Ayer declararon las tres víctimas que se mantienen en el proceso judicial contra el exeducador de la Casa Cuna de Santa Cruz de Tenerife, que es acusado de abusos sexuales continuados y pornografía infantil a menores que en su momento fueron beneficiarios del citado centro, que depende del Cabildo de Tenerife.

Por decisión de los magistrados de la Sección Sexta, las declaraciones de esos afectados fueron a puerta cerrada en la sala número 6 del Palacio de Justicia de la capital tinerfeña.

El abogado de la acusación particular, el lagunero Carlos Pérez Godiño, que defiende a uno de los afectados afirmó tras la sesión de ayer que su defendido sufría presiones por parte del procesado si inicialmente se negaba a ir con él cuando este lo requería.

Es decir, que si llegaba a rechazar tener un encuentro con el acusado, porque ya estaba con su novia, pues el presunto autor de los delitos le recordaba que tenía fotos o vídeos sexuales suyos, con los que podía hacerle daño, según el letrado.

El abogado de la acusación particular indicó que su cliente mantuvo su postura firme en los aspectos fundamentales de la acusación contra J.C.

La mencionada víctima afirmó que estuvo en la Casa Cuna casi desde que nació. En el recurso asistencial también estaban dos hermanos que eran mayores que él y que lo protegían.

Cuando estos se hicieron mayores de edad y abandonaron el centro, dicho menor tenía 12 años y se sintió "desprotegido".

La "fragilidad" de ese afectado se veía incrementada por la circunstancia de que no recibía visitas de otros familiares, según Pérez Godiño.

Durante varios años, presuntamente J.C. llevó a cabo su proceso de progresivo acercamiento y "conquista" del adolescente.

Desde gestos de apoyo en los momentos difíciles (arrestos o retiradas de la paga, por ejemplo) hasta regalos como teléfonos móviles, dinero o consolas de videojuegos formaban parte de las maniobras de aproximación.

En base a la declaración efectuada ayer por la víctima, las relaciones sexuales comenzaron alrededor de los 15 años aproximadamente, según el letrado de dicho exbeneficiario del centro insular, que depende concretamente del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS).

Carlos Pérez comenta que su cliente sentía al exeducador como "una persona poderosa, con muchos contactos". Como ejemplo, recuerda que, una vez, cuando ya era adulto, el joven tuvo un problema en un puesto de trabajo y el ahora acusado realizó gestiones con un abogado que le permitieron resolver la situación. Con premisas como esa, dice Godiño que su cliente sabía que, igual que le ayudaba, también podía generarle problemas.

Pide 30.000 euros de indemnización

El Cabildo figura en el proceso como responsable civil subsidiario, para, si finalmente la Sección Sexta condena al acusado, hacer frente a las indemnizaciones a uno o varios afectados. La Fiscalía solicita 39 años de prisión para el procesado. La acusación particular pide 10 años de cárcel en base a los hechos sufridos por una víctima. Carlos Pérez Godiño pide 30.000 euros de indemnización para su cliente.