cumplan con su obligación, ya sea por la vía de la ley "o por otra argucia", y recordó que la misma data de julio de 2015, "bastante antes" de que se dictara sentencia. "Vamos a trabajar desde el Cabildo y promover que el infractor pague en la vía penal y en sus obligaciones civiles. Vamos a estar absolutamente firmes", explicó. También dijo que el Cabildo no retira la proposición de ley porque la ejecución de la sentencia requiere de un plan de restauración y debe ser "integral".

La Fiscalía cree que actualmente no se puede restaurar

La fiscal María Francisca Sánchez Álvarez remitió a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial un escrito en el que solicita que se requiera al Parlamento de Canarias que informe del calendario de tramitación de la proposición de ley que formuló el Cabildo de Tenerife y de su aprobación definitiva. Entiende la fiscal que ese es el "marco legislativo" que permitirá ejecutar la sentencia condenatoria de los empresarios que se dedicaron a la extracción de áridos en Güímar. Con la ordenación territorial vigente (PIOT, Plan General de Ordenación de Güímar y el Plan Territorial Especial del área de los Barrancos de Güímar) "no es posible restaurar los espacios extractivos realizados por los condenados".

Los condenados por delitos contra el medio ambiente

El 28 de enero, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial dictó la sentencia firme declarando "autores criminales responsables de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente" a los empresarios Antonio Plasencia, José Enrique Morales y Pedro Sicilia. Los condenó a un año y tres meses de cárcel, medida que se suspende durante dos años, "condicionadas al cumplimiento de las medidas encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico perturbado". El otro empresario, Francisco Javier del Rosario, fue condenado (pendiente del Supremo) a tres años de prisión y a restaurar.