NC considera que el acuerdo al que han llegado hoy CC y el PSOE para seguir gobernando en Canarias implica "la vuelta al redil" de los nacionalistas por parte de los socialistas y que la crisis que estos socios mantienen desde hace 16 meses "continúa".
Así lo ha manifestado el presidente de NC, Román Rodríguez, después de que el PSOE y CC hayan anunciado en sendos comunicados con el mismo contenido que han cerrado un acuerdo que permite "superar" sus "diferencias" y seguir sustentando el pacto por el que gobiernan en Canarias.
Para Rodríguez, este acuerdo representa que el Gobierno canario sufre "una crisis sin precedentes", como se ha venido demostrando, en su opinión, en los últimos 16 meses.
En opinión de Rodríguez, esta crisis continúa, a pesar del anuncio de hoy, e implica "la vuelta al redil y la subordinación de CC de los socialistas a cambio de migajas o cromos", como "laguna censura o un porcentaje en los presupuestos de 2017".
El presidente de NC cree que el acuerdo conocido hoy era uno de los dos desenlaces posibles del "montaje" que, a su juicio, ha organizado el presidente canario, Fernando Clavijo, y ha añadido que la otra alternativa para CC era conformar un nuevo pacto de gobierno con el PP, una opción que, según ha dicho, "sigue estando sobre la mesa".
"Este es un gobierno que ha demostrado que no está a la altura de las necesidades de la ciudadanía, que no gobierna y que antepone los intereses partidistas a los de la comunidad autónoma", ha aseverado Rodríguez.
El presidente de NC ha criticado que "ese reparto de cromos" haya retrasado la aprobación de los presupuestos canarios para 2017, un trabajo que sí han hecho otras comunidades autónomas, como Baleares, Andalucía y Castilla La Mancha.
Por ello, ahora lo que espera NC es que nacionalistas y socialistas "gobiernen, atiendan las listas de espera, a los desempleados, las necesidades de vivienda y que se gasten bien los recursos del ITE".
Desde una oposición "crítica y alternativa", NC tratará también de que CC y el PSOE "revisen" la Ley del Suelo y la que afecta al barranco de Güimar, al entender que perjudican el interés general de Canarias.