Faustino García Márquez es arquitecto urbanista. Ya está jubilado, pero no desiste de poner su capacidad pedagógica y su experiencia -fue director de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y, antes, uno de los artífices de la Ley de Directrices- al servicio de una causa que considera necesaria, la oposición a la Ley del Suelo de Canarias, con la esperanza, si no de paralizarla, sí de "encauzarla". Por el momento esta aspiración no se ha cumplido: los "escasos" cambios que se han introducido en el texto no han aminorado, a su juicio, sus potenciales perjuicios.

¿Ha mejorado algo la ley en su proceso de tramitación y tras la adenda al pacto de gobierno entre CC y PSOE?

Hay modificaciones. Algunas son claras, como la evaluación ambiental de impacto de los planes generales, que pasa a un órgano de la Comunidad Autónoma, aunque no se entiende muy bien por qué no se extiende a los planes insulares. También se recogen algunas de las Directrices, aunque no se detallan cuáles. El problema de las Directrices es que algunas, como las recogidas en el texto del proyecto de ley, no contienen medidas sustantivas, concretas. Pero el hecho de no ir simplemente a una derogación en bloque es un elemento favorable. Después está lo de no tocar los espacios naturales protegidos, que me imagino que se refiere, aunque no lo diga, a cambiar que se pueda clasificar suelo urbanizable y urbano modificando la legislación actual y que se pase de no permitir los nuevos usos residenciales a no permitir ni los nuevos ni los existentes. En cuanto a los usos del suelo rústico, lo único que hay es la intención de que se revise la amplia gama de usos ordinarios y no ordinarios que contempla el proyecto. Espero que todos estos aspectos se aclaren en el proceso de enmiendas.

Hace unos meses advirtió de que con la Ley del Suelo nos estamos jugando el futuro de las próximas generaciones. ¿Es tan grave?

Es grave, por varias razones. Al debilitar los planes insulares y el control de la administración autonómica y fortalecer excesivamente el poder territorial de los ayuntamientos, otorga las mayores competencias al órgano administrativo más débil, lo que debilita el control público. La mayor parte de los ayuntamientos carece de medios tanto para formular el planeamiento como para controlar. Otro motivo es el excesivo número de proyectos y procedimientos excepcionales que modifican el planeamiento. El principio de la planificación debe contar siempre con una vía de emergencia para casos excepcionales, pero en la ley se prevén ocho, no solo públicos sino también de iniciativa privada. Eso puede alterar la ordenación sistemática y democrática del territorio por actuaciones singulares, dispersas. El tercer elemento es el tratamiento del suelo rústico, que puede facilitar en determinadas áreas, casi sin límite de tamaños ni condiciones, un impacto notable y una presión especulativa sobre esos suelos. Será en determinados ámbitos, no es que vaya a producir un destrozo generalizado, pero la capacidad de daño es notable. En ese sentido, la ley tiene un enfoque ultraliberal y poco protector del suelo rústico. En determinados puntos puede ser contraria a la legislación básica, como advirtió el Consultivo. La responsabilidad de corregirla está ahora en manos del Parlamento.

¿La escasa capacidad de algunos ayuntamientos para ejercer las competencias que se les asignan puede obligar de nuevo a que sean asumidas por instancias superiores?

Es probable, porque ya ha ocurrido. ¿Para qué montar una ficción de entrega de competencias a unas administraciones si luego buena parte, por no decir la mayoría, no van a poder y tendrán que recurrir a las instancias insulares y autonómicas para que les cubran el expediente? Y esas instancias tampoco están sobradas, porque en los últimos años han sufrido grandes recortes. Pero también existe el peligro de que, teniendo instrumentos y procedimientos excepcionales para resolver problemas mediante proyectos singulares y no planificados en cualquier sitio del territorio, los ayuntamientos utilicen esa vía para no tener que realizar el planeamiento general.

Algunos ayuntamientos entienden que se está cuestionando su responsabilidad.

No creo que nadie haya pretendido decir que son menores de edad ni nada por el estilo. Las ilegalidades se producen en cualquier instancia. No creo que haya administraciones mejores ni peores en ese sentido. Pero sí hay administraciones que tienen una capacidad técnica, jurídica y económica determinada. Afrontar un planeamiento es muy complejo desde el punto de vista técnico y aún más desde el político. Es muy difícil que un ayuntamiento consiga en cuatro años un consenso suficiente en su interior para que un instrumento de ordenación sea compartido, gestionado y desarrollado. Los dos municipios turísticos por excelencia de Gran Canaria, más necesitados de un adecuado planeamiento, San Bartolomé de Tirajana y Mogán, llevan más de veinte años sin renovarlo. Y repito: no es solo un problema de los ayuntamientos, sino de la mayoría de los cabildos y de la propia Comunidad Autónoma.

