Un agente de la policía judicial que intervino ayer en la vista oral sobre la pieza separada del caso Las Teresitas, indicó que encontraron en el ordenador del asesor jurídico de la Junta de Compensación, Mauricio Hayek, un documento en el que el comprador de los terrenos, Antonio Plasencia, asumía el pago a CajaCanarias de los 3 millones de euros que le correspondían por la venta de las parcelas. A cambio el empresario señalaba que podría luego negociar con la entidad el crédito de 33 millones con el que compraron los terrenos. A la policía siempre le llamó la atención que CajaCanarias nunca reclamara este dinero y no se sabe quiénes en la Junta se repartieron luego esta cantidad. El policía que declaró investigó todo lo relacionado con la primera venta que tuvo lugar en el año 1998 a la empresa Inversiones Las Teresitas (ILT) integrada por Plasencia y el empresario, Ignacio González.

El agente consideró que los fondos que se repartieron entre los directivos, como son Hayek, el presidente, Jerónimo Delgado; el tesorero, Clemente Martín, y el secretario, Álvaro Fernaud, tenían que haber sido sometidos a votación en la asamblea, ya que según los estatutos estos cargos eran gratuitos. El dinero vino de un fondo de maniobra que sirve para hacer frente a cuestiones técnicas y fiscales. Hayek llegó a cobrar gratificaciones por valor de 240.000 euros, "libres de polvo y paja", entre otras cantidades. Durante el registro en las oficinas del letrado encontraron varios cheques por cantidades inferiores a 3.000 euros.

El policía dijo que el sueldo que se asignó Hayek, el 6% de la venta, era "totalmente desproporcionado" y no tenía respaldo del colegio de abogados. Pero, además, cobraría 1,9 millones por parte de ILT, 180.000 de otra empresa de Plasencia, y otros 300.000 euros el día en el que se firmó la venta.

Las investigaciones duraron "bastantes años" y la conclusión sobre esta trama la resumió con la frase: "Todo giró en torno a Hayek". El policía relató las declaraciones de algunos vecinos a quienes amenazaba con dejarlos sin dinero si no cobraban sobre la marcha. Pese a las cifras recibidas no quedó acreditado que fuera dueño de terrenos, aunque tenía 700 acciones de Playa de Las Teresitas SA y un 30% de Mar Terre SA, entidad que nunca apareció como miembro de la Junta.

Los propietarios originales abonaron gastos que le correspondían a ILT y esta hizo lo mismo, pero al revés. Por ejemplo, se pagaron dos veces por algunos terrenos y de hecho en la Gerencia de Urbanismo está depositado más de un millón de euros que se corresponden, según unos, a la expropiación de los años setenta y según otros a la venta del 98.

El abogado de Hayek consideró que los investigadores habían incurrido en numerosos errores como no tener en cuenta las parcelas que quedaron fuera de la reparcelación, las expropiadas o los que no pagaron cuotas nunca. De ahí la cifra "errónea" de 5 millones que se habrían dejado de pagar a los propietarios.

"El asesoramiento de Hayek era clave"

El socio al 50% de la empresa Inversiones Las Teresitas (ILT), Antonio Plasencia, dijo que desde un principio estuvieron muy interesados en pagarle al asesor de la Junta de Compensación, Mauricio Hayek, "porque nos parecía imprescindible que siguiera asesorándonos urbanísticamente". En concreto abonaron durante varios años 600.000 euros por ejercicio. En cuanto al pago de 300.000 euros por parte de otra de sus empresas, dijo que se hizo cuando tuvo lugar la compraventa, pero no se acuerda en concepto de qué.

En su declaración repitió que cuando compró comprobaron la situación registral de las fincas y estaban libres de cargas, gravámenes y ocupantes. Señaló que participó en la construcción del nuevo campo de fútbol de San Andrés y dijo desconocer que en Montaña Morera había medio centenar de viviendas, lamentándose de que el gran error del contrato fue asumir el pago de plusvalías.

La exjefa de los servicios Jurídicos de la Gerencia de Urbanismo, Luisa del Toro, fue la responsable de elaborar en 2009 un dictamen donde se reconocía que casi un 90% de los antiguos propietarios tenían razón en sus reclamaciones. Este informe se aprobó en pleno y solo se cambió la propuesta de parar las obras hasta resolver problemas de titularidad.

No dudó en acusar al Ayuntamiento de hacer "una gran dejación" de sus obligatorias funciones de vigilancia de la Junta. Se lamentó de que durante el proceso la hubieran dejado sola y que cuando estaba acabando su trabajo, el exsecretario de la Gerencia, Víctor Reyes, acusado en la pieza principal, "me soltara de golpe en mi mesa" los expedientes de expropiaciones. Hubo propiedades que fueron correctamente ocupadas y pagadas y otras que se devolvieron, pero que siguieron dentro de la junta y luego fueron vendidas sin contar con sus propietarios. "Muchas fincas estaban en un limbo jurídico", señaló para añadir luego que nadie ha querido cobrar las cantidades consignadas en Urbanismo por su baja cuantía.