El juez que investiga el caso La Nao, terreno en el barranco de Tenisca (Tazacorte) objeto de reclasificación para facilitar un "pelotazo" urbanístico, ha cerrado esta semana la toma de declaraciones a los investigados en la causa, tras sentar en el banquillo al empresario Rosendo Luis Cáceres, conocido en la Isla, especialmente en el Valle de Aridane, por dirigir los Heredamientos de las Haciendas de Argual y Tazacorte.

El Tribunal Supremo, en sentencia firme de 23 de febrero de 2012, confirmó como hecho probado "desvío de poder" con el objeto de beneficiar a un particular, por parte del arquitecto municipal (Rosendo Luis Brito) y con su padre (Rosendo Luis Cáceres) como intermediario. La resolución judicial anuló la clasificación del suelo como urbanizable. Ahora se juzga las responsabilidades penales y económicas de cada uno de los investigados, si las hubiese, en una supuesta trama para perjudicar con la compra de La Nao, los proyectos turísticos que el empresario vasco César Gil pretendía desarrollar en El Puerto.

Rosendo Luis Cáceres intentó durante su declaración desvincular su actividad profesional de la de su hijo, del que sabe que trabaja en el ayuntamiento pero desconoce cuál es su función. Hizo especial hincapié en que "no hablamos de la finca de La Nao", en referencia a la venta del terreno. Incluso aclaró que no viven en la misma casa y que "nunca hablamos de negocios" ni de nada que tenga que ver con la corporación bagañeta.

El empresario insistió ante el juez en que cuando se desplaza al Ayuntamiento de Tazacorte para aspectos que tienen que ver con su actividad, siempre se cita "con el secretario municipal", evitando a su hijo porque "no le quiero mezclar en mis cosas". En mismo argumentario utilizó cuando fue cuestionado por su relación con el alcalde, el nacionalista Ángel Pablo Rodríguez (UB-CC), declarando que "lo conozco", pero "nunca me he reunido con él para temas urbanísticos".

Rosendo Luis Cáceres también se desligó de las reclasificaciones urbanísticas que tuvo el suelo de la Nao hasta que fue urbano. A propósito, dejó claro que no tuvo conocimiento de estos cambios y que solo presentó una reclamación al Ayuntamiento de Tazacorte para que le permitieran una mayor edificación. No dudó al afirmar que el vendedor de la finca, Javier Carrillo, de la que es administrador de sus terrenos desde hace 30 años y que también está investigado en la causa, siempre le dijo que la finca "era urbanizable".

El empresario investigado, que se negó a responder a las preguntas de los dos abogados de la acusación, manifestó ante el juez que la venta de La Nao "estaba condicionada" a la compra de otra finca de mayores proporciones, "surgiendo la posibilidad" de comprarle "a Julián Cabrera y Antonio" una explotación en El Remo, con invernaderos.