Cuando el reloj marcaba las 9:56 horas del 16 de noviembre de 2012, "hicieron más fuerte nuestro espíritu y consolidaron una nueva forma de entender la defensa de los derechos y de las propiedades, pero también empezaron a completar la materialización de su falta de rigor y arbitrariedad en la aplicación de la Ley de Costas, tal y como Sala del Tribunal Europeo de Justicia". Ese día y a esa hora empezó a ser demolida la casa de Tomás González, el "cabecilla" de Cho Vito, el poblado marinero del que cuatro años antes dejaron en pie nueve casas.
Tomás González dijo entonces y sostiene ahora que las cuatro administraciones y todos los partidos políticos son corresponsables de lo sucedido en el poblado marinero. Para él y para el resto de sus convecinos, la demolición de Cho Vito "ha sido una decisión política".
Este cuarto aniversario apenas ha sido reconocido. Desde que el 19 de noviembre de 2012 abandonaran el salón de plenos del Ayuntamiento de Candelaria, que ocuparon desde el mismo día 16 al carecer de alojamiento alternativo, los últimos desalojados de Cho Vito han seguido sus caminos, al igual que hicieron los que perdieron lo que era suyo en 2008. Pero ninguno ocupa una de las 11 viviendas a las que la administración se comprometió construir por encima del lugar que ocupó el poblado. De esas casas no hay ni una piedra. Quizá porque los vecinos no obtuvieron la financiación de la UE. Era otra condición del acuerdo que alcanzaron las partes.
Hablar hoy de Cho Vito es "sentirse orgulloso de haber contribuido a dejar en esta sociedad un modelo de lucha que se ha extendido y que a otros ha servido de mucho. Es nuestro legado. Pero no nos sentimos vencidos. Todo lo contrario. Europa sigue reclamando a España por habernos atropellado".