El proceso de elaboración y aprobación de la Ley del Suelo enfila su recta final y la polémica que ha levantado no amaina. La consejera de Política Territorial del Gobierno canario, Nieves Lady Barreto, defiende con (mucha) vehemencia la norma y se muestra muy molesta con quienes, a su juicio, "solo quieren alarmar". "La ley cambia la relación del ciudadano con la administración", dice.

¿Entiende las razones de la contestación social y política al proyecto de ley?

Sí, claro. Una ley que va a regir no solo lo que pueda suceder en el territorio, sino de qué manera tiene que suceder, tiene que generar movimiento y debate, que es lo que estamos propiciando desde septiembre del año pasado. Es normal que haya opiniones encontradas en torno a la ley, lo que no es normal es que se genere debate sobre algo que no es la ley. El 95% de las cosas que oyes no tienen nada que ver con la ley. Hay cuatro, cinco artículos que se discuten; muy bien, pues discutámoslos en sede plenaria.

¿Ha habido suficiente participación?

Hemos celebrado más de 70 reuniones con colectivos, colegios profesionales, Fecam y Fecai para elaborar el documento, y no todos se ponían siempre de acuerdo. No está todo lo que querían unos ni todo lo que querían otros, ni siquiera todo lo que quería el Gobierno, pero está todo aquello en lo que pudimos a llegar a un acuerdo. Estamos trabajando con la Fecam en esta nueva fase para perfilar algunas cosas, al igual que con la Fecai.

¿Se han planteado en algún momento aplazar el proyecto hasta alcanzar un mayor consenso?

El texto tiene consenso. Cosa distinta es que haya quienes, liderando uno o dos partidos políticos, hayan decidido emprender una acción en contestación a algo que no es esta ley. Se quiere generar un conflicto donde no lo hay. Consenso no es que esté todo lo que uno quiere: es llegar a un punto común y defenderlo todos. Otra cosa es que en el Parlamento se quieran introducir mejoras. Desde que empezó el proceso se han producido modificaciones. La ley se ha ido modificando a lo largo del tiempo con las aportaciones, las alegaciones... El texto tiene que seguir vivo hasta que se apruebe, e incluso después. Esa contestación no es sobre el texto. Se ha utilizado políticamente una acción para hacerse notar, pero no hablan de la ley, sino solo de cuatro o cinco artículos, y son 408.

¿Es más largo y complejo aprobar un plan general en Canarias que en el resto de España?

Es más complejo, porque a lo largo de los años nos hemos dotado de una serie de normas que en algunos casos contradicen competencias entre una administración y otra y en otros contradicen procedimientos y los complican cada vez más. No es normal que aprobar una revisión o una modificación de un plan general lleve una media de doce años. Algunos ayuntamientos llevan hasta 16 y todavía no la tienen. Al final el sistema del que nos hemos dotado ha hecho que sea prácticamente imposible sacar planes generales en un plazo razonable.

¿Cuál es el plazo razonable?

Aquel que permita no paralizar el desarrollo no solo económico sino social de un municipio. No es normal que si quieres hacerte tu casa tengas que esperar diez años hasta presentar un proyecto en el Ayuntamiento y que te den la licencia. Lo mismo ocurre con quien pretenda ejecutar una industria cualquiera, un hotel o un parque eólico. Esta idea de que la ley es solo para el empresario y no para el ciudadano es absolutamente falsa. La ley cambia la relación del ciudadano con la administración. El plazo máximo que da el Estado para hacer un plan es de seis años, y nosotros tardamos una media de doce, el doble. ¿Por qué seguimos empeñados en unos procedimientos y unos trámites que paralizan? También se ha transmitido que la ley va a permitir hacer todo lo que hoy está prohibido. Es falso. La ley no va a facilitar cosas hoy prohibidas, sino poner mecanismos sencillos, claros y transparentes, aportando plazos, para que se haga lo que permite un plan general o insular.

¿Cómo se ha llegado a ese punto?

Hay dos maneras de hacer las cosas: de forma sencilla, con todas las garantías jurídicas y ambientales, o complicándolas, que es lo que hemos hecho todos estos años. Es culpa de todos, pero las cosas hay que cambiarlas cuando se puede. Si en otros sitios los procedimientos y trámites pueden ser más sencillos y cumplen con todos los parámetros ambientales, legales y jurídicos, ¿por qué nos vamos a complicar? La ley no plantea que se eliminen los controles ambientales y jurídicos, solo cambiar procedimientos y trámites para simplificar y agilizar, e incluso eliminar algunos que no son necesarios.

¿De qué manera?

Hoy, cuando un ayuntamiento se plantea modificar un plan opta por hacerlo de nuevo. La Fecam reivindica que, si un ayuntamiento ya ha evaluado su plan y está absolutamente revisado y aprobado, no tenga que evaluarse todo de nuevo cuando se quiera hacer una modificación concreta. Algo tan de sentido común como eso no existe en Canarias. Hay municipios que trabajan en una modificación de su plan y, al mismo tiempo, en un plan nuevo, a ver cuál les sale primero.

