La Ley del Suelo que promueve el Gobierno de Canarias acierta en gran parte de su diagnóstico de la realidad urbanística y territorial de las Islas, incluye medidas que pueden desbloquear el planeamiento e incentivar la inversión y, además, ha sido elaborada a través de un proceso participativo sin precedentes en la Comunidad Autónoma. Sin embargo, incurre en una carencia que puede comprometer toda su eficacia: la falta de recursos financieros.

Ese es el análisis, a grandes rasgos, que hace el Centro Atlántico de Pensamiento Estratégico (Catpe), el "think tank" presidido por Ángel Ferrera, del proyecto "estrella" del Gobierno de Fernando Clavijo. El Catpe entiende que el Ejecutivo ha acertado al centrarse en el "bloqueo generalizado del planeamiento urbanístico y territorial" como uno de los problemas que obstaculizan el desarrollo de las Islas. La Administración también admite que el equipo redactor de la norma da en la diana al diagnosticar la "inoperatividad de la gestión pública como consecuencia de las incongruencias internas del sistema", y al señalar la "falta generalizada de cooperación entre administraciones", la "carencia de unicidad normativa" -en alusión a la tan criticada "maraña legislativa" alrededor del suelo y el territorio- y el "elevado porcentaje de judicialización de las resoluciones administrativas de la Cotmac (Comisión de Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente de Canarias)".

La ausencia de claridad normativa y la inseguridad jurídica que comporta derivan en el "estigma" para las Islas como "una plaza de alto riesgo para la inversión", a pesar de "las excelentes condiciones en cuando a expectativas de rendimiento".

No está tan certero el Gobierno, a juicio del centro, cuando "no se involucra en la carencia crónica de recursos financieros y medios humanos". La asignación presupuestaria ha seguido, en este sentido, una tendencia "errática" durante los últimos doce años, hasta el punto de hacer inviable la consecución de los "ambiciosos objetivos" que dicen perseguir los regidores públicos.

Catpe coincide también con el grueso de los objetivos hacia los que se dirige la Ley del Suelo. Así, cree "imperiosa" la redistribución de competencias entre las tres administraciones implicadas en la gestión del territorio, considera necesario articular mecanismos que permitan prever con cierta "certeza" los plazos de los trámites territoriales y urbanísticas y celebra la "integración de la ordenación urbanística y medioambiental bajo una única estructura orgánica".

La simplificación y racionalización de los sistemas de planeamiento constituye otros aciertos del proyecto, desde el punto de vista del "think tank", que aplaude la forma en que se aborda "la inaplazable actualización de la legislación básica y comunitaria" y resalta los principios que, en el texto, inspiran la actuación administrativa: "legalidad, proporcionalidad y menor intervención", así como su "transparencia". Del mismo modo, muestra su satisfacción con la aprobación monofásica de los planes generales -directamente por los municipios-, el balance entre "conservación y expansión" que propone y la regulación del suelo rústico "según su propia naturaleza y con sujeción a las necesidades de modernización y mejora de la competitividad del sector primario".

La "imprevisión de ficha financiera" es, para el centro, tal vez la carencia más importante del proyecto -aunque no la única- porque pone en riesgo la implementación del nuevo marco legal, la formación del funcionariado encargado de aplicarlo y las políticas formativas en materia de planeamiento. El Catpe demanda al Ejecutivo que acompañe la ley de "la debida evaluación y previsión de los recursos financieros", y recuerda que este y otros defectos pueden poner en peligro que la norma surta los efectos deseados. "Esta futura Ley del Suelo no convierte por sí misma una Administración ineficiente en una Administración eficiente", advierten los autores del informe del "think tank", que se refieren al "acceso al uso pacífico y legítimo de los recursos" como el "objetivo último de la gestión del territorio".

Los planes generales, un "cajón de sastre"

El Centro Atlántico de Pensamiento Estratégico opina que los planes de ordenación deben recuperar su dimensión urbanística y territorial y dejar de ser el "cajón de sastre" en el que se han convertido en los últimos años. El "think tank" presidido por Ángel Ferrera ve urgente una mayor concreción y simplificación de los contenidos de estos instrumentos que, a su juicio, han experimentado un crecimiento "enciclopédico" que ha repercutido en un mayor coste y en una inferior eficiencia.

En este aspecto, el proyecto de Ley del Suelo "no avanza gran cosa" respecto a lo que lo hiciera la ley de simplificación aprobada por el Gobierno canario -entonces presidido por Paulino Rivero- en 2014, si bien el Catpe reconoce que el texto incorpora "una delimitación más precisa del contenido de cada uno de los instrumentos de ordenación fundamentales". "Mínimo contenido y máxima simplicidad" es, según el centro, el principio que deberían seguir estos planes.

Otro de los reparos expuestos por el Catpe se refiere a las "deficiencias" del marco regulatorio encaminado a favorecer la implantación de energías sostenibles.