Antonio Messía y José Eugenio de Zárate, que eran el interventor general y el secretario general del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife cuando se realizó la compraventa del frente de playa de Las Teresitas, han quedado absueltos durante el juicio por este caso de presunta corrupción, al haberse retirado todas las acusaciones contra ellos.
Con esta retirada de acusaciones, continúan once acusados en la vista oral del juicio de Las Teresitas, en el que se juzga la compra por el Ayuntamiento a los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González de los terrenos de la playa por 52,5 millones de euros en 2001, cuando según estaban valorados en 19 millones según los técnicos municipales.
Las partes han elevado a definitivas sus conclusiones provisionales y ha sido entonces cuando la fiscal anunciaba que retiraba las acusaciones contra el exinterventor y el exsecretario, para los que inicialmente pedía penas de cuatro años de prisión e inhabilitación especial por malversación de caudales públicos y prevaricación.
La acusación popular, ejercida por la Asociación Justicia y Sociedad, también retiró su acusación contra los dos funcionarios, para los que pedía siete años de prisión a cada uno.
Al no pesar ya ninguna acusación pendiente, el magistrado que preside el tribunal, Joaquín Astor Landete, les permitió abandonar la sala junto a sus abogados a la espera de que en la redacción de la sentencia queden absueltos.
La fiscal del caso, María Farnés Martínez, justificó la retirada de la acusación en que durante el juicio no ha quedado acreditado que ambos funcionarios, quienes informaron favorablemente la operación de compraventa, tuvieran conocimiento de la existencia de las tasaciones de los terrenos por un precio inferior.
En sus conclusiones definitivas, Martínez también retiró las acusaciones de prevaricación y malversación contra Carlos Plasencia y Pedro González, hijos de los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, quienes declararon que solo actuaron como apoderados de sus padres en el momento de la firma y cumpliendo sus instrucciones.
La fiscal señaló que en la fase oral no ha quedado acreditado con la fuerza suficiente que padres e hijos formaran un grupo familiar en el que actuaban unos u otros indistintamente, como había establecido en sus conclusiones provisionales, en las que pedía cuatro años de cárcel para cada uno.
Para el resto de acusados, la fiscalía mantiene las mismas peticiones de penas, si bien en el caso de Ignacio González y Antonio Plasencia considera que alternativamente al delito de malversación de fondos públicos por inducción puede aplicarse el de malversación por cooperación necesaria.
Sin embargo, los hijos de los empresarios siguen en el banquillo porque la acusación particular no les ha exonerado de su acusación de prevaricación y malversación por inducción, y de hecho se la ha elevado, lo mismo que a sus padres, de siete años de cárcel en las conclusiones provisionales a ocho años en las definitivas.
No obstante, la acusación particular plantea como alternativa para los cuatro una condena por malversación por cooperación necesaria, con una pena de cárcel de tres años.
Esta elevación de las penas solicitadas indignó a los abogados defensores de los empresarios, quienes en sus conclusiones definitivas se ratificaron en sus peticiones de absolución pero a la vez reclamaron la condena en costas a la acusación popular por "temeridad" en sus acusaciones y en la petición de penas.
El abogado de Ignacio González acusó de "mala fe, abuso de derecho y desconocimiento de la ley" a la acusación popular, así como de "vulnerar la doctrina legal y jurisprudencial" de forma manifiesta.
Todas las defensas se ratificaron en sus conclusiones definitivas en la absolución de los acusados y en algunos casos se pidió que en caso de sentencia condenatoria se aplique la eximente de dilación indebida en el proceso, cuya fase de instrucción comenzó a finales de 2006.
Además, las defensas de Manuel Parejo, exconcejal de Urbanismo, y de José Luis Roca, exinterventor delegado de la Gerencia de Urbanismo, alegaron vulneración en los derechos fundamentales de sus defendidos.
El abogado de Miguel Zerolo, exalcalde de Santa Cruz, pidió la impugnación de las pruebas periciales de la exarquitecta municipal Pía Oramas y de los peritos judiciales, mientras que el de José Emilio García Gómez, exportavoz del PP, pidió la condena en costas a la fiscalía y las acusaciones por la "temeridad" de sus acusaciones.
La sesión de hoy se había iniciado con la declaración del acusado Antonio Plasencia, quien junto con Ignacio González constituyó Inversiones Las Teresitas, empresa que compró los terrenos en 1998 por 33 millones de euros para vender tres años más tarde una parte de ellos al Ayuntamiento por 52,5 millones y obtener una recalificación en el resto para edificar.
Plasencia dijo que él nunca quiso vender los terrenos al Ayuntamiento, porque su ilusión era construir en el frente de playa, pero ante la negativa municipal a autorizarlo y la amenaza de expropiación, Ignacio González el que negoció la venta, tras rechazar ambos otras opciones como una permuta de terrenos o una cesión de aprovechamientos urbanísticos.
Tras la formulación de las conclusiones definitivas, la fiscal María Farnés Martínez comenzó la exposición de su informe final, en el que constata que todas las pruebas periciales independientes o de funcionarios coinciden en valorar los terrenos en casi una tercera parte de lo que pagó el Ayuntamiento, y sólo los peritos de parte elevan la tasación.
La fiscal mostró su sorpresa por el empeño del Ayuntamiento por pagar más de lo que correspondía, incluso renunciando a la obligación que tenían los vendedores de ceder un 10% del aprovechamiento urbanístico al municipio, como marca la ley.
"Eso solo ocurre en un mundo virtual, en una realidad virtual e imaginaria", que es en la que los peritos de las defensas realizan sus valoraciones, porque en el mundo real ha quedado acreditado que el valor estaba en torno a los 18 millones de euros, dijo.