El caso Alcampo ya está visto para sentencia. La funcionaria acusada, Rosa María Paz, se repuso de la indisposición que la obligó a ausentarse el jueves y se celebró ayer sin mayores contratiempos la última de las sesiones, en la que el Ministerio Fiscal dio a conocer las condenas que solicita: nueve años de inhabilitación especial de empleo o cargo público para el exconcejal de Urbanismo de La Laguna Francisco Gutiérrez y siete para cada uno de los funcionarios que también están acusados -la anteriormente citada y Vicente González Colino-. A lo anterior se unen penas de seis meses de cárcel para cada uno de ellos por presuntos delitos de prevaricación urbanística.

Durante las conclusiones, el fiscal, Rafael Ruiz, reconstruyó en dos grandes apartados la laberíntica cronología de la ampliación de la galería comercial de Alcampo. Según su relato, solo el exedil actuó fuera de la legalidad durante la primera etapa, en la que se encuentra uno de los informes que ha tenido mayor protagonismo en las cuatro jornadas del juicio: el elaborado en marzo de 2002 por el aparejador jubilado Domingo Delgado y que avaló el jurista Tomás Bayo. La acusación defendió con convicción ese trabajo, en el que se recoge que el proyecto excedía la ocupación permitida, y sostuvo que no se ha demostrado que es erróneo, como sí han mantenido reiteradamente las defensas. Consideró Ruiz que fue un ejercicio de humildad lo que llevó a Delgado a utilizar en su testifical un tono poco categórico sobre la corrección de sus cálculos.

No solo el tándem Delgado-Bayo se expresó en sentido contrario, sino que, entiende el fiscal, también lo hizo posteriormente Colino (decía que la obra se ajustaba a lo estipulado aunque con la salvedad de una estructura anexa). Más tarde llegaría el pronunciamiento negativo de Paz. Pero nada de eso fue óbice para que Gutiérrez otorgase la licencia del 19 de enero de 2004, que, indicó Rafael Ruiz, marca el final de la legalidad. Junto a ello, recordó que las labores constructivas empezaron sin permiso y que no se incoó expediente sancionador. Si bien la empleada municipal Rosa Ana García dijo el jueves que no había medios para actuar en todos los casos, él significó que solo hacía falta "una silla, un ordenador y ponerse a escribir".

En adelante, lo "sustancioso", el denominado bloque B. Ahí se creó un "panorama reactivo" debido al recurso de alzada de Fedeco, el del grupo socialista, el requerimiento de la Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias para una revisión de oficio... Según el representante del Ministerio Público, eso fue lo que condujo al por entonces concejal de Urbanismo a atribuirse la facultad de resolver los recursos de alzada, y lanzó una pregunta retórica sobre que el acusado, que el martes recalcó que carece de conocimientos jurídicos, tomase esa decisión: "Habría que saber quién le dio esa base...". Y dejó otro dato: Alcampo aportó la fianza para las obras el día 21 de enero, mientras que la notificación la recibió el 23. "¿Por qué lo sabía dos días antes?", agregó.

Ruiz se detuvo en que el grupo socialista lagunero presentó una moción para la revisión de oficio de la licencia por parte del Consejo de la Gerencia de Urbanismo, que acabó "desdibujada" tras una enmienda. Fue en ese período de los hechos cuando Vicente González Colino apreció un desajuste de medición que el fiscal no comparte. "No está justificado el error por ningún lado, porque no había error", manifestó más adelante y antes de mencionar el informe que elaboró días más tarde, y apoyado en el de Colino, su compañera Paz.

Aunque había calificado lo ocurrido de "grosería jurídica de primer orden", tuvo palabras para la "presión" a la que en determinados casos están sometidos los técnicos. Fue en el cierre de su alocución, la primera de unas conclusiones que siguieron a la declaración del perito judicial Rafael Jaime Pérez, que expuso que el proyecto excedía la ocupación, pero en cifras inferiores a las de Delgado. Su declaración estuvo marcada en parte por las diferencias entre el abogado Esteban Sola y la Fiscalía a resultas de la insistencia del primero en una pregunta, ante lo que intervino la jueza, María Elena Hernández.