“La actual recesión económica ha agravado esta situación al generar una caída de la actividad económica y en consecuencia de cotizaciones a la Seguridad Social, por un lado, y mayores necesidades de prestaciones sociales, por otro.

Estas problemáticas coyunturales… se agravarán… a causa del envejecimiento de la población española, a causa del aumento del paro y a causa de la estructura financiera del sistema de la Seguridad Social…

Las decisiones que deberán adoptarse… no son coyunturales, sino de importante trascendencia, puesto que afectan a aspectos fundamentales del sistema de pensiones y por consiguiente deberían adoptarse sobre la base de una reflexión realizada en el ámbito del Congreso de los Diputados.

La problemática que amenaza la financiación de la Seguridad Social española tenderá a agravarse año a año…”

Así comienzan los antecedentes del informe de la Ponencia, conocido como Pacto de Toledo, para el análisis de los problemas estructurales del Sistema de la Seguridad Social y de las principales reformas que debían acometerse, aprobado por el Congreso de los Diputados en abril de 1995.

Lo traigo a colación para resaltar las similitudes con la situación actual: tras varios años de crisis económica se dan altas tasas de desempleo y caída de las cotizaciones, unido a cambios demográficos derivados del envejecimiento de la población y de una mayor esperanza de vida.

En 1995, en un escenario muy similar al actual, fue posible un gran acuerdo político y social para el mantenimiento, la sostenibilidad y la consolidación del Sistema que, tras más de veinte años, precisa de una urgente revisión.

En la anterior legislatura, el Partido Popular, amparado en su mayoría absoluta, adoptó medidas unilaterales, rompiendo consensos y echando mano del Fondo de Reserva de la Seguridad Social que ha ido estrechándose al punto de peligrar los ahorros de la “hucha” de las pensiones.

El deterioro y el déficit de la Seguridad Social es uno de los principales problemas a los que se enfrenta el nuevo Gobierno de España, que tiene el reto de recuperar el Pacto de Toledo y los consensos perdidos, abriendo un debate sereno y alejado de posiciones partidistas a fin de pactar, con todas las fuerzas políticas y con los agentes sociales y económicos, las reformas precisas para lograr la adaptación del sistema a la realidad actual, creando las condiciones que permitan su sostenibilidad.

Será necesario el compromiso de todas las fuerzas políticas, en el que Coalición Canaria colaborará, de manera responsable, y donde pondremos como prioridad el incremento de las pensiones no contributivas propiciando la confluencia progresiva con el salario mínimo interprofesional.

Canarias es de las comunidades autónomas con mayor número de pensiones no contributivas y donde este problema afecta especialmente a las mujeres de edad avanzada. Casi 44.000 familias canarias dependen de una pensión de poco más de 300 € al mes, unos ingresos muy por debajo de lo elemental para cubrir gastos mínimos.

La mayoría son personas que trabajaron toda su vida pero que no pudieron cotizar porque emigraron, trabajaron de forma precaria y sin seguro en la agricultura, en la mar, en el servicio doméstico o en las primeras etapas de la construcción o el turismo.

Algunos, un día descubrieron que su empresa nunca cotizó por ellos o no el tiempo suficiente para alcanzar las prestaciones del nivel contributivo.

Esta situación de precariedad debe corregirse incrementando las partidas en los Presupuestos Generales del Estado porque, después de la recomendación del Pacto de Toledo sobre separación de fuentes de financiación, las pensiones no contributivas no corren a cargo de las cotizaciones, ni mucho menos del Fondo de reserva, sino que su financiación se fija cada año en la Ley de Presupuestos mediante aportaciones finalistas.

Éste sería el objetivo en el que nos tenemos que comprometer todas las fuerzas políticas, para garantizar fondos en la hucha de las pensiones.