El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, Juan José Cabrera, y la representante del grupo mixto municipal, Maeve Sanjuán (Nueva Canarias), han presentado un escrito por registro de entrada dirigido a la secretaria del ayuntamiento, en el que informan de que durante la comisión de investigación creada por la supuesta desaparición de multas de tráfico, que nace después de la advertencia presentada por varios agentes de la Policía Local que habían comprobado cómo sus denuncias no se estaban tramitando, ha quedado meridianamente demostrada la desaparición en la Alcaldía de unos 170 expedientes de sanción.
Esta afirmación nace de las manifestaciones realizadas durante la última reunión de esta comisión de investigación por la técnico municipal responsable del negociado de multas, que explicó sin ningún género de dudas y después de abrir y comprobar el programa de seguimiento de las sanciones, que existen sobre 170 expedientes que fueron cerrados entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2014 con el epígrafe (textual) "enviados a la Alcaldía/no devueltos".
El negociado de multas remitió los expedientes a la Alcaldía para la necesaria firma del responsable municipal, antes de ser enviadas a los infractores. Sin embargo, según el programa de seguimiento, nunca regresaron a este departamento para ser finalmente tramitadas; es decir, se evitó que los denunciados tuvieran que hacer frente a las sanciones propuestas por los agentes, que finalmente prescribieron o, para ser más exactos, se dejaron prescribir.
Los expedientes en cuestión tienen fecha entre el año 2011 y 2014, es decir, medio año con Juan Ramón Felipe (Coalición Canaria) de alcalde, dos años y medio con Sergio Matos (Partido Socialista) y el último año de mandato de Juan José Cabrera (Partido Popular). Algunos de los expedientes, un número mínimo para el volumen que se cuestionan, tienen algún tipo de justificación o anotación por la funcionaria responsable. Entre las supuestamente justificadas se encuentran la media docena de estas multas pertenecientes a 2014 (no aparece ningún otro expediente objeto de discusión en ese año), con Juan José Cabrera de alcalde, uno de los firmantes del documento presentado por registro de entrada.
EL DÍA no ha podido tener acceso, al menos por ahora, a la relación de expedientes "enviados a la Alcaldía/no devueltos", aunque diferentes fuentes consultadas por esta redacción han afirmado que entre ellas se encuentran vehículos de algún o algunos concejales de Santa Cruz de La Palma, además de personal del ayuntamiento.
El objetivo del escrito firmado por el portavoz del PP y la representante del grupo mixto, que como es lógico no señala al menos con nombres y apellidos al o los responsables de los hechos, no es otro que la secretaria municipal analice toda la documentación presentada, sobre todo las declaraciones de la funcionaria del servicio de negociado de multas, y si estima que puede ser constitutiva de un delito, la presente ante el Ministerio Fiscal.
A propósito, destacar que no se trata de una cuestión baladí. Al contrario, existen numerosos casos en el territorio español de inhabilitación durante años a cargos públicos municipales por precisamente perdonar multas. En Castellón, por ejemplo, un exconcejal del PP de Burriana fue inhabilitado durante diez años por este motivo. Lo mismo le ocurrió al alcalde de Yuncos, condenado a siete años de inhabilitación por prevaricar (según la sentencia) al anular de forma arbitraria multas, o incluso a un policía local de Torrejón de Velasco, que hizo lo propio con un conocido de su pueblo.
En el documento presentado por registro de entrada se solicita que no se convoque la comisión de investigación hasta que se determinen si los hechos denunciados son constitutivos de un delito.
"Pon tú la multa, que ya me encargaré yo de sacarla"
Un agente de la Policía Local elaboró un informe en el año 2013, que fue presentado ante uno de sus superiores, sobre dos incidentes que había sufrido con uno de los concejales del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, en concreto con Manuel Abrante, responsable de Infraestructuras, cuando se encontraba denunciando a vehículos municipales que estaban estacionados en la parada de guaguas. Siempre según la versión del agente, el edil socialista le preguntó en una ocasión de forma textual "¿qué haces? ¿Por qué estás denunciando estos vehículos que están autorizados por una tarjeta de estacionamiento? Nosotros estamos trabajando en los colegios y tú lo sabes. Antes de denunciar por lo menos avisa, que estamos ahí". El agente explicó al concejal que fue comisionado y las causas y finalidad de la intervención, informando de que al estar ocupada la parada, la guagua tiene que estacionar en el carril de circulación durante varios minutos. En la segunda ocasión, en el mismo lugar, se produce, así al menos se refleja el informe policial, un nuevo cruce verbal entre el mismo agente y Manuel Abrante. En esta oportunidad, se estaba produciendo "una retención del tráfico generada por el estacionamiento de tres vehículos con autorización municipal", por lo que incluso tuvo que "regular el tráfico". El edil se dirige "de una forma despectiva" y dice textualmente "anda pon tú la multa, pon tú la multa, haz lo que tengas que hacer, que ya me encargaré yo de quitarla (...) ya me encargaré yo de quitarla, haz tu trabajo". En medio del cruce de palabras, interviene un trabajador del ayuntamiento que recrimina al agente su actitud "¿por qué denuncias a los compañeros del ayuntamiento? ¿esto es una persecución? Ya me tienes cansado". Esta problemática llegó incluso a la vía judicial, aunque sin ningún condenado por la ausencia de testigos que declararan.
reacción
Sistema para controlar las multas. El alcalde, Sergio Matos, ha remitido curiosamente una nota donde se afirma que el ayuntamiento "tiene previsto implantar un nuevo sistema electrónico para la gestión de los expedientes de las sanciones de tráfico impuestas por la Policía Local". Se trata de un método basado en la utilización de dispositivos de comunicación de mano (PDA).