Ocurrió el pasado viernes, sobre las dos de la tarde, en la confluencia de las avenidas Marítima y San Sebastián. Motoristas de la Policía Local pararon una guagua que despertó sus sospechas. En el interior había 21 menores -en concreto niños de 12 años-, por lo cual se le incluye en la categoría de transporte escolar. Pero no estaba autorizada para desarrollar esa actividad, ni siquiera tenía la preceptiva tarjeta del Cabildo para poder circular, tal y como establece la ley.
Los vehículos dedicados al transporte escolar deben cumplir una serie de requisitos. Entre ellos no superar el límite de la antigüedad permitida, que es de 18 años. En este caso, lo hacía con creces y, según las fuentes consultadas, "de ahí que ni siquiera se hayan planteado solicitar la tarjeta".
El vehículo no está vinculado a ningún centro docente, sino que circulaba para trasladar a los chicos a una actividad extraescolar.
Los controles a las guaguas de transporte son habituales y suelen estar al día en cuanto a documentos y cumplir la normativa vigente. En este caso, la propiedad corresponde a la empresa de la mencionada actividad extraescolar. Los policías tramitaron las sanciones correspondientes y se comunicó al área de Transportes del Cabildo de Tenerife.
Ayer, desde la institución insular señalaron que "datos concretos no podemos facilitar hasta que lleguen las sanciones desde la Policía Local y se publiquen en el Boletín Oficial, pero es evidente que si se ha infringido la normativa, y parece que sí, habrá sanciones".
Esa normativa queda reglada por la Ley/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias.
En el apartado de Infracciones y Sanciones que va del artículo 102 al 110 se establecen todas las posibilidades inherentes a casos como el de esta auténtica "guagua pirata" que transportaba escolares. Incluso, podría llegarse a la inhabilitación para la actividad previa pérdida de la validez de los permisos y autorizaciones.
Cabe recordar que recientemente -como ya había ocurrido el pasado mes de mayo- otro servicio de inspección aleatoria de la Policía Local detectó comida de un cáterin destinado a un centro educativo concertado de la capital tinerfeña en un transporte que no reunía los requisitos necesarios. El lote de productos fue requisado para su análisis por Sanidad, que ratificó las irregularidades.