El ayuntamiento adquirió el suelo el 27 de enero de 1951 a María Hernández Díaz y Braulio Martín Hernández. Se trata de una superficie cercana a los 1.900 metros cuadrados ubicados en la avenida Enrique Mederos. La antaña Dirección General de Regiones Devastadas subastó la obra el 17 de agosto de 1955, según el proyecto elaborado por el arquitecto Tomás Machado, y a finales de ese mismo año se autorizó llevar a cabo varios contratos de inquilinos. Así nació la casa de los maestros de Los Llanos de Aridane. Se trata de uno de los edificios de características arquitectónicas bastante similares que se repartieron por innumerables pueblos de España como compensación en especie a determinados trabajadores de la administración estatal. Era la Gobernación, aunque para ser realistas todavía hoy hay funcionarios que disfrutan del mismo privilegio.

El ayuntamiento aridanense quiere ahora recuperar el inmueble, de tres plantas. El mismo que el ministro palmero de la época franquista, Blas Pérez González, asumió casi como una ocupación personal, tal y como se refleja en el telegrama que el 12 de junio de 1950 remitió al presidente del Cabildo insular, Fernando del Castillo Olivares. Un bien público. Catorce viviendas en un aceptable estado de conservación, aunque con necesidad de reformas, situadas en un lugar estratégico de la ciudad (frente al colegio Nazaret) y que a lo largo del tiempo han sido ocupadas no solo por enseñantes, sino también por guardias civiles e incluso por funcionarios de la propia institución municipal.

Izquierda Unida Canaria, a través tanto de su portavoz, Felipe Ramos, como de la concejal Mariela Rodríguez, se ha encargado durante los últimos meses de insistir al gobierno municipal (Partido Popular) que se regularice la situación en la que se encuentran los inmuebles, para que sean restaurados y, como objetivo último, puedan ser ocupados en un futuro por familias de Los Llanos de Aridane con escasos recursos económicos. En realidad, los pisos ya tienen regularizadas las normas de uso desde hace 39 años. Al menos, el Pleno aridanense aprobó unas pautas el 5 de octubre de 1977, aunque en este caso fueron directrices para la adjudicación tanto a funcionarios como a personal laboral al servicio del ayuntamiento, respetándose en todo caso los derechos adquiridos por los que en ese momento estaban ocupando los alojamientos objeto del acuerdo. Unas bases, eso sí es verdad, de muy poca efectividad con el paso de los años.

La alcaldesa, Noelia García, reconoció en el último pleno el desconocimiento que todavía hoy existe en el ayuntamiento sobre la ocupación de esta edificación. Al menos, esto es lo que se desprende de la visita realizada al inmueble por agentes de la Policía Local, tal y como admitió la regidora municipal, para conocer cuántos pisos están ocupados (se habla de 3 ó 4 con personas en su interior).

Sí, aún viven allí familiares de aquellos que un día recibieron las llaves del edificio y que, amparados exclusivamente en los supuestos derechos adquiridos por la desidia del ayuntamiento, disfrutan de los alojamientos.