La fiscal Anticorrupción, María Farnés Martínez, mantiene las penas de ocho años de cárcel para el exalcalde de Santa Cruz Miguel Zerolo y el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo por los presuntos delitos de malversación y prevaricación en la compra del frente de Las Teresitas. No obstante, retiró las acusaciones a Pedro González y Carlos Antonio Plasencia, hijos de los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia, socios de Inversiones Las Teresitas (ILT), por considerar que se limitaron a cumplir órdenes. Farnés hizo lo propio con el exsecretario José Eugenio Zárate y el exinterventor Antonio Messia de Yraola, por entender que no pudieron emitir de forma correcta sus dictámenes porque se les escondió información relevante. De resto, mantuvo la petición de penas para los demás acusados.

Messía y Zárate quedaron ayer absueltos ya que la acusación particular integrada por Justicia y Sociedad y el Ayuntamiento de Santa Cruz también coincidieron en su inocencia. No obstante, la acusación particular elevó las penas para los empresarios y sus hijos por supuesta cooperación necesaria y por ello piden 8 años de prisión por malversación y tres años y once meses por inducción. También elevan a 6 años la petición de cárcel para el interventor de Urbanismo, José Luis Roca.

La fiscal formuló la alternativa de cooperación necesaria para González y Plasencia de tal forma que pasarían a ser considerados autores en concepto de inductores, por lo que les corresponderían 8 años de cárcel, o alternativamente de cooperadores necesarios, para lo que serían seis. En cuanto a la responsabilidad civil se piden 6.570 millones de pesetas por el perjuicio ocasionado a las arcas municipales y 9,1 millones de euros como consecuencia del incremento de aprovechamientos. El Ayuntamiento pide la devolución de los 53 millones pagados en su día junto con 2.300 millones de pesetas en concepto de intereses. Una vez escuchadas estas peticiones de penas los abogados de los acusados anunciaron que pedirían que la acusación particular asumiera el pago de costas por temeridad al mantener o aumentar las penas. También solicitaron que se tuvieran en cuenta las dilaciones indebidas.

La jornada de ayer se empleó en su totalidad en escuchar las conclusiones de la fiscal. Mantiene Farnés que el Ayuntamiento pagó casi dos veces más de lo que valían los terrenos y lo hizo de manera tal que acomodaron los trámites para alcanzar ese precio. Llamó la atención sobre hechos como que los peritos más independientes como los designados por el TSJC valoraron los terrenos en 3.000 millones de pesetas, mientras que los aportados por las partes lo fijaron en hasta 10.000 millones, por lo que dudó de su independencia.

Las tasaciones con menor precio tuvieron en cuenta la ley de Costas, la moratoria, los estándares turísticos y la situación de las parcelas. Las de mayor valor se basaban en la sentencia del Supremo de 1998 que convertía al plan parcial en un "dogma de carácter indiscutible", que no estaba afectado por ley alguna. Acusó al Ayuntamiento de no haber defendido su derecho a reclamar el 10% de cesiones obligatorias por tratarse de suelo urbano no consolidado. O renunciar a la propiedad de tres parcelas situadas en la trasera.

Redundó Farnés en que la línea de costas que está vigente es la de 1961 y, por lo tanto, concluyó: "Estos terrenos nunca fueron de titularidad municipal y nunca se hubiera podido construir en ellos, aunque fuese desafectados". El recurrente asunto de si existía un proyecto de urbanización aprobado volvió a plantearse para llegar la fiscal a la conclusión de que los promotores no se pudieron acoger al silencio positivo. Dijo que los estándares turísticos reducirían las plazas de 4.500 a apenas 1.500, lo que pone en duda que se obtuviera beneficio alguno. Además, se prohíbe construir en pendientes de más del 30%.

Farnés: "Más que un buen negocio, un saqueo"

La jornada de la tarde la ocupó también la fiscal María Farnés Martínez en exponer sus conclusiones tal y como seguirá haciendo hoy. Acusó al exalcalde Miguel Zerolo de haber estado totalmente al tanto de lo que ocurría y más si se tiene en cuenta que el coste alcanzaba el 25% del presupuesto. Le acusó de manipular expedientes y tomar resoluciones contra la ley partiendo de un acuerdo previo con los empresarios con el único fin de beneficiarlos. Pero es más, el simple ocultamiento de las tasaciones más favorables es motivo suficiente para considerarle culpable. "No sé si el negocio fue magnífico -como dijo en su declaración-, a mí me parece que más bien fue ruinoso y supuso un saqueo a las arcas municipales".

Del exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, apuntó que la compraventa hubiera sido imposible sin su colaboración, que era consciente de los delitos que cometía como el de esconder los informes a los funcionarios, al pleno e incluso a los órganos judiciales. También sabía que 600.000 metros cuadrados podían ser de propiedad municipal pero no hizo nada para recuperarlos. En cuanto al exportavoz socialista Emilio Fresco y del PP José Emilio García Gómez, los acusó de dejación de sus obligaciones para defender el interés público. Dijo que eran conscientes de lo que ocurría ya que habían participado en reuniones y mostraron su disconformidad con el precio, un elemento esencial en la operación. Pero es más, el día antes de la reunión de la Gerencia de Urbanismo el periódico EL DÍA hablaba ya de tasaciones inferiores al precio que se iba a pagar.

Sobre los beneficios de la parcela en la que irá el hotel, dijo la fiscal que nunca fue de ILT sino de los antiguos propietarios a los que se engañó, el aprovechamiento se pasó a las parcelas de ILT, pero además el coste de la urbanización de los terrenos supondría 31 millones, por encima de los 20 que vale esta parcela, sin contar con el precio de construcción.