Las áreas de Dependencia y Discapacidad contarán con 152 millones en 2017, 15 millones más que en 2016. Ese aumento de fondos, incluido en el anteproyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma y sujeto a modificaciones vía enmiendas en el trámite parlamentario, permitirá continuar aumentando el número de dependientes que están dentro del sistema nacional de atención, al que este año se han incorporado 4.100 usuarios nuevos, frente a los 2.000 que se registraron el año pasado.
Así lo explicó la directora de esta dirección general, Marta Arocha, que es consciente de que el camino es difícil y que "poner al día" la discapacidad en el Archipiélago es una tarea complicada, pero no considera que sea una utopía. La forma de cambiar la tendencia es destinando más recursos, "como se está haciendo", asegura.
Según sus cálculos, el Archipiélago ya está abandonando el vagón de cola y y podrá situarse a medio plazo en la media estatal si invierte 80 millones de euros de forma escalonada en los próximos cuatro años. Así, explica, no se cumplirán los augurios de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España, que advirtió recientemente que, sin una apuesta decidida, la Comunidad Autónoma tardaría 25 años en acabar con la lista de espera y cumplir con los derechos de estas personas.
"Cuando llegamos había 16.000 personas esperando y 14.000 atendidas, ahora le hemos dado la vuelta y es justo al revés", destaca. Además, Arocha defiende el impacto de la dependencia en la economía regional. "La dependencia genera empleo y es un motor importante en la economía canaria. Por cada millón de euros que inviertes en dependencia se generan treinta puestos de trabajo", destaca.
Para empezar a cambiar esta realidad, la Consejería de Políticas Sociales aprobó este año un "plan de choque" que incluía 26 contrataciones, 13 para cada provincia. El objetivo era que ese personal adicional sirviera para sacar adelante muchos expedientes que se acumulaban en la Dirección General. La financiación de este personal no está incluida en el presupuesto de la dirección general. La intención de Arocha y su equipo es que este personal se mantenga durante al menos dos años. Por ello, la Consejería de Políticas Sociales ha solicitado a la de Hacienda el mantenimiento de estos recursos, que es quien tiene que dar el visto bueno. De esta forma, explica la directora, se podrán seguir agilizando los procesos de valoración de la dependencia y de aprobación de los programas individualizados de atención (PIA).
Para Arocha, uno de los males de la ley de dependencia es el tijeretazo que ha acometido el Gobierno de Mariano Rajoy, que ahora mismo "aporta solo el 24% de la prestación".