Es muy común oír decir a la izquierda de este país que durante este periodo de crisis los gobernantes de derechas -obviando que en la España de las autonomías existen gobiernos de distintos signos ideológicos-, mientras se privatizaban las ganancias se socializaban las perdidas; y puede ser que lleven razón; pero nadie ha mencionado el hecho de que, mientras algunos particularizan de forma sectaria el acto de decidir del conjunto de los españoles, se olvidan de la necesidad pedagógica de socializar la responsabilidad de quienes optan por respetar la ley y la constitución.

Y precisamente pedagogía es lo que necesitan muchos de nuestros políticos. Ya que algunos, demasiados, son analfabetos funcionales y su propia ideología sectaria e intolerante les limita la capacidad de discernir entre lo que está bien o mal desde un punto de vista político, legal, ético e incluso moral. El reino de España, como otros tantos países democráticos de nuestro entorno, se caracteriza por defender el Estado de derecho que, como cabe esperar y desear, significa que es el Estado, y todas sus instituciones, el que está sometido y limitado por el derecho; y lo es en oposición al los estados absolutistas y dictatoriales.

Por consiguiente, el poder emana del pueblo y, tal y como se recoge en el artículo 2 del Título Preliminar de nuestra Constitución, "la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado". La soberanía no reside en los territorios, ni en una parte del pueblo por muy políglotas, sentimentales, ricos o menesterosos que pudieran ser; no, reside en todo el pueblo español en su conjunto. Y esto, que parece de Perogrullo, les cuesta trabajo digerirlo a ciertos sectores nacionalistas, que se empeñan en desafiar de forma reiterada al propio Estado de derecho saltándose la ley y las sentencias de los tribunales a su mera conveniencia.

Por consiguiente, ninguna persona ni institución debería estar ni situarse por encima de la ley; de lo contrario, se romperían los principios y valores de libertad, justicia e igualdad que es lo que nos hace pertenecer a un Estado social y democrático de Derecho. El que en España coexistan diferentes pueblos, cada cual con su propia cultura, lengua e historia -Cádiz se puede remontar hasta tres mil años cuando los fenicios-, no es óbice para que una vez constituidos y unificados en reino -ya sea en la época de los visigodos o ya fuera hacia el siglo XV con los Reyes Católicos-, podamos ser capaces de evolucionar como pueblo hacia un futuro común.

Menos aún debemos consentir que algunos políticos nacionalistas e independentistas, que se creen dotados por "la sonrisa del destino" de una superioridad moral de la que en realidad carecen, ignoren o tergiversen la historia revistiéndola de victimismo falsario para conseguir objetivos espurios, utilizando además la lengua y la educación como herramientas de control, sumisión, exclusión y adoctrinamiento para asentar sus propias ideologías e intereses particulares o de partido en la sociedad a la que se supone deberían servir, que no servirse de ella para, al final, intentar romper el actual modelo de convivencia.

Ahora resulta que todos los políticos que odian a España tienen en común el deseo irrefrenable de romperla en pedazos; y a este traidor y pernicioso juego lo mismo se apunta los nacionalismos de derechas que la izquierda más populista y reaccionaria o los anticapitalistas de medio pelo; de hecho, es lamentable que la mayoría de la sociedad civil contemple este esperpento político con una peligrosa displicencia silenciadora. El último disparate ha sido la idea del alcalde cantonista de Cartagena, que ha propuesto la independencia de su ciudad de Murcia; y, para ello, ha expuesto el derecho a decidir de la ciudadanía cartagenera. Total, ya puestos a proponer por qué ellos no. ¡País! ¡Que Dios nos coja confesados!

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