La Fiscalía ha rebajado en 9 años las peticiones de cárcel para los cuatro directivos de la Junta de Compensación de Las Teresitas por los supuestos delitos de apropiación indebida y falsificación de documento. El Ministerio Público rebajó en 13 meses las multas a todos ellos al considerar los once años que ha durado la instrucción de este sumario y por lo tanto las posibles dilaciones indebidas.

De esta manera, al asesor de la Junta de Compensación, Mauricio Hayek, le pide cinco años de cárcel, en vez de ocho y diez meses de multa en lugar de 15. Para el tesorero, Clemente Martín, y el presidente, Jerónimo Delgado, solicita tres años para cada uno, en vez de cinco, y rebaja las multas de diez a siete meses. En el caso del secretario, Álvaro Fernaud, la petición de cárcel sería de dos años en lugar de cuatro, y dos meses de multa en vez de cuatro. Lo que se mantiene es la responsabilidad civil, que asciende a dos millones en el caso de Hayek y a 126.000 para el presidente y el tesorero.

El fiscal estimó que existen motivos suficientes para considerar que Hayek incurrió en una apropiación indebida y además lo hizo "en el sentido estricto de la palabra". Cree delictivo que el abogado hubiese ingresado en sus cuentas 851.000 euros que estaban destinados a pagar a Defensa en caso de que sus reivindicaciones sobre la batería militar prosperaran en los tribunales. No ocurrió así, pero Hayek no devolvió el dinero sino que lo convirtió en un fondo que generó sus correspondientes intereses.

Lo mismo ocurrió con las reclamaciones de una cadena hotelera, tampoco Hayek devolvió el dinero, pese a que la sentencia resultó desfavorable a la Junta. Los hechos serían aún más graves dado que la empresa compradora, Inversiones Las Teresitas (ILT), debía haberse subrogado todas las obligaciones. En cuanto a cobros de cantidades por parte de los directivos, pese a ser cargos gratuitos, considera que fueron "decisiones unilaterales, lo que apunta a la existencia de connivencia en la junta de delegados y por tanto se habría incurrido en administración desleal".

Considera que el hecho de que Hayek pidiera el cobro del 6% de la venta en el momento en el que contrataron sus servicios en 1986 demuestra que desde un principio la intención fue vender, lo que no es finalidad de las juntas de compensación. Pero, además, ese porcentaje nunca se aprobó en asamblea general, al igual que ocurrió con "las gratificaciones" cobradas por los directivos.

Calificó de "inveraz y falso desde el primer párrafo" el documento suscrito por el secretario que atribuía a Hayek un coeficiente superior "que no se sabe de dónde salió". Las sospechas apuntan a que fue el propio abogado el que se lo atribuyó, tal y como se demostraría en los documentos encontrados en su despacho. La naturaleza de este documento sería pública en cuanto que las juntas son tuteladas por los ayuntamientos. También detectó determinados redondeos al alza a su favor y así, en el caso de la Urbanizadora Santaella, llegó a percibir una diferencia de 140 millones de pesetas.

En 1998, cuando vende su participación en la empresa Mar Terre, Hayek ingresa 166 millones que justificó como honorarios, lo que despertó las sospechas de la policía judicial. Todo ello, además, "sin un soporte que justifique que se le atribuya un beneficio superior o distinto al de la escritura de constitución de Mar Terre", donde ostentaba el 30% del accionariado.

El fiscal rechazó que las diferencias entre los cobros de los miembros de la Junta de Compensación se deba a los gastos de urbanización. "Parece que estamos hablando de Acapulco porque es falso, tan solo se urbanizó una finca". Relató los cobros de Hayek durante el proceso que suman 8 millones de euros. Criticó que muchos conceptos se paguen dos veces o que no se sepa dónde está el 2,8% de participación de Defensa. Calcula en 246 millones de pesetas lo que se habría dejado de pagar a los vecinos que fueron expropiados pero a los que no se le ha entregado cantidad alguna.

