El vicesecretario de Coordinación Municipal de CC en Tenerife y alcalde orotavense, Francisco Linares, se afana estos días en convencer a los siete concejales nacionalistas de Granadilla, a los cuatro del Puerto y a la alcaldesa de Arico, Elena Fumero, de revertir los gobiernos locales, desbancar al PP (y CCN, en el caso del municipio del Sur) y cogobernar con los socialistas, a los que deben dar las alcaldías respectivas. Sin embargo, y según fuentes solventes de CC a escala regional, en el seno del partido se da casi por perdida esta causa y se tiene muy asumido que tendrán que optar por expulsarles porque, en coherencia con el sentir mayoritario en los comités locales en esos municipios, no apoyarán la adenda acordada hace diez días con el PSC para reimpulsar el pacto en cascada en las Islas. Dichas fuentes consideran casi inviable que la negociación que, tras la Ejecutiva Nacional del sábado, se ha abierto con estos concejales dé frutos. La adenda firmada con los socialistas establece que, en 20 días desde la ratificación por ambos partidos del "repacto" (que tuvo lugar este sábado), deberá dimitir la alcaldesa de Arico, presentarse una moción de censura contra el alcalde portuense (PP) y revertir la situación en Granadilla, donde deberían cogobernar con el PSOE y devolver la Alcaldía a los socialistas en virtud del resultado electoral de mayo de 2015. No obstante, la sensación creciente en el seno de CC de que estos cambios eran casi imposibles se ha asentado con fuerza en las últimas horas y, según le apuntan a El Día, esta convicción ya es mayoritaria entre los nacionalistas a escala regional y también insular, sobre todo por las posturas hasta ahora de los comités locales. A pesar de ello, el secretario de Organización y portavoz en el Parlamento, José Miguel Ruano, indicó ayer a este periódico que aún confía en la capacidad de persuasión de Linares.

Las fuentes de CC explican a El Día que, por mucho que, de forma retorcida, se haya barajado en diversas instancias la posibilidad de que los expedientes de expulsión de los concejales y la alcaldesa de Arico tengan algún resquicio legal que les permitan recurrirlo en la vía ordinaria y recuperar los grupos y sueldos públicos, esta opción se topará con contingencias difíciles de prever. Entre otras, qué juez aborde cada caso, toda vez que, según recalcan, en el mandato anterior, y con casos como los de El Hierro, Tacoronte o La Palma, se dieron autos diversos y casi contradictorios en algunas partes, lo que debilita este recoveco como alternativa.

Quintero (AHI) recula ahora sobre La Frontera

El consejero de Agricultura, el herreño Narvay Quintero, señaló ayer a El Día que, a diferencia de lo que dijo cuando se presentó la censura en La Frontera contra AHI-CC por primera vez, en septiembre de 2015, ahora no dejaría el Gobierno si se consuma esa moción, entre otras cosas porque cree que la asamblea de AHI ni lo abordará. Según recalca, la situación con el PSOE ha cambiado tras el acuerdo de reimpulso del pacto. También influye que, a petición de AHI, CC y PSC dejaron fueran del acuerdo en cascada las administraciones herreñas incluso antes del segundo intento de censura (mayo). No obstante, la presidenta herreña y diputada, Belén Allende, subraya que harán lo que se decida en asamblea y que hace meses que optaron por cambiar su vínculo con CC, vigente desde 2003.