El Gobierno regional aprobó el jueves la remisión al Parlamento de los Presupuestos Generales para 2017, que contemplan un incremento del PIB del 2,3 por ciento, muy similar a la prevista para el conjunto de España, y la reducción de 36.000 desempleados. Los Presupuestos suman un importe de 7.300 millones de euros, un uno por ciento más que en este ejercicio, o cerca de un cuatro por ciento si se tiene en cuenta que el próximo año se destinarán alrededor de 180 millones menos que éste al pago de deuda. El cumplimiento de los objetivos de déficit y deuda permite que Canarias se apunte a mecanismos de financiación exentos de pago de intereses, y eso reduce las amortizaciones de deuda en una quinta parte. Considerando esos ahorros, y aún pendientes de fijar el marco presupuestario nacional y el techo de gasto, el aumento real del presupuesto para el próximo año será de 252 millones de euros, una pasta enorme en estos tiempos postcrisis.

De esos cuartos de más, Sanidad se lleva la parte del león: un aumento de casi 76 kilos, dedicados sobre todo a pagos de personal y incrementos de plantilla. También aumentan en 56 millones las partidas destinadas a políticas sociales, la otra competencia en manos del PSOE, y para compensar, el Gobierno sube la partida destinada Educación, otra de las grandes áreas sociales, con algo más de 42 millones, mientras que el esfuerzo destinado a inversiones se queda en cerca de 46 millones más. Esa es -a muy grandes líneas- la distribución de la pasta extra. Y supongo que nadie en ninguno de nuestros partidos parlamentarios se atreverá a criticar el aumento de los gastos sociales, porque hacerlo es poco popular e implica coste político. Sin embargo, solo a ojo de buen cubero, tiene uno la impresión de que el aumento en Educación ha sido más político que técnico. Por supuesto que pueden hacerse muchas cosas en Educación con ese chute de recursos. Pero las necesidades reales en esa Consejería no son tan prioritarias y acuciantes como en Sanidad o asuntos sociales. Educación puede dedicar esos recursos que llegarán sin haber sido solicitados por la Consejería para comprar paz laboral, extender la gratuidad de los libros de texto, financiar mejoras educativas o reparar las instalaciones escolares, que necesitan una importante puesta al día. Desde los tiempos del gigantesco empujón en infraestructuras educativas del primer gobierno Saavedra, en esta región no se ha acometido ningún gran proyecto en infraestructuras educativas. En ese sentido, es mejor meter el dinero para educación, colaborar con unas universidades en la práctica indigencia, apostar por el segundo idioma o reducir el número de alumnos por clase, que tirar el dinero en inútiles dispendios.

Pero es inevitable pensar que si el Gobierno ha decidido inyectarle cuartos en vena a la educación canaria, ha sido para equilibrar políticamente un presupuesto en el que la mayor parte del aumento del gasto ha ido a parar a las consejerías del PSOE. Ese dinero habría cundido más en Sanidad, o en Políticas Sociales, donde los problemas son más graves y perentorios que en Educación, pero también es cierto que resulta una técnica presupuestaria poco sensata concentrar los recursos solo en un par de departamentos. El exceso suele ser compañero del despilfarro. Y aunque el Presupuesto crece, tampoco es cuestión de bajar la guardia y tirar voladores.