Pedro Revilla, el abogado de Hayek, reconoció el "esfuerzo titánico" que desplegó la Fiscalía para justificar que su defendido ha dado lugar a un perjuicio de 800 millones de pesetas. Al contrario, cree que no sobrepasa los 20.

Revilla redundó en la teoría que ha defendido a lo largo del proceso judicial de que las diferencias en los cobros se debe a que no todos aportaron lo mismo en cuanto a cuotas extraordinarias u ordinarias o a las obras que se llevaron a cabo. Recuerda que en estos momentos los titulares de 17 parcelas tienen cheques por un total de 1,4 millones de euros depositados en la Gerencia de Urbanismo y que se corresponde al precio de la venta cerrada en 1998. Justificó que los directivos cobraran por la complejidad de las labores que tuvieron que desarrollar a lo largo de muchos años. En el caso de Hayek dice que se fijó el 6% de la venta como honorarios porque es "un experto urbanista". Pero en cualquier caso cree que se trata más bien de un asunto civil.

Recordó que el abogado ha seguido dirigiendo pleitos de la Junta hasta el año pasado y de ahí los cobros percibidos. Negó que se apropiase del dinero para pagar a Defensa, sino que los directivos decidieron que lo utilizara para saldar las deudas. Recordó que una inspección tributaria no detectó ninguna irregularidad. Las acusaciones sobre los cobros de Santaella están basados, dijo, en "vagas sospechas", como reconoció la policía. En definitiva, pidió la absolución y dijo que en gran parte este pleito se inicia porque su defendido "debe ser una persona que cae muy mal", señaló.

El abogado de la acusación particular, Pedro Arcila, consideró que Mauricio Hayek había incurrido en "cobros injustificados" y achacó al ayuntamiento no haber ejercido su labor de tutela en la Junta. No tiene duda de que los pagos se tenían que haber hecho basándose estrictamente en los coeficientes recogidos en el proyecto de compensación. Al contrario, detectó "toda una estrategia para cobrar lo máximo posible" por parte del abogado.

"Esto ha sido un engaño desde el minuto 1"

José Abitbol, defensor del tesorero, Clemente Martín, arremetió contra Hayek en parte de su intervención y lo acusó de haber cometido "un engaño de tal magnitud que no se puede concretar en un solo acto sino en varios a lo largo de 20 años". En concreto, dijo que a su defendido "se le engañó desde el minuto uno". Y ello es así dado que no debía haber seguido ostentando este cargo tras la venta cerrada en 1998. Recordó que cuando asumió el puesto era un maestro de primaria jubilado que "no tenía ni idea de cómo interpretar un balance o gestionar una junta". Justificó los cobros recibidos por la labor desarrollada a lo largo de varios años en los que atendió a alrededor de 180 personas para entregarles los cheques que les correspondían. Pidió la absolución.

Miguel Rodríguez, como representante del secretario, basó su discurso en negar que hubiese falsificado documento alguno y cree que los hechos ya han prescrito. Dijo que en varias ocasiones se le confunde con su padre, que ocupó ese mismo cargo. "Él no podía saber si los porcentajes eran correctos o no", defendió para añadir que existe una absoluta falta de dolo y que se trata de un tema particular con Hayek.

El otro abogado de la acusación particular, Mario Machado, considera que todos los integrantes de la Junta resultaron perjudicados. Detecta la contradicción de que se reconozca que los residentes en Montaña Morera pueden residir en sus casas, aunque el suelo aparezca a nombre de ILT.

El abogado del presidente, Gerardo Hernández, también defendió el derecho a cobrar el 1% de la venta en concepto de gratificación. En cualquier caso estima que la actividad desplegada justifica estos cobros que sí fueron avalados por la asamblea en el momento en el que se aprobaron los presupuestos. En definitiva, sostiene que durante este proceso judicial no se ha demostrado la existencia de connivencia alguna y por ello pide su absolución.