La mejora de la calidad de las universidades españolas pasa por un sistema de acceso de estudiantes más exigente, nuevas reglas del juego a la hora de fichar al profesorado, una relación más fluida con el mundo empresarial y un modelo de negocio más realista. Estas fueron las principales ideas expuestas ayer por representantes de varias instituciones españolas en una mesa redonda moderada por la exrectora de La Laguna Marisa Tejedor en el marco de la jornada "La Universidad a debate".
En el encuentro, organizado por la Cátedra Pedro García Cabrera y celebrado en la Facultad de Derecho, participaron Alicia Fernández, catedrática de Filología Francesa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia; María José Alonso, catedrática de Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la Universidad de Santiago de Compostela; Daniel Alonso Ramírez, catedrático de Física Aplicada de la ULL; Ginés Salido Ruiz, catedrático de Fisiología de la Universidad de Extremadura; Aurelia Modrego Rico, profesora Titular de Economía Aplicada de la Universidad Carlos III, y Fernando Broncano Rodríguez, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad Carlos III.
Durante más de dos horas y media, los docentes -muchos de ellos con experiencia en gobierno universitario- subrayaron la necesidad de que las instituciones sean capaces de definir sus objetivos para "servir" a la sociedad, algo que, a juicio de la mayoría, no ocurre. Los ranquins internacionales que acostumbran a sacar los colores a los rectores no son adecuados para medir la realidad en la que se inserta cada centro.
Una fórmula interesante para hacerlo sería a través de "contratos programas por facultades" e, incluso, personales, sugirieron algunos de los invitados. La razón es que el presupuesto influye en los resultados, pero también la escasa coordinación de grupos de investigación, la ausencia de planes estratégicos y la desmotivación. La rendición de cuentas individual podría ser una solución. "Tenemos universidades que están totalmente aisladas de su entorno", denunció Broncano.
Sin embargo, el tema que más crispación originó fue el mecanismo "perverso" que existe en la actualidad para "fichar" a profesores. La crisis retrasa la edad de las nuevas incorporaciones y expulsa a las jóvenes promesas, pero, además, no se está atrayendo a los mejores porque prima la antigüedad y el currículo "escrito" frente a las competencias. Este sistema favorece que aparezcan "falsos ramones y cajales" y docentes que no son mejores que los que ya están. La consigna, coincidieron, debería ser justo la contraria: cualquier docente nuevo tiene que ser mejor que el mejor que ya está dentro.
Además, para conseguir que se vea lo que se hace -o lo que es más importante, que lo que se hace sale de la universidad- es fundamental repensar la inexistencia de materias que ahonden en la comunicación científica. Las universidades deben investigar, aunque no deben intentar ser excelentes en cualquier área, pero también han de transmitir ese conocimiento. "¿Lo logran los institutos universitarios y los parques tecnológicos? ¿Qué alianza mixta es más eficaz?"
Al mismo tiempo, el profesorado tiene que dar la talla. Igual que no vale evaluar al alumnado al tiempo que se evita la evaluación del profesorado, tampoco dar las clases sin ilusión ni interés. La principal correa de transmisión entre la universidad y la sociedad son los estudiantes, y si ellos hablan mal de la institución que los está formando, ¿qué pensará el resto de la opinión pública? Eso sí, los estudiantes que hablen bien o mal deben ser "los mejores". Los expertos no comparten que la universidad sea café para todos y abogan por cribar mejor al alumnado.
Por último, solo País Vaco y Cataluña se salvan del mal generalizado que arrastra el sistema, y lo hacen gracias a fórmulas de potenciación de la investigación que se han acometido desde fuera de las universidades (programas Icrea e Ikerbasque). La paradoja, lo reconocieron ellos mismos, es reveladora.
Los consejos sociales no están sirviendo para estrechar la relación entre la sociedad y la universidad. Eso es lo que piensan todos los representantes universitarios que se dieron cita en el encuentro celebrado ayer en la Facultad de Derecho. Así, lamentaron que el papel de estos órganos se haya reducido a una mera labora fiscalizadora de los presupuestos universitarios.
La crítica fue unánime, pero el profesor Ginés Ríos fue el mas contundente. "Creo que están vacíos de contenido y hay que reformarlos". A su juicio, sus atribuciones originales son muy coherentes, pero no se les ha sacado provecho y "su figura debería ser reconsiderada".
La función del consejo social derivó hacia un debate más profundo: la relación de la universidad con la sociedad donde habita. La farmacéutica María José Alonso dijo que las universidades deben plantearse si están ofertando al alumnado un valor añadido, un plus formativo que realmente les distinga en el mercado laboral y que no pueda obtenerse en otro nivel formativo. "Tenemos que demostrar nuestro valor a la sociedad con lo que ofrecemos".
La transferencia a la sociedad también hay que medirla, pero todos los presentes cuestionaron el sistema internacional de ranquins. No solo porque no responda a la realidad española, sino porque los indicadores que sí lo hacen no están sirviendo para diseñar políticas estratégicas.