La casa de La Era Vieja, en Adeje (entre la salida de la autopista y el barrio de Armeñime), se construyó hace muchas décadas, en la primera mitad del siglo XX, para alojar a temporeros de una importante explotación agraria de la época. Hace casi un mes, apareció demolida. Después de mucho tiempo sin personas que la habitaran, sus últimos moradores fueron unos ocupas. Un día salieron de la vivienda y, cuando regresaron, unas personas la habían demolido a base de golpes. Ahora, ni existe casa ni hay ocupas.

Los propietarios de viviendas ocupadas pueden recurrir a un proceso de desalojo por la vía judicial. Pero, desde hace algún tiempo, hay dueños de pisos, casas terreras o locales comerciales, por ejemplo, que optan por una solución "alternativa". No hay que pagar abogado, ni procurador, ni esperar tanto tiempo como requiere un trámite en los juzgados. Los "desalojos exprés" son, cada vez, más solicitados.

EL DÍA habló con un hombre que se ha especializado en este tipo de intervenciones para devolver un inmueble a su legítimo dueño. Prefiere guardar su anonimato y que lo identifiquen como "El loco callejero". Su principal zona laboral está en el Sur de Tenerife, pero también lo llaman de otros lugares.

Este "profesional" recuerda que a los ocupas el titular de la casa no les puede cortar el agua y la luz, ya que, en ese caso, lo podrían denunciar por coacciones.

"El loco callejero" señala que hay dos tipos de desalojos "por la fuerza". Uno de ellos es el amistoso. En este caso, el "mediador" contratado por el dueño del inmueble toca en la puerta y, de forma educada, explica a los ocupas la irregularidad de la situación. La persona consultada por EL DÍA dice que sus palabras habituales son: "Sabes que la casa no es tuya; además, no pagas el agua y la luz". Y la siguiente frase suele ser: "¿Cuánto necesitas para irte?". También se da el caso que los ocupas llegan a un acuerdo con el dueño para pagarle un alquiler mensual.

En dichos supuestos (un 20 por ciento), los ocupas "reaccionan bien" y abandonan el domicilio tras el tiempo prudencial que se les otorga.

Y el segundo tipo de "trabajos" tiene lugar cuando los ocupas "reaccionan mal" al requerimiento del "mediador". "El loco callejero" estima que suponen el 80 por ciento de sus intervenciones y en estos casos puede haber hasta peleas entre él y quienes no desean abandonar la propiedad ocupada.

Para poder acceder hasta estos domicilios, el "mediador" aprovecha que los ocupas salen de la vivienda y cambia el cilindro de la puerta.

Entonces, el individuo contratado por el dueño entra en la casa. Y cambian los papeles. Es decir, ahora son los ocupas quienes se quedan como antes estaba el dueño. Pero, además, los desalojados carecen de título alguno sobre la propiedad. Y los ocupas llegan a llamar a la Policía, pero los agentes poco pueden hacer si no logran atrapar "in fraganti" a quien cambia el cilindro.

Existe un tercer tipo de "desalojos exprés", que debe ser mucho más rápido y explícito. Consiste en que "el mediador" se mete de forma sorpresiva en el piso y obliga a que los moradores irregulares dejen el mismo en pocos minutos.

"El loco callejero" explica que su clientela es variada, desde particulares con elevados ingresos económicos a pensionistas; desde profesionales hasta inmobiliarias".

Para este "mediador", a veces hay entidades bancarias que venden viviendas con los ocupas en el interior. En esos casos, el precio de la casa se reduce de forma significativa.

Este "profesional" de los "desalojos exprés" afirma: "Sé que lo que hago es ilegal, pero también es una ayudita para la Justicia".

Sobre su papel en el proceso "alternativo", reconoce abiertamente que su aspecto físico es muy importante para intimidar o "hacer entrar en razón" a los moradores irregulares.

Sin embargo, "El loco callejero" afirma que también tiene un límite de tipo ético. "No hago desalojos cuando hay niños, eso no lo puedo hacer, por humanidad", indica.

Comenta que, a veces, las víctimas de las ocupaciones son pensionistas que no tienen suficiente dinero para afrontar un proceso judicial. A juicio de este "mediador", su trabajo también es una "ayuda social" para estas víctimas.

Por ahora, no le falta trabajo. Asegura que le encargan una media de 7 u 8 desalojos cada mes. Y, por cada uno de estos "servicios", cobra cifras de cuatro dígitos.

La rapidez para intervenir resulta clave. En la imagen superior se ve el complejo de San Rafael, en Las Américas, donde hubo muchos desalojos hace años.