El nuevo deslinde de Las Teresitas no incluye prácticamente ninguna novedad sobre el que está vigente desde el año 1961. Como consecuencia, desde la mitad de la playa hasta el final, la línea se adentra en los aparcamientos y el fondo del acantilado. Esta delimitación viene a ratificar que hasta 35.000 metros cuadrados de terrenos adquiridos en 2001 por el Ayuntamiento de Santas Cruz a Inversiones Las Teresitas (ILT), eran y siguen siendo dominio público de Costas.
Este ha sido uno de los asuntos que con más insistencia se han planteado durante el juicio penal del caso Las Teresitas que se está celebrando durante estas fechas en la Audiencia Provincial. Y es que la Fiscalía Anticorrupción siempre ha defendido que desde el Ayuntamiento se pudo haber cometido un posible delito de prevaricación dado que el suelo público no puede ser comprado ni vendido y además tampoco es edificable. Razón esta última por la que se supone que fue adquirido en su día.
Otro punto conflictivo era el edificio de aparcamientos y centro comercial diseñado por el arquitecto Dominique Perrault conocido como mamotreto situado al principio de la playa. Pues bien, el nuevo deslinde lo deja exactamente en la misma situación en la que estaba. La línea no presenta variación alguna con lo cual sigue afectado por la servidumbre de protección, bajo responsabilidad del Gobierno canario. Y es en que los primeros cien metros a partir de la avenida de San Andrés el deslinde es idéntico al que está en estos momentos en vigor. A partir de aquí, y como única variación, discurre por el muro hasta la mitad del trazado con lo cual Costas gana una bolsa de terrenos ocupado por arena que en su punto de mayor profundidad con respecto a la línea anterior apenas alcanza los siete metros hacia el mar.
Por lo tanto, lo que tampoco varía es que desde la mitad de la playa hasta el final la línea se adentra en los aparcamientos y el fondo del acantilado, con lo cual se ratifica que durante las últimas décadas tanto el Ayuntamiento como ILT y la Junta hicieron suyos terrenos que eran de Costas. La historia de este entuerto denunciado por la Fiscalía Anticorrupción se remonta a los años setenta cuando la Corporación local llevó a cabo los trabajos para hacer la playa artificial.
En aquel entonces el ayuntamiento se acogió a la antigua ley que permitía que quien ejecutara los trabajos hiciera suyos los terrenos ganados al mar. El problema es que no se cumplió con el proyecto y por ello Santa Cruz nunca los pudo hacer suyos. No obstante, en el año 1989 cuando se llevó a cabo el proyecto de reparcelación los cedió a la Junta de Compensación de Las Teresitas a cambio de 50.000 euros.
Esta cantidad sería pagada en 2001, cuando el ayuntamiento compra por 53 millones a ILT el total de once parcelas de la playa de las que un tercio se corresponde a estos terrenos, lo que equivaldría a unos 17 millones del total. Desde hace años la Corporación local, la Junta de Compensación e ILT han batallado en los tribunales intentando que se les reconozca la posesión de los terrenos y asegurando que la sentencia del Tribunal Supremo (TS) de 1998 fijó que la totalidad de la línea de deslinde transcurre por el muro. Pero ya han sido varios los pronunciamientos que siguen ratificando esta delimitación fijada en 1961. Tan solo en su momento el TS abrió la puerta a que Costas justificara que los terrenos podían dejar de ser suelo público.
La respuesta es este nuevo deslinde que se encuentra en la actualidad en información pública durante un mes con el fin de recibir alegaciones y poder ser consultado tanto por particulares como por empresas y que no cambia en nada en ese punto con respecto al vigente.
En el año 2009 se aprobó otra delimitación que poco después fue anulada por los tribunales por haberse incumplido con determinados trámites administrativos, aunque en realidad era prácticamente igual al actual. El Ayuntamiento ha limitado a unos 9.000 metros cuadrados como máximo el suelo que se encuentra en esta situación.