El PSOE se ha desmarcado esta tarde en el Congreso de una propuesta respaldada por el PP y Ciudadanos para impulsar una Estrategia Nacional de Justicia que, entre otras medidas, contempla que el sistema de elección de los vocales del CGPJ dependa directamente de los jueces y magistrados.

A falta de la votación final, todos los grupos, salvo PP y Ciudadanos, han descartado sumarse a una proposición no de ley que, a instancias de Ciudadanos, insta al Gobierno a impulsar un pacto de Estado para la mejora, modernización, agilización e independencia de la Justicia, con una serie de medidas que coinciden con la ''hoja de ruta'' expuesta por el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Lo han hecho porque consideran que el texto es un "documento cerrado de medidas" que no apela al diálogo ni al consenso, pese a que tanto Ciudadanos como el PP han defendido que "no se trata de un contrato de adhesión" sino tan solo de "un punto de salida" para pedir al Ejecutivo que impulse el dialogo con el resto de partidos.

Tanto es así que el diputado Francisco Molinero (PP) ha querido dejar claro que el documento "ni es cerrado ni trata de imponer recomendaciones al resto de partidos", y se dirige al Gobierno para que se ponga a ejecutar una serie de trabajos.

De entre todos ellos, sobresale la reforma del régimen de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que los doce de procedencia judicial sean elegidos directamente por los jueces y magistrados, y no por los partidos como viene siendo hasta ahora.

Su exposición ha estado en sintonía con la intervención de Ciudadanos, que a través de Marcial Gómez ha apelado al diálogo y al consenso para alcanzar un pacto de Estado con el conjunto de los partidos y los operadores jurídicos.

Dicho acuerdo recoge una batería de medidas como la restricción a las denominadas "puertas giratorias", la reforma de la Ley de Tasas Judiciales, más medios humanos y materiales para la administración de Justicia, una reforma del Tribunal Constitucional, más inversión en tecnologías y el fomento de la Oficina Judicial y Fiscal.

Pero el PSOE no comparte el plan de PP y Ciudadanos por estar "definido conforme al exclusivo credo" del partido liderado por Albert Rivera. "No es el camino adecuado", ha dicho Juan Carlos Campo, consciente de que sin el apoyo de los socialistas, el proyecto de Catalá en esta legislatura tendrá series dificultades para salir adelante.

Tampoco Podemos ha apoyado la iniciativa por incidir en la Justicia como un poder del Estado y no tanto como un servicio público a los ciudadanos. "No mezclen las tareas con las recetas que ustedes dan", ha dicho Eduardo Santos, al asegurar que el problema con el sistema de vocales del CGPJ no es la elección parlamentaria sino el "partidismo" que impera en su designación.

Ni PNV ni ERC se han sumado a la propuesta. Los primeros porque no están de acuerdo en que el Gobierno la elabore, ya que creen que debe emanar del CGPJ y trasladarse al Parlamento para su estudio; y los segundos por calificar el texto como "un queda bien con cierta pretensión y poco contenido".

Más crítica ha sido la intervención de la diputada del Partido Demócrata Catalán, Lourdes Ciuró, que ha aprovechado su discurso para arremeter contra Ciudadanos por erigirse en "adalid de la independencia judicial" cuando por otro lado "vota para que se realice un proceso político" contra el diputado Francesc Homs que "tendrá consecuencias".