Los proyectos de interés insular y autonómico han levantado controversia, pero ¿son algo nuevo o surten el mismo efecto que el artículo 47 de la ley actual, que permite suspender el planeamiento de forma excepcional en determinados ámbitos?

Es que el artículo 47 sigue existiendo. Ahora es el 169. La Comunidad Autónoma aún podrá suspender el planeamiento en una zona determinada de forma transitoria hasta que se modifique. La ley dice, además, que los convenios urbanísticos -acuerdos entre la administración y particulares- pueden modificar el planeamiento. En cuanto a los proyectos de interés, hay una diferencia muy grande. El artículo 169 es una acción exclusiva del Gobierno de Canarias. Ahora lo es del canario, los cabildos y, además, de iniciativa privada o pública. Es un tipo de proyecto que sí se ha dado en otras comunidades autónomas, con carácter solamente público para mover la economía o responder a una necesidad que surge. Es un instrumento necesario; otra cosa es su potencia. Es necesario limitar sus posibles daños y evitar que se pueda implantar de una forma incondicional. En cambio, las ordenanzas municipales e insulares son muy oscuras en sus límites y sus objetivos, y a los programas del medio urbano se les da una potencia que no tienen en la legislación estatal, porque pueden modificar el planeamiento, y además tienen un trámite mínimo. El alcance que se da a esos elementos es un error absoluto que espero sea corregido por razones legales. El Consejo Consultivo lo ha advertido, pero el Gobierno no ha aceptado esa indicación.

¿Abre realmente la ley la posibilidad de construir un hotel de 300 o 400 camas en suelo rústico?

Hay una frase abierta ahí que es fatal y que en una ley de este tipo es peligrosa. Después de citar una serie de usos, entre ellos el turístico, que pueden ser complementarios -y, por tanto, ordinarios y autorizados solo mediante una licencia municipal-, añade "y cualquier otro uso que genere renta complementaria". Eso es muy serio. ¿Cuántos usos legales o ilegales pueden generar renta complementaria a una persona, aunque se sigan plantando papas en una esquina de la finca? No se dice que se limiten los usos en suelo rústico a aquellas construcciones y actividades que deban estar en él, porque un hotel, salvo de turismo rural, no tiene por qué estar ahí. Esas acotaciones son imprescindibles para que no se puedan producir interpretaciones por parte de los ayuntamientos que den lugar a daños irreparables al paisaje o al suelo rústico en general.

¿Y suponen los usos complementarios un riesgo de desaparición de las actividades agrarias?

Los usos complementarios tienen la capacidad de ocupar hasta el 10% de la superficie de la finca y el 15% de la cultivada. Son porcentajes bastante altos, y además no se establece un límite, un tope. Pueden producirse daños que la ley en principio no impide. Si nuestro suelo agrario tiene, con gran diferencia, el valor más alto del Estado, no es porque sea el más productivo, sino por las expectativas urbanísticas. Si aumentamos muy notablemente la extensión de las actividades que se pueden implantar en el suelo rústico, lo que hacemos es subir su precio, con lo que puede quedarse fuera del alcance de los agricultores y competir con otro tipo de actividades, de carácter de ocio, comercial, etc., que podrían instalarse ahí y terminar desplazando los usos agrarios. Pueden quedar un par de cercados de papas, pero ya no serán propiedad de un auténtico agricultor, sino solo la necesaria zona que tiene que parecer que se cultiva para justificar la otra actividad, que se ha convertido en principal. Se salta de una legislación como la actual, que quizá contiene elementos de rigidez en el tratamiento del suelo rústico, a una liberalización excesiva.

¿Dejar el control de legalidad del planeamiento en manos de los ayuntamientos significa dejarlo en manos de los tribunales?

Siempre lo está (ríe). Últimamente los tribunales planifican más que las administraciones. Creo, en cualquier caso, que los tribunales van a seguir actuando porque el nivel de judicialización que ha alcanzado la actuación administrativa en Canarias, y sobre todo el planeamiento, es altísimo. Cuando la gente se ve limitada en el desarrollo de determinados elementos o agredida en sus derechos, automáticamente acude a la Justicia. Es verdad que la Cotmac ha tenido una conflictividad notable, pero en el futuro puede ser aún mayor. El control de legalidad por la Comunidad Autónoma no garantiza que no haya conflictividad , y nunca lo hará, pero es un elemento para limitarla. De hecho, en la última versión de la ley se dice que la Comunidad Autónoma advertirá de los posibles fallos de legalidad del planeamiento. La diferencia es que en el procedimiento vigente esas advertencias no son tales, sino una negativa a aprobar el plan, mientras que ahora el ayuntamiento las aceptará o no. Hay que pensar que, en buena medida, lo harán por razones de seguridad.

¿Qué opina de los mecanismos para compensar por conservar el suelo con valor paisajístico?

