La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, mostró ayer su respaldo a su homólogo en Sanidad, Jesús Morera, al considerar "acertada la decisión de rescindir el contrato" a la constructora Sacyr para realizar la tercera fase del Hospital del Sur "porque este tipo de actuaciones no las podemos tolerar". Aunque la prioridad es terminar el centro sanitario, "no podemos estar sometidos a extorsión". Además, "Sacyr no se comportó éticamente con el resto de empresas que se presentaron al concurso".

Sacyr ganó en marzo de este año el concurso convocado por el Gobierno de Canarias para construir cuatro quirófanos, tres paritorios y una planta de hospitalización del centro del Sur. Los trabajos comenzaron a finales de junio, pero las obras están paralizadas desde octubre, después de que la compañía pidiera, a finales de agosto, un incremento presupuestario del 10%.

Su oferta económica y de plazo de ejecución fue de 7.954.106,70 euros y 19 meses frente a los 10.492.020,00 euros y 30 meses que figuraban en las bases. Esas condiciones motivaron la adjudicación de un concurso al que concurrieron 16 compañías, entre ellas las más relevantes del mercado español (Acciona, Dragados, FCC, Ferrovial, Sacyr y OHL, entre otros), que se vieron superadas por Sacyr al realizar una bajada del 30% del precio de licitación.

La constructora Sacyr está a la espera de un encuentro con responsables de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias después de que su titular, Jesús Morera, decretara el viernes pasado el inicio del expediente para la rescisión del contrato que liga a las partes en la construcción de la Fase III del Hospital del Sur. La empresa no ha presentado las alegaciones hasta el momento, si bien aún no ha expirado el plazo de 10 días que tiene para hacerlo.

En el caso de que persista en su solicitud del 10% de incremento del presupuesto de adjudicación de la obra -petición que sustenta en un error de cálculo en la oferta que presentó-, Sanidad se incautará de la garantía depositada por la compañía y emprenderá las acciones necesarias para sancionarla. Las fuentes jurídicas consultadas mantienen que el importe de la mismas estaría en torno al medio millón de euros.

La paralización de la construcción conllevará una demora en la terminación de esta fase del Hospital del Sur, que se realiza anexa al área de Urgencias.

Desde el Gobierno canario, la consejera de Hacienda mostró ayer la disposición de su departamento para que la nueva licitación que se produzca "se pueda tramitar por la vía de urgencia", medida que tiene el propósito de acortar los plazos en la medida de lo posible, según declaró en Radio El Día.

Rosa Dávila entiende que "las empresas que hacen este tipo de prácticas debieran ser sancionadas". A su juicio, es inexplicable que "apenas unos meses después de la licitación, la empresa se presente con un problema de esta naturaleza que afecta a todos".

Cuatro meses después de iniciados los trabajos, la empresa adjudicataria debió haber tramitado certificaciones de obra por el valor de cientos de miles de euros. Sin embargo, lo presentado asciende a menos de 7.000 euros.

Sacyr sigue optando por mantener silencio y no ofrecer explicaciones, pero hay quienes esperan un solución no traumática.

Ciudadanos exige dureza contra la empresa

Ciudadanos (C''s) rechazó la actitud de la constructora y su coordinador regional, Mariano Cejas, exige al Gobierno de Canarias que "emplee la mayor dureza posible contra la empresa Sacyr y le exija que cumpla con las obligaciones adquiridas". En caso contrario, que "inicien un procedimiento de sanción que suponga la suspensión de la clasificación, de tal forma que se le impida contratar en un futuro".

Cejas entiende que "no se puede tolerar que los ciudadanos y los enfermos del sur de la Isla tengan que ver cómo, por culpa de una decisión empresarial, van a tener que esperar aún más por el hospital".

Para el coordinador canario de C''s, "los ciudadanos no pueden seguir siendo actores de las malas decisiones que se toman, ya sean políticas o empresariales". En esa línea, considera que si la empresa adjudicataria optó por "una baja temeraria para resultar seleccionada", tiene que "asumir ahora las consecuencias de su acto y cubrir el gasto de más que pueda generar la obra".

Mariano Cejas señala que Ciudadanos (C''s) ha pedido a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias que "si la empresa no cumple con la obligaciones contraídas se le sancione y se le suspenda la clasificación, de tal forma que se le impida contratar con las administraciones públicas". Asimismo, el coordinador regional de esta formación política solicita que, "en caso de que no se resuelva la situación, se aceleren los plazos por razones de urgencia para que se haga una nueva licitación en el menor tiempo posible".