Casi 15 años después de la solicitud de una licencia de obra para ampliar la galería comercial y transcurridos 12 de que el por entonces concejal Francisco "Paco" Gutiérrez resolviese que procedía la concesión de esta por silencio administrativo, los juzgados de La Laguna acogieron ayer la primera sesión del caso Alcampo, que se extenderá hasta el viernes y en el que están imputados por un presunto delito de prevaricación urbanística los funcionarios Vicente González Colino y Rosa María Paz, así como el citado edil.
Gutiérrez fue el primero en intervenir, y lo hizo con un discurso en el que se escudó reiteradamente en las decisiones de los técnicos para justificar las suyas y tratar de evitar la condena. "No conocía en profundidad los procedimientos porque no soy jurista", "Yo firmaba", "Yo no comprobaba nada; a mí me decían que eso se ajustaba al planeamiento", dijo en diferentes momentos de su comparecencia a preguntas del fiscal. Junto a ese desconocimiento, mantuvo el expolítico que acabó dando el visto bueno al detectar que había un error y que era necesario subsanarlo, que pesó la búsqueda de evitar el pago de indemnizaciones y que la Dirección General de Comercio del Ejecutivo canario respaldó el silencio administrativo.
Una de las cuestiones gordianas llegó, no obstante, en el último de los interrogatorios, el de Paz, que corroboró que, cuando en enero de 2004 se otorgó la primera de las licencias, Paco Gutiérrez contaba con un dictamen negativo realizado por ella (al no ajustarse la actuación al planeamiento y carecer de licencia comercial específica). Para esa aparente contradicción, un argumento que había esgrimido en su turno el otrora edil era que cuando la emitió tenía conocimiento verbal de que había un fallo de medición.
Según el relato de los hechos ofrecido ayer, fue más tarde, en abril, cuando la misma funcionaria acabó elaborando un segundo informe, para lo que se apoyó en un escrito redactado unos días antes por González Colino, en quien confiaba y que había apuntado en ese texto -y una vez utilizados medios informáticos a los que no recurrió otro profesional que midió anteriormente- que la obra se ajustaba a lo estipulado, salvando una cubierta. Este imputado también aseguró que procedió desde su "leal saber y entender".
En una sesión cuyo inicio se tuvo que retrasar prácticamente dos horas ante la lluvia que colapsó buena parte de las entradas a La Laguna, otro de los planteamientos utilizados fue que el proyecto que se aprobó en 2007 era el mismo que el de 2001, y la defensa de Vicente González -el conocido abogado Esteban Sola Reche- pidió en las cuestiones previas que se retiraran las acusaciones por tratarse de una licencia que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) validó en la vía administrativa; pero eso, a criterio del fiscal, no tiene que ver con las responsabilidades penales. Se resolverá en la sentencia, indicó la jueza. Por ahora, durante la jornada de hoy, declaración de testigos como Santiago Pérez y Gustavo Matos.
Una década e innumerables trámites
Una de las personas que en su día vivió de cerca el caso Alcampo reconocía el lunes a este periódico que de lo que se acordaba era de que la licencia para la galería comercial de Alcampo se había dado por silencio administrativo, y que de ahí el problema. No está imputado, no era una evasiva. Las dificultades para hilvanar un discurso al respecto tenían otro origen: el intrincado camino previo, lleno de informes de difícil memorización.
Según la prensa de entonces, la cronología de los hechos se prolongó durante casi una década. Concretamente, fue a comienzos de 2001 cuando Alcampo presentó la solicitud de aprobación del proyecto básico, tras lo que llegó la petición de licencia de obra. En torno a un año después, la Gerencia de Urbanismo determinó que se incumplía la normativa y comenzaron a aflorar las dificultades para los interesados. Y para el ayuntamiento. Ya en julio de 2003, la multinacional solicitó el permiso por la vía del silencio administrativo.
Vino después la negativa a expedir el certificado de silencio, un segundo y nuevo modificado del proyecto básico de Alcampo, la alerta por parte de Fedeco de que esa otra propuesta necesitaría de una previa licencia comercial específica del Gobierno de Canarias y el ulterior visto bueno del consejero-director de Urbanismo, Francisco Gutiérrez, para el permiso de obra a través del silencio administrativo.
Entre innumerables pasos más y cierres inminentes que nunca se llegaron a materializar -tras la anulación de las licencias-, el asunto acabó en la Fiscalía. Mientras tanto, en 2010, la galería en cuestión logró definitivamente la licencia de actividad y de obra mayor para la legalización de las instalaciones.