Que la actividad turística o edificatoria en las ciudades contribuya al mantenimiento del medio rural es una buena idea. Sin embargo, no me parece correcto que se convierta en un pago a los propietarios del medio rural, porque la legislación española establece que no hay derecho de compensación por las determinaciones que establece el planeamiento. En segundo lugar, la ley establece la obligación de los propietarios de conservar su propiedad rural en las debidas condiciones. No se debe pagar como derecho lo que ya constituye un deber. Finalmente, la solución es ineficiente. El pequeño propietario no se enterará ni siquiera de que le han ingresado en la cuenta los céntimos que le correspondan. Destinar ese fondo a hacer acciones de regeneración del paisaje concretas y específicas sería muchísimo más eficaz.

¿Era necesaria una nueva ley del territorio, aunque no fuera esta?

Desde el año 2003 se ha ido acumulando una enorme cantidad de modificaciones sobre la legislación del territorio. Así era incomprensible la ordenación legal del suelo. Es indiscutible que necesitábamos ya, y desde hace bastante tiempo, una nueva ley. Han pasado 17 años desde la anterior. Las cosas cambian y se detectan errores que había que corregir. Había que refundir y también simplificar. El problema es que la ley que se ha hecho no es la que se necesitaba. Teníamos que haber seguido en la línea de la sostenibildad. Se ha producido una gran aceleración del proceso de consumo de recursos del planeta y nos encontramos en una gran encrucijada. Era una oportunidad para que estas islas acometieran el futuro con armas suficientes, pero lo que se ha querido es convertir el territorio en un instrumento de creación de riqueza, en un instrumento económico, y eso ha sido un error fatal.

¿Cree que ha habido presiones sobre el Gobierno para sacar adelante la ley en estos términos?

Es evidente que hay sectores económicos que están entusiasmados y requirieron con urgencia la aprobación de la ley. No creo que haga falta que presionen mucho, porque el propio presidente del Gobierno declaró en su momento que legisla para quienes crean empleo. Es lógico que coincidan, pero no creo que las presiones sean necesarias. Lo que hay es una afinidad, una coincidencia o una convergencia.

¿Ha tenido la ley el suficiente proceso de participación?

Esta es la ley más extensa y posiblemente también la más compleja en toda la historia autonómica. Trata de algo que afecta prácticamente a toda la sociedad y al mayor, por no decir casi el único, recurso natural potente que tiene la Comunidad Autónoma, y por lo tanto necesitaba un periodo de maduración y de fabricación de consensos. En vez de eso, se ha hecho una información pública de un mes, ampliada luego a veinte días, y ya está. Va a ser una ley capital para el futuro y, por primera vez en una norma de este tipo, no va a ser aprobada por unanimidad. Los consensos no se encuentran por casualidad debajo de una piedra: o se fabrican o no existen. Y para fabricarlos se necesita tiempo, método y contactos con otros partidos políticos y organizaciones sociales, ciudadanas... y cocer eso a fuego lento con flexibilidad y cabeza durante tiempo hasta llegar a acuerdos comunes, o a la conclusión de que no hay acuerdos posibles. Pero en este caso no ha habido una voluntad de construir ese consenso, ese acuerdo, o de que el texto tuviera el menor número de disensos posibles. Eso ni siquiera se ha intentado.

La ley de las islas verdes, el tráiler de la película

El proyecto de Ley del Suelo ha sido precedido por la modificación de la conocida como "ley turística de las islas verdes" y será seguido por una nueva norma que ordene el turismo en el Archipiélago. En relación a la primera iniciativa, Faustino García Márquez la define como "el tráiler" que adelanta el argumento de una película, la propia Ley del Suelo, de próximo estreno. "Contiene, aplicados solo al turismo, proyectos de interés insular calcados de los que están en el proyecto, pero aún con mayores posibilidades de desarrollo", al dar vía libre a iniciativas tanto públicas como privadas "en cualquier clase de suelos", advierte el exjefe del Servicio de Ordenación Territorial del Gobierno regional. Según García Márquez, "en esas islas -La Palma, La Gomera y El Hierro-, que tienen un medio natural mucho más valioso y menor presión sobre el territorio, estos instrumentos pueden convertirse en armas de destrucción masiva".

Una "subversión de la lógica democrática"

Las palabras que el arquitecto dedica a la reforma de la legislación turística de las islas menores de la provincia occidental son incluso más duras que sus opiniones sobre la Ley del Suelo. "Su propia formulación supone una subversión de la lógica de construcción democrática de una ley", afirma. Su esperanza es que la Comisión Europea atienda la denuncia presentada por los colectivos que se oponen a la iniciativa o que prospere el anunciado recurso de inconstitucionalidad. Cuando se le pregunta si, de la misma manera que esta ley es el tráiler, la del turismo será la secuela, García Márquez ríe y responde: "Me temo que sí, pero prefiero preocuparme cuando aparezca".