Ha habido críticas al excesivo número de instrumento excepcionales que prevé el texto.

No son proyectos excepcionales, sino nuevos instrumentos de planeamiento. Son los proyectos de interés insular y autonómico, las ordenanzas municipales e insulares y los programas de actuación en el medio urbano. Empecemos por estos últimos. Nadie se ha planteado modernizar nuestras ciudades. Curiosamente, esta ley que dicen que consume territorio es la primera que se plantea que antes de seguir consumiendo suelo urbano y construyendo es necesario modernizar nuestras ciudades, rehabilitarlas y reformarlas, respetando lo que ya hay.

¿Qué alcance tendrán las ordenanzas municipales e insulares?

No reclasifican suelo, pero permiten regular, planificar y aprobar alguna actuación sobrevenida en el suelo que ya existe, que luego se incorporará al planeamiento. Cuando Canarias se planteó instalar los primeros parques eólicos, se buscó entre todos los municipios con las condiciones meteorológicas propicias un plan general que permitiera incluir estas instalaciones. Al final se fue al único que no había hecho la tarea a tiempo y no tenía un plan general adaptado, sino normas subsidiarias muy viejas, que era Arico. Si en aquel momento hubieran existido estas ordenanzas, cualquier municipio con las condiciones meteorológicas adecuadas habría podido acoger los parques. Permiten dar una respuesta clara, rápida y, además, cumpliendo con los parámetros a problemas sobrevenidos, y hacerlo de una manera correcta, no saltándose el planeamiento.

Los más comentados han sido los planes de interés insular y autonómico.

Obedecen a la misma idea: poder dar respuesta a servicios, actuaciones y actividades no pensados en el planeamiento y regularlos de una forma clara y con todos los requisitos. Hasta ahora se ha utilizado el artículo 47 (del texto refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio), que dice que, a consideración del Gobierno, cuando haya que dar respuesta una actuación sobrevenida, del tipo que sea y en cualquier tipo de suelo, se puede suspender el plan general e implantar la actividad. El 47 tiene que ser una excepción para casos muy concretos, pero se ha convertido en una regla general: se han hecho colegios, se han puesto radares, centros médicos, actuaciones públicas y también privadas... Ahora lo hemos dejado como algo excepcional, pero con más garantías, y hemos creado un instrumento para las muchas cosas sobrevenidas que se presentan -una industria, un colegio, un establecimiento turístico, un hospital...-: los proyectos de interés, que tendrán que pasar por un procedimiento similar al de la aprobación de un plan, aunque más pequeño y con plazos acortados, y con más garantías que el 47.

¿Se seguirá modificando la ley en función de lo que han acordado CC y PSOE en la adenda al pacto?

Nosotros defendemos que no cambie el núcleo. El PSOE y CC introducirán las enmiendas que consideren. Se ha pactado que la evaluación estructural de los planes la siga haciendo el Gobierno. Es eso, no hay nada más.

¿No se van a acotar los usos complementarios en suelo rústico?

Una cosa son los usos del suelo rústico, que son los que ya existen, y otra las actividades complementarias a esos usos. No se permite cualquier uso. La ley plantea usos ordinarios del suelo rústico: agrícola, ganadero, forestal, piscícola, pastoreo... Luego hay otros que no son propios, pero que no nos los estamos inventando, ya existen, y solo se pueden desarrollar en el suelo rústico común, no en el protegido. Hoy en suelo rústico tenemos -de forma legal, porque lo permite un plan general- gasolineras, cementerios, colegios, industrias, casas de turismo rural... Siendo presidentes algunos, en suelo rústico se hicieron muchas cosas, y se hicieron de forma legal.

¿Y qué cambia?

El sector primario y el Colegio de Ingenieros Agrónomos han reivindicado que si Canarias quiere apostar por un sector primario potente y profesional, debe tener acceso a las nuevas tecnologías, a las energías renovables, a vender parte de su producción... No estamos hablando de las grandes empresas, que ya lo tienen fácil. Esto supone, por ejemplo, que el agricultor que se dedica a la viña sin una gran explotación pueda disponer de una pequeña zona para catas, un pequeño museo o un hotel rural. Las actividades complementarias no pueden superar el 10% del terreno ni el 15% de la explotación. Siempre deben estar asociadas a otra actividad, la propia del suelo rústico. Si se abandona esta, en un año se debe abandonar la complementaria. La ley pone requisitos claros para que la actividad complementaria no se convierta en principal.

Se ha alertado del peligro de construir grandes hoteles en ese suelo.

Si el problema son las camas hoteleras de los establecimientos turísticos, vamos a acotarlas. No es verdad que se puedan hacer todas las que se quiera, porque ya la ley lo limita. Pero si hay que ponerlo más claro lo haremos. Pongamos, por decir un número, que no haya más de tres, sea cual sea la superficie del terreno. Es una posibilidad y estamos trabajando con la Fecam en ello. ¿Qué daño hace eso? ¿Es para crear alarma? Si ha habido una apuesta clara por el sector primario ha sido esta ley, que la ve como una profesión que se puede desarrollar y mejorar. Pero no es la única apuesta por el sector.

