Cristina Ortega Santaella, nieta de los propietarios de urbanizadora Santaella, acusó ayer al abogado Mauricio Hayek, que ejercía a la vez de asesor de la Junta de Compensación de Las Teresitas, de su empresa y de Mar Terre, de haberse apropiado "indebidamente" de todas las parcelas de su familia. Estas fueron vendidas a Mar Terre, "supuestamente" por 60 millones de pesetas aunque la familia jamás recibió cantidad alguna.

Durante su declaración en la vista oral denunció que el asesor que permanece como acusado en la causa se había negado siempre a rendir cuentas, y que como mucho se limitaba a exhibirlas. Con motivo de la suspensión de pagos de Santaella se valoraron sus propiedades en 300 millones de pesetas. Con posterioridad cuando se abrió una investigación policial en los años noventa, Hayek dijo que el precio de venta había sido 200 millones, del que Santaella tampoco percibió nada. Hayek habría obtenido un millón de euros de beneficios cuando las parcelas se vendieron en 1998 a Inversiones Las Teresitas (ILT), a través de Mar Terre. Sin embargo, él alegó que esta cantidad se correspondía al pago de honorarios, lo que la policía judicial puso en duda.

"Nunca supimos a dónde fue a parar ese dinero porque este señor no daba explicaciones. Para nosotros resultó clarísimo que todo fue ilegal". Entre las irregularidades denunciadas estaba, por ejemplo, que las decisiones debían ser tomadas por un quórum de cuatro personas, lo que nunca ocurrió. Esta familiar calificó a Hayek de "supuesto vendedor" y dijo que desconoce cómo actuó en representación de la sociedad pero que en cualquier caso "se saltó el convenio por activa y por pasiva, y si tenía poderes, no se cómo los consiguió". Ortega Santaella dijo que en su momento le había sorprendido saber que Hayek también era el abogado de los compradores, pero acto seguido añadió: "Todos conocemos su mala praxis y que lleva catorce años actuando así".

El abogado de Hayek la interrogó sobre aspectos como de dónde había obtenido la documentación para sustentar estas acusaciones, a lo que respondió que desde los años noventa han tramitado este asunto a través de un bufete de abogados. No pudo responder a ciertas cuestiones precisamente porque su denuncia se basa en el desconocimiento que existió, en cuestiones como si la empresa había realizado alguna obra de urbanización en la que se gastaron estos fondos.

Santaella dijo que en su momento el Ayuntamiento se puso en contacto con ellos para ofrecerle la compra de los terrenos con el suficiente dinero para pagar a los acreedores e incluso generar un superávit. El comité liquidador delegó en Hayek con el resultado luego denunciado. Sobre la aparición del abogado en la trama dijo que al parecer había participado en una liquidación anterior.

Durante la vista celebrada ayer también declararon más vecinos que contaron lo ocurrido con sus propiedades en el mismo sentido que otros. El abogado de Hayek les informaba de que en la Gerencia de Urbanismo se habían depositado 1,4 millones que se correspondían al pago equivalente a la venta a ILT. En el caso de la parcela 75, de varios propietarios, el valor es de 448.000 euros.

En la batería militar, "no"

En calidad de citado por la defensa del abogado Mauricio Hayek, declaró ayer el arquitecto, especializado en edificación, Antonio Gargallo Martín, en el transcurso de la vista oral de la pieza separada del caso Las Teresitas. El técnico dijo que la parcela de la batería militar era la única en la que no se podía construir. El abogado de la acusación particular, Pedro Arcila, le recordó que precisamente donde tan solo está previsto edificar en todo el ámbito de Las Teresitas es ahí, donde se ha planificado un hotel de propiedad municipal. Sobre los vecinos de Montaña Morera, llamados los extranjeros, dijo que se han negado "sistemáticamente" a pagar sus cuotas. Acto seguido les reconoció el derecho a seguir en sus viviendas pese a que el suelo está a nombre de ILT. Extremo que el abogado de estas personas, Mario Machado, consideró una "contradicción". Otro perito aseguró haber constatado que hoy apenas faltaría por pagarse 120.000 euros a los vecinos de Las Huertas. Dijo que había tres grupos de propietarios: los que habían cobrado en su totalidad, los que faltaba por abonarle pequeñas cantidades y luego los titulares de siete parcelas a las que habría que desembolsar este dinero. Arcila dijo que se habían consignado 14.000 euros de cobros por parte de la Junta por el recurso presentado ante el Tribunal Supremo (TS) que anuló la compraventa. Al respecto, aseguró que como letrado que llevó este asunto, tiene constancia de que la Junta jamás se personó en esta instancia, sino que tan solo lo hizo el Ayuntamiento. La Fiscalía se interesó por preguntar al último de los peritos qué había ocurrido con el 2% que le correspondía cobrar al ejército pero que no lo hizo por no estar integrado en la junta, a lo que no supo responder. Otros peritos cuantificaron en 26 el número de recursos presentados tras la venta.