El exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo ha asegurado hoy ante el tribunal que le juzga por haber comprado terrenos en Las Teresitas a más del doble del valor que daba a ese suelo el propio Ayuntamiento que fue el empresario Ignacio González quien le "impuso" el precio, con un "lo tomas o lo dejas".
La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife ha comenzado esta mañana a interrogar a los procesados en el "caso de Las Teresitas", tras haber escuchado a lo largo de los dos últimos meses a todos los testigos y peritos propuestos por las distintas acusaciones y defensas, en una sesión que ha abierto Zerolo, alcalde en 2001.
Miguel Zerolo, entonces miembro de CC, ha asegurado que en aquellos momentos desconocía que la arquitecta municipal, Pía Oramas, había tasado los terrenos en 19 millones, y ha remarcado que las valoraciones que él manejaba iban desde los 72 millones de euros que pedían inicialmente los empresarios, hasta 60 millones estimados por Tinsa o los 47 millones que calculaba la Sociedad de Tasación.
El exalcalde ha asegurado que el precio final "lo impuso" el también procesado Ignacio González en una reunión que dice haber mantenido con él en junio de 2001, en la que este le planteó "un ultimátum": o el Ayuntamiento pagaba los 52,5 millones que finalmente exigían como precio, o ellos construían en el frente de la playa.
Zerolo ha alegado que, si no ha hablado hasta hoy de esa reunión con Ignacio González, es porque nadie le había preguntado por ella y ha explicado que creyó que el precio pagado era "un negocio perfecto para la ciudad", porque frenaban la edificación del frente de la playa y el municipio recibía una parcela que le permitía recuperar la inversión, ya que en ella cabía construir un hotel.
En la sesión también ha comparecido el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, para el que la fiscalía pide ocho años de prisión, los mismos que para Zerolo.
A preguntas de la fiscal, María Farnés Martínez, Parejo ha asegurado que en la tramitación del convenio de compraventa de los terrenos del frente de playa actuó en todo momento con el consentimiento y bajo las directrices del alcalde, que tenía conocimiento de la evolución del proceso.
Manuel Parejo ha responsabilizado a los funcionarios Víctor Reyes, José Tomas y Epifanio Gómez de las negociaciones técnicas del convenio de compraventa, en las que además de pagar 52,5 millones de euros por el frente de playa se trasladaba el aprovechamiento urbanístico a las parcelas del Valle de Las Huertas, propiedad de los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González.
La fiscal llegó a preguntarle que si las decisiones las tomaban los técnicos, qué hacían los políticos en el Ayuntamiento.
Parejo admitió que el Ayuntamiento contaba con tres valoraciones previas de los terrenos, en torno a los 19 millones de euros, una de ellas de la arquitecta municipal Pía Oramas y las otras de la Universidad Carlos III y del gabinete de tasaciones Pool Gest.
Pero según Parejo no se trataba de tasaciones, sino de "trabajos internos" del Ayuntamiento.
No se incorporaron al expediente porque "no arrojaban conclusiones claras y no permitían fijar una posición concreta en la negociación" con los empresarios, señaló.
Entonces, y siempre por criterios técnicos según Parejo, se encargó una nueva valoración a Sociedad de Tasación que subía el valor hasta los 47 millones, seis millones menos de lo que finalmente se pagó.
Conocida esta nueva valoración, se decidió, "para tener aún más información", encargar otra tasación más, esta vez a Tinsa, que situó los terrenos en 60 millones.
Estas dos últimas valoraciones sí se incluyeron en el expediente de compraventa.
Miguel Zerolo había asegurado en su declaración que él nunca conoció que había valoraciones en torno a los 19 millones de euros por parte de Pía Oramas, Universidad Carlos III y Pool Gest.
Además, consideró razonable que se encargara una tasación a Tinsa dada la disparidad de precios entre las tasaciones de los empresarios (72 millones de euros) y la de Sociedad de Tasación (47 millones).
El exalcalde se desvinculó de cualquier decisión o intervención sobre asuntos urbanísticos ("soy de letras" y en las cuestiones urbanísticas "jamás tuve que ver", llegó a decir) y desmintió que él supiera detalles sobre expedientes e informes, de los que sólo leía si resolución final era favorable o no.
Insistió en que su participación fue exclusivamente de dirección política: evitar la construcción en Las Teresitas, que la playa fuera para la ciudad y resolver así un complejo contencioso de más de cincuenta años.
Pese a que el precio de 52,5 millones de euros fue fijado unilateralmente por los empresarios en un ultimátum lanzado bajo amenaza de construir y a que reconoció que él no revisó a fondo los términos del convenio, el exalcalde consideró que se trataba de un acuerdo "fantástico" y "maravilloso" por el que deberían ser felicitados todos los políticos y funcionarios que participaron.
Se trataba de un acuerdo "perfecto", "motivo de orgullo", merecedor de "voladores" y con el que "estábamos cuadrando el círculo", según lo describió en distintas fases de su declaración.
No sólo evitaba la construcción del frente de playa en un momento en el que el Ayuntamiento estaba "sobrado de dinero" para la operación, sino que además el municipio se hacía con una parcela hotelera cuya venta posterior podría suponer que la compraventa se realizara de hecho a coste cero.
Afirmó Zerolo que lamentablemente el asunto luego se politizó, pero aseguró que nunca tuvo "la más mínima intención de que los empresarios se beneficiaran".
Insistió en que toda la operación contó con informes favorables de los funcionarios municipales, incluidos el secretario del Ayuntamiento y el interventor.
El exalcalde, acusado de prevaricación y malversación, pero no de cohecho, explicó de todos modos a preguntas de la fiscal que fueron legítimos y no una operación de blanqueo de dinero los premios de lotería que obtuvo.
Consiguió un quinto premio en la Lotería de Navidad (ocho millones de pesetas) y a las dos semanas la pedrea en Lotería del Niño para las cien hojas que adquirió.
Zerolo, al igual que Parejo, se negó a contestar a las preguntas de los abogados de la acusación popular y del Ayuntamiento.
El presidente del tribunal, ante la protesta de los letrados, no permitió a estas acusaciones leer a los acusados las preguntas que traían preparadas.
Respecto al Ayuntamiento, el exalcalde dijo que no entiende que se persone como acusación y demande indemnizaciones a los acusados cuando tiene previsto vender la parcela hotelera que el municipio consiguió en la operación por 30 millones de euros.