¿A qué se refiere?

Esta es la primera ley que reserva suelo rústico al servicio del sector primario. Hasta hoy, incluido el texto refundido y las Directrices, la normativa establecía que todo el suelo que un plan general no clasifica pasa a un cajón de sastre que es el suelo urbanizable. Rompiendo con ese principio, la ley dice que el cajón de sastre va a ser el suelo rústico.

¿Existe el riesgo de que los ayuntamientos vuelvan a renunciar al planeamiento y lo encomienden a una instancia superior?

Vamos a terminar los planes supletorios que ya están en la Consejería. Pero a partir de ahora la supletoriedad no tiene por qué darse. Si los procedimientos se simplifican y los trámites son más sencillos, lo normal es que un plan general no tarde más de seis años en hacerse. Visto así, el Gobierno no necesita quedarse con la competencia de un plan general porque un municipio no se haya adaptado. Otra cosa es que durante el proceso considere que un ayuntamiento se está apartando de los parámetros de la normativa. En ese caso le advertirá y lo tutelará.

La Cotmac parece haberse convertido en el centro del debate.

Se ha convertido en el centro del debate intencionadamente. Desde el principio, el texto incluyó un órgano del Gobierno con funciones similares a la Cotmac. Creo que tienen que integrarlo técnicos de la Comunidad Autónoma, pero también colectivos que hoy no están, como el sector primario, ingenieros agrónomos... No sé de dónde sale que no estarán los ecologistas; claro que estarán. Ahora están con voz pero sin voto; a lo mejor en el futuro también tendrán voto.

¿Tienen todos los ayuntamientos medios suficientes para asumir las competencias que la ley les asigna?

Lo único nuevo que asumen los ayuntamientos es aprobar sus planes generales. Eso no son competencias nuevas, sino una nueva función dentro de una competencia que ya tienen. Decir que un ayuntamiento no va a tener personal suficiente para hacer su plan porque lo va a tener que aprobar en el pleno no es muy coherente. Lo hará, además, con un informe competencial del Gobierno, con la posibilidad de pedir un informe de legalidad al Gobierno o el Cabildo, si quiere, y con la obligación de un informe de legalidad de los servicios jurídicos municipales. Incluso los ayuntamientos con servicios jurídicos dotados de personal pedirán esos informes al Gobierno y el Cabildo, porque los que venimos del municipalismo sabemos que quienes se sientan en un salón de plenos se juegan mucho y necesitan toda la seguridad jurídica. Quienes dicen que los alcaldes y los concejales son un nido de corrupción vienen de otra época.

La campaña de divulgación de la Ley del Suelo ha sido muy criticada. Incluso el PSOE lo ha hecho en el Parlamento.

Se ha criticado una campaña de comunicación que cumple con las leyes nacional y canaria de comunicaciones. Puede haber muchas opiniones. Hemos planteado una campaña en redes sociales que costó cero euros y una campaña en las radios de mayor difusión.

Todas las islas contarán con equipos de apoyo técnico a los ayuntamientos y cabildos

La consejera de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, niega que la falta de medios vaya a ser un obstáculo para que los ayuntamientos ejerzan la función de aprobación y control de legalidad del planeamiento, prevista en la Ley del Suelo. No obstante, el Ejecutivo proporcionará formación y asesoramiento a los técnicos municipales e insulares mediante la creación de "equipos técnicos de apoyo en cada una de las islas". Esta medida ya está contemplada en los presupuestos autonómicos de 2017 y pretende no solo reforzar los recursos de los que disponen las administraciones locales, sino también establecer una mayor coordinación que permita que "no haya contradicciones ni confusiones" y que "los informes salgan a la primera". Los equipos de apoyo estarán constituidos por diferentes perfiles profesionales. "En algunas islas puede haber más jurista y en otras más profesionales, en función de sus necesidades", explica Barreto. La puesta en marcha de este servicio no exime a los consistorios y los cabildos de ampliar sus propios gabinetes técnicos, una tarea que deberán acometer, precisa la consejera, cuando el Estado levante las restricciones que ha impuesto al empleo público y "permita convocar oposiciones de manera normal".

El presupuesto prevé 37.000 euros para formación permanente en materia de planeamiento

El apoyo a los técnicos municipales e insulares no vendrá solo mediante el asesoramiento, sino también a través de la "formación permanente", adelanta Nieves Lady Barreto. Los presupuestos regionales del próximo año incluyen una partida de 37.000 euros en este sentido. Esta formación será impartida por personal de la Consejería de Política Territorial y, además, por "expertos de la Península y Europa". El objetivo, señala la consejera, es que "ningún técnico tenga miedo a firmar un informe" y que estos "se hagan con la mayor seguridad jurídica posible". Las cuentas autonómicas de 2017 incorporan, asimismo, fondos para la elaboración de los reglamentos que deberán desarrollar la Ley del Suelo, con el propósito de que estén concluidos o al menos iniciado antes de que finalice el año.